Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el 18 de diciembre pasado un dictamen favorable al proyecto que propone una adecuación a la ley de Glaciares (Ley 26.639). Luego varias jornadas de exposiciones, se decidió abrir un tiempo análisis tras las fiestas y enero y el tratamiento en el recinto pasó al próximo miércoles 11 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Fuentes parlamentarias anticiparon a Energy Report que el pleno de la Cámara alta podría tratarlo antes que la reforma laboral.
29 de enero 2026 - 14:53
Ley de Glaciares: claves de la antesala de un intenso debate en el Congreso
El tratamiento en el recinto del Senado sería el miércoles 11 de febrero, antes que la reforma laboral. CAEM y proveedores mineros reforzaron su postura para adecuar la norma. ONG ambientalistas lanzan campaña de presión.
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Adecuación de la ley de Glaciares. La iniciativa en el Congreso vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para la minería, el ambiente y el desarrollo productivo en la Argentina.
Según pudo saber este medio, la iniciativa laboral se encuentra más "empantanada" y el oficialismo buscaría arrancar la actividad legislativa de febrero con los glaciares. "Las reuniones informales en el Senado están ocurriendo", dijo una alta fuente a Energy Report. La fecha del 11 de febrero confirmaría en las próximas horas.
Otras fuentes mencionaron a este medio la posibilidad de convocar a los senadores para el miércoles 4 de febrero, pero por ahora desde el propio Congreso lo descartan por la dificultad de reunir a todos los legisladores el último fin de semana de enero en Buenos Aires. "Todos los cañones del Gobierno apuntan a la reforma laboral, veremos cuándo se trata la ley de Glaciares, podría ser el mismo día 11", remarcaron los voceros oficiales consultados.
Una adecuación que busca generar certidumbre y seguridad jurídica
Así, el Gobierno busca jugar fuerte en el Congreso durante el verano para defender el proyecto de adecuación, una iniciativa que debería tener los votos suficientes del oficialismo y sus aliados para que luego vaya a Diputados. Esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para la minería, el ambiente y el desarrollo productivo en la Argentina. Más de u$s30.000 millones en inversiones mineras dependen de esta ley.
Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata de una ley nueva ni de una flexibilización ambiental, sino de una corrección técnica y competencial destinada a ordenar la aplicación de una norma que hoy genera incertidumbre e inseguridad jurídica. La propuesta oficial no deroga la ley vigente ni altera sus prohibiciones centrales.
El objetivo declarado es aclarar su alcance, reforzar el rol de las provincias y dar mayor precisión jurídica y operativa a la regulación ambiental, sin afectar proyectos en marcha ni inversiones ya aprobadas, por ejemplo con el RIGI. Tal como anticipó Energy Report, el texto recoge reclamos históricos de las provincias cordilleranas y cuenta con el respaldo político explícito de los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Salta, Catamarca y Jujuy) y la Mesa del Cobre (San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza).
Glaciares: se espera un debate intenso en el Congreso
Sin embargo, este tema no estará ajeno de los debates intensos. Las ONG ambientalistas alertaron que una modificación a la ley de Glaciares representa un "retroceso significativo" en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamaron que no se introduzcan cambios que debiliten la norma vigente. Es más, Greenpeace lanzó una campaña de presión directa sobre cinco legisladores que, según indicaron, concentran hoy “poder real de decisión” sobre el futuro de la norma.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayan que el sector no impulsa la derogación de la norma vigente y que buscan fortalecer el cumplimiento efectivo de la ley y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin comprometer la protección ambiental.
Los proveedores mineros también expresaron su posición a favor de un cambio en la ley, pero con foco en la cuestión ambiental. "Necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales", afirmaron desde Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).
La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares
El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha. Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.
La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.
En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.
Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.
Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú. Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.
Qué dicen los ambientalistas de la ley de Glaciares
Un amplio frente de organizaciones ambientales -integrado por Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima- advirtieron que la iniciativa representa un retroceso significativo en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamaron que no se introduzcan cambios que debiliten la norma vigente.
Las organizaciones subrayaron que la reforma llega en un contexto de crisis climática e hídrica y pondría en riesgo la seguridad del agua para más de siete millones de personas. Recordaron que Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados, y remarcaron que estos ecosistemas cumplen un rol clave al regular los caudales de los ríos y sostener las cuencas en períodos de sequía.
Además del impacto ambiental, las ONG cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, al considerar que vulnera el artículo 41 de la Constitución, el principio precautorio y el de no regresión ambiental. También advirtieron que trasladar a las provincias la definición de qué glaciares y áreas periglaciales deben protegerse rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y habilitaría criterios desiguales para sistemas hídricos que no reconocen fronteras políticas.
Desde el sector ambientalista insistieron en que el ambiente periglacial no es un “territorio vacío”, sino que alberga biodiversidad y procesos ecológicos esenciales, y señalaron que su degradación implica una pérdida irreversible de agua almacenada en profundidad. En ese sentido, alertaron que dejar el “valor hídrico relevante” a evaluaciones administrativas provinciales carece de sustento científico y podría abrir la puerta a nuevos episodios de contaminación.
Finalmente, las organizaciones recordaron que la ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial, ratificada por la Corte Suprema, que ya permitió frenar más de 40 proyectos extractivos en zonas sensibles. A su entender, debilitarla no promoverá un desarrollo sostenible, sino que aumentará la vulnerabilidad climática, la pérdida de reservas hídricas y los costos sociales y económicos en el mediano y largo plazo.
La postura de las empresas mineras argentinas
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayan que el sector no impulsa la derogación de la ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), sino su adecuación técnica para mejorar su aplicación. La norma establece los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica relevante, considerados reservas estratégicas de agua.
