La discusión sobre la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda político-minera y ya no como un debate técnico sino como un punto de inflexión para el futuro del cobre, el litio y los minerales críticos en la Argentina. El presidente Javier Milei decidió pisar el acelerador tras el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos y deslizó que el Gobierno podría enviar nuevo un proyecto de ley al Congreso o, si el calendario político lo exige, avanzar con un DNU que otorgue autonomía plena a las provincias para reglamentar la norma “como quieran”.
14 de noviembre 2025 - 00:00
La hora de redefinir la Ley de Glaciares: Javier Milei acelera, las provincias se alinean y la minería pide precisión
Javier Milei puso en marcha una redefinición de la Ley de Glaciares para devolver autonomía a las provincias y destrabar inversiones mineras. Nación, provincias, Corte y empresarios coinciden en el diagnóstico.
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Ley de Glaciares. La decisión que se tome en las próximas semanas definirá no sólo la minería argentina de las próximas décadas, sino también la capacidad del país para insertarse en la economía verde global.
Milei lo dijo con su estilo frontal, sin matices. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”, subrayó el jefe de Estado.
La frase corrió rápido entre gobernadores, CEOs mineros e inversores globales porque la Ley de Glaciares -aprobada en 2010 y nunca reglamentada plenamente por el Poder Ejecutivo- es hoy el mayor cuello de botella normativo para los proyectos de cobre que se quieren poner en marcha en la próxima década. Ningún actor del sector cuestiona la necesidad de proteger el ambiente glaciar. El problema es otro: la falta de definiciones claras, la superposición de competencias y la imposibilidad de avanzar con inversiones del orden de los u$s3.000 a u$s15.000 millones sin un marco jurídico seguro.
Según confiaron fuentes oficiales a Energy Report, el tratamiento por una "solución definitiva" para este tema pasó a 2026, aunque las maniobras para concretala se activarán a partir del próximo 10 de diciembre, con el recambio legislativo.
Un Gobierno decidido a ordenar el mapa federal del glaciar
Puertas adentro del oficialismo conviven dos caminos: por un lado sacar un decreto reglamentario, rápido pero vulnerable a impugnaciones judiciales; y por otro, impulsar una ley aclaratoria, más sólida pero políticamente incierta. Como explicó este medio, existe una tercera vía en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero es casi inviable.
La intención del Gobierno nacional con el decreto es modificar la ley vigente para ampliar la actividad económica en áreas periglaciares, y que luego las legislaturas provinciales tomen ese decreto y lo hagan propio. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de redactar ese DNU. Luego, lo validaría Economía. Pero en minería creen “muchísimo más conveniente” blindar jurídicamente a los proyectos con una ley nacional del Congreso que deje en claro todo.
Las provincias mineras -sobre todo San Juan, que concentra seis de los diez grandes proyectos de cobre del país- hace meses reclaman ordenar quién decide qué. Lo recordó el gobernador Marcelo Orrego, quien insiste en que la autoridad de aplicación debe ser provincial para que la inversión avance.
Para contentar a los diputados y senadores díscolos o desentendidos en la materia, provincias mineras, empresas y sindicatos ofrecen acercar a las posibles reuniones de comisión o debates parlamenterios a expertos, científicos, investigadores y trabajadores para cuenten realidades concretas y derriben mitos sobre la minería. Son hombres y mujeres que con su conocimiento -y tiempo- pueden explicar en detalle los proyectos, sacar dudas de la actividad extractiva y corrijan la comunicación minera, muchas veces trastocada por intereses incógnitos.
Una tercera vía para la Ley de Glaciares es que la Corte Suprema intervenga, reúna definitivamente a las partes interesadas en una audiencia, promocione un acuerdo entre Nación, provincias y actores que se sienten afectados y emita un fallo en acuerdo total, lo que también blindaría a los proyectos de sentencias posteriores. Pero hoy nadie imagina a los ministros en este rol preponderante, abriendo el debate antes que el Congreso.
El tema ya tiene clima de definiciones y el Gobierno evalúa presentar la normativa en sesiones extraordinarias del Congreso nacional, que podría tener dos períodos habilitados en verano para sesionar: diciembre y febrero. Una parte del gabinete impulsa que esa ley complementaria establezca precisión científica, delimite competencias y brinde estabilidad jurídica de largo plazo. Los tiempos políticos definirán el instrumento; la necesidad es la misma: claridad.
Mendoza afirma su liderazgo y pide “reglas claras y estables”
En la cumbre LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, marcó el tono de la discusión regional. Sostuvo que los minerales críticos representan una oportunidad histórica, pero que el potencial geológico del país sólo se convertirá en riqueza si existe una gobernanza coordinada entre las provincias andinas.
Latorre fue directa: “Si las provincias andinas no unificamos criterios y no damos reglas claras y estables, vamos a seguir teniendo recursos, pero no vamos a convertirlos en reservas ni en riqueza para nuestras economías”.
La funcionaria enfatizó que las inversiones mineras se planifican a treinta o cincuenta años, por lo que los marcos regulatorios deben ser sólidos, previsibles y coherentes en todo el territorio. Su mensaje fue leído como un respaldo político explícito a la modificación de la Ley de Glaciares para que se ajuste a estándares modernos y, a la vez, respete la jurisdicción provincial.
Luis Lucero, la Corte y el “federalismo de concertación”
Durante Argentina Mining Cuyo, en Mendoza, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, dio la señal técnica más fuerte desde que asumió. Dijo que la actual Ley de Glaciares genera “un grado de incertidumbre demasiado grande” para proyectos de inversión de envergadura.
