18 de noviembre 2026 - 12:18

RIGI: fuertes críticas de los proveedores locales al Decreto 1366 que cambia reglas de competencia

Empresarios expusieron sus quejas por la nueva medida eliminó el requisito de que los proveedores tengan al menos el 51% de capital argentino para ser consideradas locales. Aseguran que abre la puerta a más competencia extranjera y debilita el compre nacional.

El 20% de contratación local continúa vigente. Lo que está en discusión es qué actividades quedarán comprendidas en ese porcentaje y cuánto de las inversiones millonarias anunciadas para minería y energía se traducirá en producción, empleo y desarrollo industrial argentino.

El 20% de contratación local continúa vigente. Lo que está en discusión es qué actividades quedarán comprendidas en ese porcentaje y cuánto de las inversiones millonarias anunciadas para minería y energía se traducirá en producción, empleo y desarrollo industrial argentino.

Arg.gob

La modificación de las reglas para definir quién es proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de preocupación entre industriales y empresas proveedoras de la minería. El Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre, eliminó la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los votos de una compañía estuviera en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en la Argentina. A partir de ahora, alcanza con que la firma esté constituida y domiciliada en el país para ser considerada proveedora local a los efectos del régimen.

El cambio amplía el universo de empresas que pueden participar del cupo de contratación nacional que deben cumplir los proyectos adheridos al RIGI. Pero también modifica las condiciones de competencia para las compañías argentinas: una filial local de una multinacional, aun cuando su capital esté íntegramente controlado desde el exterior, podrá ser considerada proveedora local si cumple con los requisitos establecidos.

La decisión fue presentada por el Gobierno como una adecuación destinada a promover una mayor concurrencia de empresas radicadas en el país y facilitar su integración en las cadenas de suministro de los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, entre los proveedores locales surgieron advertencias sobre el impacto que puede tener la medida en la producción nacional, el empleo industrial y la posibilidad de que las inversiones mineras y energéticas impulsen una cadena de valor con mayor participación de empresas argentinas.

La discusión tiene una dimensión económica concreta: el RIGI establece que los proyectos deben destinar al menos el 20% del monto correspondiente a bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta en condiciones de precio y calidad de mercado. Ese porcentaje no fue modificado por el nuevo decreto. Lo que cambió es quiénes pueden ser contabilizados dentro de ese universo.

El cambio que encendió las alarmas de los proveedores

Hasta la modificación, el artículo 3, inciso f), del Anexo I del Decreto 749/2024 establecía dos condiciones para que una persona jurídica fuera considerada proveedor local: debía estar constituida y domiciliada en la Argentina y, además, al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria debía pertenecer a titulares con domicilio fiscal en el país.

El Decreto 1366/2026 eliminó la segunda condición. La nueva redacción establece que son proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina que presten servicios o suministren bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI.

En la práctica, una empresa controlada por una compañía extranjera podrá integrar el listado de proveedores locales si tiene una sociedad constituida y domiciliada en el país. La nacionalidad de sus accionistas y la composición de su capital dejaron de ser factores determinantes para esa calificación.

La modificación no significa que cualquier producto importado pueda contabilizarse automáticamente como un bien de origen nacional. El decreto mantiene la obligación de cumplir con los criterios establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. Esas reglas contemplan requisitos específicos de origen o criterios generales vinculados con el salto de partida arancelaria y el valor agregado, según corresponda.

No obstante, la norma deja en manos de la Autoridad de Aplicación la precisión de la metodología para determinar el origen nacional de los bienes. Ese punto se convirtió en uno de los focos de preocupación de los industriales: reclaman que los controles permitan distinguir con claridad entre una producción efectivamente realizada en el país y una operación que se limite a ensamblar componentes importados.

Un empresario al frente de uno de los principales grupos industriales argentinos, que pidió mantener su identidad en reserva, expresó a Energy Report su preocupación por el momento elegido para implementar el cambio y por las señales que, a su entender, recibe el sector productivo.

"A priori, nos preocupa y vemos una incoherencia con lo que se planteó en las Rondas RIGI de Rosario. Allí, gobernadores y entidades empresarias pedimos una agenda industrial federal para que las grandes inversiones se traduzcan en producción y empleo argentino", expresó con palpable malestar. Y continuó: "A las puertas de la Ronda de Negocios RIGI del 2 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, la medida les da más flexibilidad a las operadoras para cumplir el 20% de compras locales. Del lado de la industria, seguimos esperando anuncios concretos: el Gobierno nacional no baja la carga impositiva que pesa sobre la producción ni extiende los beneficios del RIGI al entramado de proveedores locales", sostuvo.