El planteo de la industria apunta a avanzar hacia definiciones más precisas -en particular sobre el ambiente periglacial- con el objetivo de reducir la actual incertidumbre jurídica, fortalecer el cumplimiento efectivo de la ley y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin comprometer la protección ambiental.
CAEM remarca que en Argentina la actividad minera está prohibida sobre glaciares y que ningún proyecto en operación se desarrolla en esas áreas. Además, todos los emprendimientos deben atravesar evaluaciones de impacto ambiental, con controles provinciales, monitoreos periódicos y auditorías, a lo que se suman estándares internacionales de sustentabilidad aplicados por muchas compañías.
El debate técnico se centra en que no todo ambiente periglacial cumple una función hídrica relevante, por lo que se propone una delimitación basada en criterios científicos que permita distinguir con claridad las zonas a preservar de aquellas donde es posible desarrollar actividades productivas responsables.
En ese marco, el sector destaca el carácter federal del régimen: mientras la Nación fija los presupuestos mínimos ambientales, las provincias -propietarias de los recursos naturales según la Constitución- son las encargadas de otorgar permisos, fiscalizar y controlar los proyectos. Una reglamentación más clara, sostienen desde CAEM, permitiría reforzar la protección efectiva de los glaciares, reducir riesgos legales, promover inversiones, generar empleo y dinamizar economías regionales.
Para la entidad que preside Roberto Cacciola, la protección de las reservas hídricas estratégicas y el desarrollo productivo no son objetivos contrapuestos, sino complementarios, siempre que exista diálogo federal, reglas claras y criterios técnicos robustos.
Qué dicen los proveedores mineros
Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), que integra 350 empresas socias y unas 13 cámaras provinciales, destacó en el debate parlamentario de diciembre pasado la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética. "Los proveedores son tres anillos: el primero es la comunidad, el pueblo donde está el proyecto; el segundo es la provincia, que es dueña de los recursos y tiene autonomía para desarrollarse, y el tercero es el país, porque no solo hay minería en la Cordillera de Los Andes, hay minería a lo largo y año del país", dijo Benítez en la presentación de su exposición.
Al opinar sobre la adecuación de la normativa ambiental, Benítez remarcó que los proveedores "somos obsesivos" del cuidado de los glaciares y las zonas periglaciares. "No hay duda porque tenemos deberes con nuestro presente y futuro, con las generaciones que vienen. Lo que sí decimos es que para una ley tenga eficiencia en el cuidado de los glaciares, y como decimos que no puede haber minería sin tecnología y ciencia aplicada al ambiente, la primera ley que salió tiene cuestiones que necesariamente hay que aclarar", enfatizó.
Según el líder de la cámara de proveedores, una misión de la nueva ley es aclarar qué es ambiente periglaciar, además de otorgar más autonomía a las provincias. "Los que estamos todos los días en minería sabemos que inventario que tiene más de 8 años, ha quedado varado en el tiempo, y necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales", afirmó.
Ante las posturas que dicen que no hay capacidad en las provincias para hacer ese trabajo, Benítez aclaró que no solo hay expertos y científicos en las provincias cordilleranas, sino también en Córdoba y la provincia de Buenos Aires, que pueden colaborar para elaborar el Inventario Nacional de Glaciares. "Exportamos tecnología argentina, expertos del interior a Chile y Perú, pero muchos no lo saben", sostuvo.
"Si hablamos de inversiones, el trabajo minero es de los más riesgosos de la economía mundial, después viene la farmacéutica, que prueba medicamentos durante años. La minería se pasa la vida trabajando e invirtiendo, y muchas veces es dinero perdido, por eso un proyecto empieza cuando se empieza a explorar", dijo el titular de CAPMIN, que nuclea a más de 120.000 trabajadores asociados a la minería.
Greenpeace lanzó "campaña de presión" contra los senadores
Desde Greenpeace advirtieron que un eventual avance sobre la ley en el Senado implicaría un "serio retroceso" en la protección de las principales reservas de agua dulce del país. La organización alertó que una modificación de la ley impactaría directamente en el abastecimiento de agua de alrededor de siete millones de personas, en un contexto marcado por la crisis climática, las sequías y el retroceso acelerado de los hielos. “Cambiar la ley solo beneficiaría a sectores corporativos, poniendo en riesgo el abastecimiento de millones de personas”, señalaron.
La organización recordó además que en diciembre pasado el oficialismo debió postergar el debate tras el rechazo social, al considerar que se intentaba avanzar sin audiencias públicas ni participación ciudadana. Fuentes legislativas discreparon y aseguran que pasó a febrero para darle más tiempo al análisis y debate de la norma, tal como ocurrió con la reforma laboral.
La ONG explicó que el proyecto para reformar la ley de Glaciares ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, y lanzó una campaña de presión directa sobre cinco legisladores que, según indicaron, concentran hoy “poder real de decisión” sobre el futuro de la norma.
“Algunos se pronunciaron a favor de cambiarla y otros acompañan esa postura desde los bloques que integran. No son los únicos, pero estos cinco condensan un problema central: el avance político para debilitar una ley que protege las reservas estratégicas de agua dulce, en plena crisis climática e hídrica”, afirmaron.
Como parte de su campaña, Greenpeace invita a la ciudadanía a enviar “mensajes de presión” directos a estos legisladores, con consignas centradas en tres ejes: exigir que no se modifique la Ley de Glaciares, remarcar que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce, y advertir que cualquier debilitamiento de la norma pondría en riesgo el abastecimiento de millones de personas. El mensaje central que promueve la organización es que “la Ley de Glaciares no se toca” y que “negociar con el agua de los argentinos” equivale a comprometer el futuro hídrico del país.
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