A pocos días de que el Senado debata la adecuación de la ley de Glaciares, el próximo jueves 26 de febrero, Mendoza fijó con claridad su postura. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que la provincia respalda una actualización del esquema normativo para fortalecer la implementación y evitar vacíos de información.
Mendoza sobre la ley de Glaciares: "El peor escenario es que la norma quede en letra muerta"
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió la posición de la provincia de cara al debate en el Senado y pidió avanzar en una adecuación que permita mejorar la información y la aplicación efectiva de la norma.
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La ministra Jimena Latorre aseguró que que la adecuación de la ley de Glaciares busca mejorar la calidad de la información, reforzar la articulación institucional y garantizar que la ley se cumpla de manera efectiva en el territorio.
“La Constitución, en su artículo 41, establece que las normas de presupuestos mínimos las dicta el Congreso y las provincias deben complementarlas. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo propio”, afirmó la funcionaria ante la consulta de Energy Report, tras inagura un parque solar de Genneia en Luján de Cuyo.
En ese sentido, Latorre remarcó que el objetivo es mejorar la coordinación entre jurisdicciones y actores y subrayó que la discusión no pasa por modificar la protección ambiental, sino por hacer operativa la ley: “En el proyecto no se toca la protección ni los presupuestos mínimos; lo que buscamos es que la norma sea efectiva en la práctica”.
El Gobierno impulsa una adecuación de la ley 26.639 con el objetivo de redefinir su alcance operativo, precisar criterios técnicos y ordenar las competencias entre Nación y provincias. La iniciativa mantiene el principio de protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, pero propone reinterpretar su aplicación bajo el marco constitucional que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales y la necesidad de compatibilizar la tutela ambiental con el desarrollo productivo.
Trabajo conjunto y déficit de información
La ministra hizo foco en la necesidad de generar información más precisa sobre zonas periglaciares, un punto clave en la discusión técnica. “Hay un déficit de información que tenemos que resolver, especialmente por la falta de inventario de zona periglaciar. La mejor forma es construir esa información de manera conjunta”, explicó.
Según detalló, Mendoza ya avanza en ese camino en el sur provincial, particularmente en el distrito minero Malargüe Occidental, donde existen áreas que se consideran periglaciares de manera estimativa. “Lo empezamos a hacer con el sector científico, con el organismo nacional y con la autoridad local, porque es la competente”, indicó.
Para la funcionaria, el desafío es coordinar capacidades: “Esto no lo puede hacer ni solo la Nación, ni solo el sector científico, ni solo el sector privado. Tenemos que reorganizar competencias para que sea efectivo”.
Latorre también remarcó que las provincias cordilleranas desarrollan múltiples actividades en esas zonas -desde minería y energía hasta turismo e infraestructura- y que, por lo tanto, necesitan reglas claras basadas en información sólida.
“Los que firmamos las declaraciones de impacto ambiental somos los gobiernos provinciales, y el Estado, como titular de los recursos, tiene la responsabilidad de darse normas que reduzcan la discrecionalidad y permitan aplicar los presupuestos mínimos”, señaló.
Con un tono crítico sobre la implementación actual, la ministra fue contundente: “El peor de los escenarios es que la ley de presupuestos mínimos de glaciares, que puede parecer muy linda en lo retórico para la protección, quede en letra muerta en la práctica. De hecho, hoy está en letra muerta”.
San Juan también expresó su postura frente a la ley de Glaciares
El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia de San Juan, Roberto Moreno, defendió la adecuación de la ley de Glaciares y sostuvo que la iniciativa apunta a “cuidar lo que realmente importa” con base científica.
El funcionario subrayó que, de aprobarse, las provincias mantendrán la competencia para autorizar actividades, siempre bajo evaluaciones ambientales. “Las provincias tendrían la competencia de aprobar ambientalmente actividades humanas en todo su territorio, no solamente en ambiente glacial y periglacial. Y esto se apoyará en el Inventario Nacional de Glaciares, que es la base cartográfica para delimitar qué se protege”.
También destacó que el enfoque será similar al de los procesos de evaluación ambiental vigentes. “No se trata de revisar miles de crioformas de manera aislada durante años, algo que sería inviable. Lo que se propone es continuar con la experiencia que tenemos en evaluación de impacto ambiental, analizando cada caso en función de las actividades humanas que se propongan”.
Agenda del Senado: sesiones clave en la última semana de extraordinarias
El Senado convocó a dos sesiones consecutivas para avanzar con algunos de los proyectos más relevantes del período de extraordinarias, entre ellos el Régimen Penal Juvenil, la adecuación a la ley de Glaciares y la reforma laboral, todos con dictamen previo en comisiones.
La primera sesión se realizará el jueves 26 de febrero a las 11 horas. En el temario, el proyecto central será el Régimen Penal Juvenil, con el que el oficialismo busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. Durante esa misma jornada también se debatirá la adecuación a la ley de Glaciares y el pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.
En tanto, el viernes 27 de febrero desde las 11 horas se tratarán la reforma laboral y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo llega con antecedentes favorables: en el Senado obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en el debate laboral previo, mientras que el entendimiento comercial logró una amplia mayoría de 203 aprobaciones frente a 42 rechazos.
Uno por uno, la adecuación a la ley de Glaciares
El primer artículo del proyecto sustituye el objetivo central de la ley y mantiene como eje la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, establece una importante diferencia: la protección debe interpretarse de manera compatible con el artículo 41 de la Constitución y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124.
Desde la administración libertaria destacaron además que la iniciativa "reafirma el mandato constitucional del artículo 41" al señalar que "exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano". Lo mismo consideraron respecto al artículo 124, que "reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales".
Con este objetivo, determina un criterio de equilibrio entre preservación ambiental y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Por otro lado, el segundo artículo del proyecto de reforma busca modificar el alcance del Inventario Nacional de Glaciares. En el nuevo texto de la norma, el inventario se limita a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan efectivamente funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas.
El inventario pasa a ser una herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones que la ley reconoce a las autoridades competentes en los artículos posteriores, un punto clave para la gestión provincial.
El artículo 3° bis representa uno de los cambios más importantes que plantea la reforma propuesta por el Gobierno e incorpora el principio precautorio. La norma establece que todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta tanto la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen las funciones hídricas definidas por la ley.
A su vez, aclara que, una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la ley General del Ambiente. Esta disposición busca corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.
Por su parte, el artículo 5° apunta a reforzar el rol de las autoridades provinciales en esta materia: podrán informar tanto la existencia de nuevos glaciares o ambientes periglaciales como la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. De esta manera, se omite el trabajo de IANIGLA, actualmente encargado de actualizar el inventario, y a partir de la reforma no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.
El artículo 6° mantiene la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Entre las actividades expresamente prohibidas continúan la minería y los hidrocarburos, pero la novedad radica en que la determinación de qué actividades generan una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción (provincia), desplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.
El artículo 7° profundiza ese enfoque al establecer que todas las actividades proyectadas estarán sujetas a evaluación de impacto ambiental previa, y cuando la escala lo amerite, a evaluación ambiental estratégica. Se refuerza además la participación ciudadana conforme a la ley General del Ambiente. El texto mantiene excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia, consolidando un esquema más preciso y operativo.
Por último, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes. Cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental, y en áreas protegidas nacionales intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental y su rol en la toma de decisiones.
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