El empresario también puso el foco en la capacidad del Estado para controlar el origen de los equipos y la calidad de los productos que se incorporen a los proyectos. "Nos preocupa cómo se va a verificar el origen nacional de los equipos. Con los cambios en los reglamentos técnicos, también nos preocupa la capacidad de controlar la calidad y la idoneidad del equipamiento importado. Son dos cuestiones distintas", advirtió.

Su principal temor es que una empresa pueda cumplir formalmente con la condición de proveedor local sin que eso implique una integración industrial significativa en la Argentina. "Si el control de origen es débil, puede resultar más conveniente fabricar los componentes en Asia o en otros mercados y hacer acá el ensamblado final. Así, un equipo podría computar como compra local mientras una parte importante de la fabricación y del empleo asociado queda afuera", planteó el directivo.

El dirigente agregó que, según un relevamiento de doce proyectos mineros realizado por su sector, la participación local declarada promedia cerca del 47%. Sin embargo, aclaró que ese indicador incluye obras y no permite determinar cuánto corresponde específicamente a equipos y componentes fabricados en el país. Para los industriales, esa distinción es central: no es lo mismo contratar una obra o un servicio a una sociedad radicada en la Argentina que desarrollar una cadena de fabricación nacional de maquinaria, insumos y componentes.

"Las condiciones anteriores ya nos generaban dudas sobre el impacto del RIGI en el empleo y el desarrollo federal. Este cambio profundiza esa inquietud. Queremos que los proyectos avancen y que las empresas argentinas tengan condiciones para competir por esos contratos, invertir y generar empleo en las provincias", concluyó.

Proveedores mineros: más competencia para las empresas argentinas

Las críticas también llegaron desde la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM). Su titular, Manuel Gómez Bello, calificó la modificación como una señal de alerta para las oportunidades que el crecimiento de la minería podría generar entre los proveedores nacionales de bienes y servicios.

El dirigente cuestionó que empresas contratistas multinacionales puedan ser consideradas locales con solo constituirse y establecer domicilio en la Argentina, independientemente del origen de su capital. A su entender, la nueva definición puede modificar las condiciones de competencia para las constructoras y proveedoras argentinas, que deberán disputar contratos con compañías internacionales que decidan instalar una filial en el país.

"Cuesta entender la medida, especialmente luego de que venimos de participar en importantes convocatorias para federalizar la cadena del valor, lanzadas por el propio Ejecutivo", señaló Gómez Bello.

El representante empresario también hizo una aclaración relevante para interpretar el alcance de la reforma: el RIGI es un régimen nacional de promoción de inversiones, pero la definición de proveedor local para otros objetivos puede estar determinada por las leyes y regulaciones de cada provincia. Por eso, sostuvo que las empresas mineras deben cumplir también con las normas provinciales aplicables en las jurisdicciones donde desarrollan sus proyectos.

Sin embargo, esa distinción no elimina su preocupación por el efecto que puede tener el cambio en las grandes contrataciones. "Hay empresas mineras que trabajan con determinados proveedores a nivel internacional, y la medida les abre la puerta para que estas empresas vengan al país a concretar las grandes obras, que, en definitiva, son las que podrían ser adjudicadas a empresas nacionales", advirtió.

La inquietud de los proveedores se concentra especialmente en los contratos de mayor escala: construcción de infraestructura, montaje, provisión de equipos, instalaciones industriales y servicios especializados. Son rubros en los que las compañías internacionales suelen contar con experiencia, capacidad financiera y redes globales de abastecimiento.

Qué dice la UIA y cuáles son los límites que siguen vigentes

El informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el Decreto 1366/2026 coincide en que la modificación amplía el universo de empresas que pueden ser consideradas proveedoras locales. La entidad señala que la nueva definición permite incluir a compañías que producen, emplean y tributan en el país aunque su capital no tenga mayoría de participación argentina.

Desde esa perspectiva, el cambio también puede favorecer la inversión extranjera directa y la incorporación de filiales locales de grupos internacionales a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI. La discusión, por lo tanto, no se limita a una oposición entre empresas argentinas y extranjeras: también involucra qué actividades realizan esas sociedades en el territorio nacional y cuánto valor agregan efectivamente.

La UIA remarca que el requisito de origen nacional de los bienes no fue eliminado. Cuando una empresa provea equipos o productos, estos deberán cumplir con las reglas del ACE 18 del Mercosur para ser considerados de origen nacional. En otras palabras, la nueva definición de proveedor local no convierte por sí misma a un bien importado en un producto argentino.

