Artistas se rebelan contra norma de teatros oficiales

Osvaldo Piro se quejó por la norma

Todo artista es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Al menos, ese es el criterio que impera, en contradicción con la presunción de inocencia constitucional, en los teatros oficiales, que requieren a todo futuro contratado un certificado de antecedentes penales.

En rigor, la norma (decreto N° 601/02) rige para todo el Estado, y establece que todo aquel que sea contratado por la Administración Pública deberá presentar tal certificado, expedido por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia.

El requisito de buena conducta se suma al alta de beneficiario (datos de la cuenta bancaria) en la dirección de Contabilidad y Finanzas y el número de Cuit acompañado por una constancia de situación ante la AFIP.

Quienes más severamente cuestionaron la norma fueron los artistas, que firmaron una solicitada pidiendo que se la derogue. Antes de otro de sus largos periplos por el exterior, el Secretario de Cultura Rubén Stella, que se encuentra en Costa Rica, envió una segunda carta a Eduardo Duhalde solicitando exceptuar a los artistas.

«Dicha situación» escribe Stella «provoca un creciente malestar en el ambiente artístico y de la cultura en general, que cuestiona fuertemente la exigencia a la que me vengo refiriendo, adjudicándole -por cierto injustificadamente- una finalidad «persecutoria» y/o «discriminatoria (...) En el común de los casos, además de tratarse de contrataciones de baja significación económica -dado que se ubican en una franja que va de los $250 a los $700- por lo que el costo del certificado requerido adquiere relevancia, su tramitación insume al artista una dedicación de tiempo muy superior a aquella directamente vinculada al cumplimiento de su prestación».

Consultada por este diario, Dona Caroll expresó: «Me llamaron para hacer un recital con una orquesta de jazz junto a mi marido Oscar López Ruiz en el Auditorio Belgrano, contratada por la Secretaría de Cultura de Nación. A pesar del bajo presupuesto y de que lo cobraríamos en seis meses, aceptamos. Pero la semana pasada nos llamó el director de la orquesta para avisarnos que debíamos ocuparnos de ir al Ministerio de Justicia a gestionar el certificado de antecedentes penales. Para colmo, el chiste cuesta 27 pesos. Y como si esto fuera poco, este decreto para contratados también te obliga a presentar el alta de beneficiario y los datos de la cuenta bancaria».
La norma había surgido como estrategia del gobierno para controlar el empleo de los estatales y, según dijo Alfredo Atanasoff su momento, «para brindar transparencia en el Estado».

•"Humillante"

«Cuando recibí el contrato para firmar me enteré de la noticia. Me pareció humillante, te hacen tocar el pianito y te obligan a invertir la carga de la prueba, es decir, hay que demostrar que se es inocente antes de ser culpable de nada. Para colmo, el trámite lo tenemos que hacer nosotros, siendo que ellos tienen los medios y pueden averiguar lo que quieran, pero sin lastimarnos», reclamó Caroll.

Caroll contó a este diario que Stella se refirió a la excepcionalidad de los artistas: «Yo le respondí a Stella que no íbamos a aceptar ni el decreto ni la excepción. He trabajado hasta en Egipto, además de Europa y América, y a nadie se le ocurriría jamás pedir esto. Si uno tiene un litigio por la medianera con un vecino no puede trabajar, es demencial».

En otro párrafo de la carta, dice Stella: «Cabe agregar que en la generalidad de los casos el vínculo contractual entre el artista y la Secretaría ni siquiera se repite durante el curso de un período anual. Un último aspecto a tener en cuenta, destacado insistentemente por los propios interesados, es precisamente aquel vinculado a su notoriedad, trayectoria y amplio reconocimiento público, que resultaría desvirtuado mediante la exigencia en análisis».

Sin embargo, fuentes de Radio Nacional, Canal 7 y de la propia Secretaría de Cultura indicaron que no compartían la excepcionalidad: «Sería injusto que los artistas quedaran exceptuados y nosotros, que somos contratados igual que ellos, tuviéramos que cumplir con el decreto. No hay ciudadanos de primera y de segunda», dijo una fuente de la radio. Pero Stella se justificó entre sus íntimos aludiendo al carácter «especialmente sensible» de los artistas. El también lo es.

Otro que se quejó fue Osvaldo Piro, quien se resignó a no cobrar para evitar cumplir con los requisitos penales. Piro dijo a este diario: «En mi caso me contrataron en mayo de 2001 para dirigir una orquesta, estamos a octubre de 2002 y aún no me pagaron. Para retribuirnos con un miserable cachet, nos piden este certificado de antecedentes que creo es sólo una más de tantas humillaciones del Estado hacia los ciudadanos».
Entre los artistas firmantes para que se derogue el decreto figuran Liliana Vitale, Cipe Lincovsky y Claudio Gallardou, entre otros.