Lucero recordó que la Corte Suprema ya estableció que la validez de la ley no podía evaluarse sin un caso litigioso, pero dejó sentado un principio clave: la necesidad de “federlismo de concertación”. En palabras del tribunal, la protección ambiental es un derecho constitucional, pero su aplicación debe armonizarse con el régimen federal que otorga a las provincias la competencia sobre los recursos naturales.
Según la Corte, la protección ambiental es un bien constitucionalmente tutelado, pero su aplicación no puede quedar librada a definiciones indeterminadas. Además, el tribunal consideró que el sistema federal argentino exige que tanto la Nación como las provincias actúen con coordinación, sobre todo en recursos naturales sometidos a régimen compartido.
Es más, el funcionario hizo mención especial en Mendoza a la figura del ministro de la Corte, Horacio Rosatti, cuya doctrina sobre federalismo concertado ha sido citada por académicos como clave para entender cómo la Constitución articula ambiente, federalismo y desarrollo.
Lucero lo explicó con precisión: el artículo 41 establece la obligación de proteger el ambiente; las provincias tienen potestad sobre los recursos naturales; los presupuestos mínimos ambientales existen, pero deben aplicarse con coordinación y claridad.
Para el funcionario, esa falta de precisión técnica y competencial es la que hoy “puede destruir la oportunidad histórica” del país. Llamó a Nación y provincias a sentarse “a repensar la estrategia” porque “el mundo nos mira”.
La Ley de Humedales, también en el foco
Otro asunto jurídico para la minería es aclarar los alcances de la Ley de Humedales, indispensable para la actividad en los salares de la Puna, donde está la mayor cantidad de litio.
La Ley de Humedales lleva una década de debate parlamentario y obtuvo media sanción del Senado en dos ocasiones. Por ahora no está vigente.
El objetivo de esa ley es establecer presupuestos mínimos para la protección de ecosistemas (que incluyen a los salares), pero su aprobación sigue pendiente. Las empresas también la ven como una amenaza al desarrollo minero.
Qué piensan los empresarios mineros: precisión, previsibilidad y protección ambiental
El sector privado se muestra unificado en un punto: nadie plantea reducir estándares ambientales; sí reclaman definiciones claras que permitan invertir sin riesgos jurídicos.
Durante la conferencia de prensa organizada por LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, el vicepresidente de Lithium Argentina, Ignacio Celorrio, fue contundente ante una pregunta de Pregón Minero: “Lo primero que surge es la imprecisión. Nadie va a comprometer inversiones de magnitud sin saber qué es un glaciar, qué es ambiente periglacial o cuál es su alcance”.
Y agregó: “No tengo preferencia por el instrumento, decreto o ley, siempre y cuando dé la seguridad de que están protegidos los glaciares y no esconda una intencionalidad de no desarrollar la industria”.
El VP y General Manager de Los Azules, Michael Meding, sumó otra mirada: “Es más conveniente la ley, porque perdura más en el tiempo que un decreto. Lo importante es generar precisión, porque la incertidumbre no ayuda a tomar decisiones a largo plazo”.
Desde la Cámara Minera de San Juan, su presidente Iván Grgic puntualizó a El Tiempo de San Juan que la industria “no cuestiona la protección de los glaciares, sino la falta de precisión técnica de la norma”, y reclamó definiciones científicas sobre periglaciar, permafrost y los límites de protección.
En la misma línea, Javier Robeto, gerente general del proyecto Altar, advirtió al medio sanjunino: “Con la ley tal como está, la incertidumbre es tan alta que difícilmente un proyecto pueda avanzar hacia la etapa de mina”.
Vicuña Corp., RIGI y glaciares: la señal más concreta
En medio del debate, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión “muy productiva” con el nuevo CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, quienes preparan la presentación de un RIGI superior a los u$s14.000 millones para uno de los proyectos de cobre más grandes del país, que agrupa Josemaría con Filo del Sol.
Cobre. Del encuentro con Vicuña Copr. también partiparon Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Alejandro Lew, secretario de Finanzas de la Nación; el gerente general de Vicuña Corp., Dave Dicaire, y el country director de Argentina y Chile, José Morea.
El ministro lo expresó con claridad en su mensaje oficial: “Discutimos sobre las distintas alternativas para contar con una protección efectiva de los glaciares que posibilite el desarrollo minero sostenible”.
El encuentro también repasó el avance del proyecto y sus proyecciones de empleo directo e indirecto. Fue leído como una señal política: las empresas quieren avanzar, pero el marco legal debe acompañar.
Un país ante una definición histórica
Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un actor central en minerales críticos y en la transición energética global. La discusión ya no es si habrá cambios en la Ley de Glaciares, sino cuándo y cómo. El Gobierno está listo para avanzar; las provincias reclaman competencia; el sector privado pide precisión; la Corte fijó principios claros.
La decisión que se tome en las próximas semanas definirá no sólo la minería argentina de las próximas décadas, sino también la capacidad del país para insertarse en la economía verde global. De hecho, el propio ministro de Economía dijo este mismo miércoles en la UIA que con las inversiones que ya están en curso en el marco del RIGI y otras por fuera, en muy pocos años la balanza energética y minera que va a ser el doble de lo que es hoy el agro. "Para el 2030 o 2031 vamos a estar en 48.000 millones y 57.000 millones de dólares superávit. Se viene, digamos, una entrada de dólares por exportación es realmente fenomenal", dijo Caputo.
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