El informe también identifica una limitación del régimen que adquiere mayor relevancia con la ampliación del universo de proveedores elegibles: la dificultad para sancionar específicamente el incumplimiento de los compromisos de contratación local. La industria había señalado desde la puesta en marcha del RIGI que la obligación vinculada con los proveedores locales no está tipificada como una infracción autónoma. Por eso, advierte la UIA, resulta necesario considerar cómo se controlará el cumplimiento de esos compromisos y qué consecuencias tendrá su incumplimiento.

Hay, además, una restricción que permanece vigente: las empresas vinculadas al VPU comprador no pueden computarse dentro del porcentaje mínimo del 20% destinado a proveedores locales, salvo que sean las únicas capaces de satisfacer la demanda del bien o servicio requerido. La regla busca evitar que el compromiso de contratación se cumpla mediante operaciones con compañías relacionadas con el propio proyecto.

El punto pendiente, entonces, no es solamente definir qué empresas pueden ingresar en la categoría, sino establecer cómo se verifica el origen de los bienes, qué nivel de integración productiva se exige y qué mecanismos existen para controlar que los compromisos de compra se cumplan de manera efectiva.

La modificación buscaría evitar cuellos de botella

Federico Palavecino, socio del estudio MHR, puso el foco en el cambio de fondo: la eliminación del requisito del 51%. Según explicó a este medio, a partir de la modificación, alcanza con que la compañía esté constituida y domiciliada en el país. Según el especialista, la decisión apunta a ampliar la oferta de bienes y servicios disponible para los proyectos adheridos al RIGI y evitar que la estructura accionaria de una firma limite su participación en las cadenas de suministro.

Sin embargo, Palavecino advierte que detrás de la justificación oficial también puede existir otra preocupación: que la exigencia anterior restringiera la disponibilidad de proveedores en sectores de alta complejidad tecnológica y grandes necesidades de capital, generando cuellos de botella capaces de demorar inversiones o poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

El abogado consideró que la nueva definición puede favorecer la llegada de grupos multinacionales especializados en la provisión de equipos y servicios, ampliar la competencia y reducir los riesgos de demoras operativas. También podría simplificar los controles del Estado, al concentrar la verificación en la constitución y el domicilio de las empresas. "No creo que la modificación caiga bien" entre esas empresas, plantea Palavecino, y advierte que también puede generar diferencias con las autoridades provinciales que establecieron condiciones de compra local más estrictas que las previstas por el régimen nacional.

"Un gran paso atrás desde lo discursivo"

Un dirigente empresario joven, que representa a cientos de compañías locales a través de su entidad, cuestionó con dureza la modificación y consideró que el Gobierno dio "un gran paso atrás desde lo discursivo". Su principal objeción es que la eliminación del requisito del 51% de capital nacional no distingue entre la provisión de bienes y la ejecución de obras y servicios. Según explicó, la obligación de contratar al menos un 20% de proveedores locales contemplaba tanto bienes como obras, una diferencia central porque permite incluir servicios de construcción, montajes y contratos llave en mano. En ese marco, advirtió que la nueva definición podría habilitar que una obra de gran escala sea computada como contratación local aunque la empresa adjudicataria tenga capital extranjero y buena parte de los componentes y trabajos se realicen fuera del país.

El empresario puso como ejemplo el caso de los campamentos mineros construidos bajo la modalidad llave en mano por consorcios con mayoría de capitales chinos: estructuras fabricadas en China, trasladadas a la Argentina y ensambladas en el lugar podrían computarse como provisión local por el solo hecho de que la firma contratista esté constituida y domiciliada en el país. "Si fuese para producir bienes no habría ningún problema", planteó, pero sostuvo que extender ese criterio a las obras desvirtúa el objetivo de desarrollar capacidades productivas y empresas nacionales.

También cuestionó que el debate público se haya concentrado en la industria manufacturera y no haya contemplado el alcance de la ley sobre obras y servicios. A su entender, la modificación quizá no altere de inmediato el cumplimiento del 20% por parte de los proyectos, pero sí genera un costo político y reputacional para el régimen: "Estamos yendo a que el RIGI no deja nada".

La defensa de San Juan: la ley provincial sigue vigente

En medio de las críticas, el Gobierno de San Juan salió a aclarar que el cambio nacional no modifica las herramientas provinciales para promover la contratación de empresas y trabajadores locales. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, sostuvo que el Decreto 1366 modifica quién puede ser considerado proveedor argentino dentro del RIGI, pero no altera las condiciones establecidas por la legislación sanjuanina.

