Mitos y realidades sobre la ley de Glaciares que debate el Senado

Un documento de la Cámara Argentina de Empresas Mineras repasa percepciones frecuentes sobre la norma y las contrasta con datos del sector, en medio del tratamiento legislativo que redefine el alcance de la protección ambiental.

Ley de Glaciares. La protección del agua como prioridad no es incompatible con el desarrollo regional.

Mientras el Senado debate la adecuación a la ley de Glaciares 26.639, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) difundió un informe que busca aclarar conceptos en torno a la normativa, abordando una serie de “mitos y realidades” que, según la entidad, atraviesan la discusión pública.

La votación se desarrolla desde las 11, con un texto que introduce modificaciones en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial.

Entre los puntos centrales, se diferencian las “áreas periglaciares” de las “geoformas periglaciales” y se establece que su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares dependerá de que sean reconocidas como reservas estratégicas por estudios de la autoridad ambiental local.

Parte frontal del glaciar Tambillos, en Mendoza.

Ianiglia

La redacción final también endurece los criterios para excluir un glaciar del inventario: ya no bastará demostrar la ausencia de una función aislada, sino que deberá probarse que no cumple las funciones que justifican su protección.

En paralelo, persisten debates sobre las competencias provinciales cuando las decisiones puedan impactar en otras jurisdicciones, en un escenario político donde el oficialismo busca consolidar una mayoría con apoyos de bloques provinciales y sectores de la oposición.

Los mitos y realidades según CAEM

El documento difundido por la cámara minera plantea que parte del debate se apoya en percepciones incompletas o simplificadas sobre el alcance de la ley. Estos son los principales ejes.

1. “La ley ya tiene todas las definiciones necesarias”

Realidad: Según el informe, algunas definiciones pueden dar lugar a interpretaciones diferentes. Por eso, criterios técnicos más precisos permitirían aplicar la norma con mayor claridad y previsibilidad, especialmente en la delimitación de áreas protegidas.

2. “El debate es solo ambiental”

Realidad: La aplicación de la ley también tiene impacto económico y social en las regiones donde existen proyectos productivos. De acuerdo con la entidad, el alcance de la normativa influye en el empleo, la actividad económica y el desarrollo local.

3. “Las provincias no tienen un rol central”

Realidad: CAEM subraya que las provincias cumplen un papel clave: son las encargadas de otorgar permisos ambientales y fiscalizar los proyectos dentro de sus territorios, siempre en el marco de los presupuestos mínimos fijados a nivel nacional.

Este punto cobra especial relevancia en el debate legislativo actual, donde justamente se discute el alcance de las competencias provinciales en la determinación de las áreas protegidas.

4. “Más precisión técnica significa menos protección”

Realidad: El informe sostiene que una delimitación basada en evidencia científica no reduce la protección, sino que permite resguardar de forma más efectiva las áreas estratégicas y fortalecer los controles ambientales.

El trasfondo del debate legislativo

El tratamiento en el Senado se da en un contexto de negociación política y técnica. Con la nueva redacción, el criterio para excluir glaciares del inventario se vuelve más exigente, mientras se evalúan mecanismos para resolver conflictos de competencias entre provincias cuando una decisión tenga impacto interjurisdiccional.

De acuerdo con estimaciones parlamentarias, el proyecto podría alcanzar la aprobación con apoyo de bloques provinciales y algunos votos de la oposición, en particular de representantes de distritos con actividad minera.

El documento de CAEM concluye con un mensaje que resume su posición: la protección del agua como prioridad no es incompatible con el desarrollo regional. La entidad sostiene que contar con normas claras y criterios técnicos precisos permite fortalecer la protección ambiental al tiempo que brinda previsibilidad para la inversión y la generación de empleo.

En ese marco, el debate legislativo en curso aparece como un punto de inflexión para redefinir el equilibrio entre preservación de los recursos hídricos, federalismo ambiental y desarrollo productivo en la Argentina.