La distinción es importante para proyectos como Vicuña, Los Azules y otros desarrollos mineros que deberán articular las obligaciones nacionales con las normas de la provincia en la que operan. Según explicó Perea, el cupo del 20% del RIGI tiene alcance nacional y no establece una distribución por jurisdicciones. Por lo tanto, una empresa radicada en cualquier provincia puede ser considerada proveedora local para el régimen nacional, siempre que reúna las condiciones exigidas. Eso no significa que automáticamente sea reconocida como proveedora sanjuanina bajo la normativa provincial.

El funcionario remarcó que siguen vigentes la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero y el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.). La legislación provincial establece objetivos propios: al menos un 80% de empleo sanjuanino y un 60% de compras a proveedores locales, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa y la inscripción en el registro correspondiente.

"La herramienta para el proveedor sanjuanino sigue siendo la ley provincial, ya que la definición del RIGI solo distingue entre proveedores argentinos y extranjeros, no entre provincias", explicó Perea.

El ministro insistió en que el decreto nacional "no modifica ni un punto de la meta que San Juan se puso". Y agregó: "El Decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores".

Perea también señaló que la reglamentación de la Ley 2827-M se encontraba en su etapa final y que se esperaba su publicación para poner en marcha el esquema provincial. En su interpretación, ambos instrumentos pueden funcionar en paralelo: el régimen nacional establece un piso de contratación con proveedores argentinos, mientras que San Juan conserva sus propias metas de empleo y compras locales.

Más cambios en el RIGI: plazos, UTE y financiamiento

Un análisis elaborado por Cecilia Alonso, directora de la Academia de Proveedores de YPF, recalcó en su perfil de Linkedin que el Decreto 1366 no se limita a la definición de proveedor local. También introduce modificaciones en los plazos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), en las reorganizaciones empresarias y en el cómputo de divisas para el acceso al mercado de cambios.

En el caso de los PEELP -sostuvo Alonso-, la reglamentación anterior establecía una fecha límite para cada una de las dos primeras etapas. La nueva redacción fija una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto. Sin embargo, no elimina los compromisos ni los montos mínimos de inversión previstos para cada etapa. El objetivo declarado es diferenciar el cumplimiento de la inversión mínima total de las obligaciones específicas de cada fase.

La norma también incorpora un procedimiento para las cesiones de participaciones en uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos que funcionen como VPU. Las operaciones deberán informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público. La autoridad tendrá 30 días corridos para formular observaciones; si no lo hace dentro de ese plazo, la operación se tendrá por conformada. El nuevo integrante deberá cumplir los requisitos del régimen y asumir los compromisos de inversión y garantías pendientes.

Cecilia Alonso es especialista senior en desarrollo de proveedores, transformación productiva y estrategia de inversión en recursos naturales, con más de diez años de trayectoria en minería, energía y cadenas de valor industriales, y se pasó los últimos meses visitando las provincias donde YPF tiene proyectos RIGI para acercar herramientas y conocimientos a empresarios locales y emprendedores.

Cecilia Alonso es especialista senior en desarrollo de proveedores, transformación productiva y estrategia de inversión en recursos naturales, con más de diez años de trayectoria en minería, energía y cadenas de valor industriales, y se pasó los últimos meses visitando las provincias donde YPF tiene proyectos RIGI para acercar herramientas y conocimientos a empresarios locales y emprendedores.

Otro cambio habilita que las sucursales dedicadas adheridas al RIGI se reorganizen como sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales, previa autorización de la Autoridad de Aplicación y mediante la transferencia integral de los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados con el proyecto. Esa reorganización no exige una nueva adhesión ni modifica la fecha original de ingreso al régimen.

En materia cambiaria, el decreto amplía los fondos que pueden computarse para determinados efectos del acceso al Mercado Libre de Cambios. Además de las divisas ingresadas por el titular del proyecto, podrán considerarse aportes o endeudamientos financieros externos de accionistas directos o indirectos, siempre que los recursos se destinen efectivamente al proyecto y exista registro contable y trazabilidad que permitan acreditar su utilización.

Estas modificaciones buscan dar mayor flexibilidad a las estructuras societarias y financieras de los proyectos de gran escala. No obstante, el aspecto que generó mayor controversia entre las empresas nacionales fue el cambio en la definición de proveedor local, por su impacto potencial sobre la distribución de las compras y las oportunidades de negocios que la minería y la energía pueden generar en el entramado productivo nacional.

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