Cada vez hay más oposición contra las cámaras ocultas

Marcelo Tinelli

Ninguno de los programas que se lanzaron en la televisión de verano utiliza el facilismo de la cámara oculta para humillar a anónimos. Pero lo más significativo es que, quienes alguna vez la llevaron adelante se disculpan ahora: fue «obediencia debida». Matías Martin y los hermanos Korol se pronunciaron en contra de las cámaras ocultas en sus respectivos programas (América TV) y dijeron haber sido «forzados» por Marcelo Tinelli. Nada indica, sin embargo, que desde marzo haya programas que no insistan con lo mismo.

Las razones de los descargos responderían fundamentalmente a dos causas: en primer lugar, el fallo dictado hace más de un mes por la jueza Carmen Ubiedo, condenando el uso de la cámara oculta en programas humorísticos e instando a Tinelli y otros al pago de resarcimiento económico; en segundo término, el endurecimiento de las multas del Comfer que contempla en uno de sus puntos la humillación a terceros. Una tercera razón, menos explícita que las anteriores, parecería responder a los roces entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial, gerente artístico de América (ver recuadro).

La sentencia dictada por Ubiedo llamó a resarcir a un jubilado con 18 mil pesos por por daño físico, moral y psicológico (la demanda inicial había sido por 300 mil) y consideró responsables a Telefé, Marcelo Tinelli y el actor que participó de la puesta en escena (se pedía ayuda a transeúntes para levantar dos bolsos, livianos en apariencia, pero que pesaban cuarenta kilos).

En tanto, el debate por el débil límite entre violación a la privacidad y la libertad de prensa sigue vigente. La tecnología ha permitido, además de las cámaras ocultas, el acecho de micrófonos de todo tipo, detectores digitales, visores infrarrojos y cámaras sofisticadas, entre otros microdispositivos que cuestan entre 1.000 y 10.000 dólares para usos múltiples: montaje de casas «Gran hermano», cámaras complices para avergonzar a anónimos, y cámaras ocultas en programas periodísticos.

Este diario consultó a varios referentes en la materia que sostienen posturas contrapuestas respecto de la legislación vigente. Por un lado, están los partidarios de la regulación de las cámaras ocultas, que va desde una restricción selectiva hasta la prohibición lisa y llana, casi siempre sostenida por legisladores; por otra parte, hay quienes que bregan por la ausencia de regulación específica, mayormente periodistas y legistas.

María Cristina Caminia, jueza y docente de la UBA, dijo a este diario: «Ante la ausencia de legislación para estas pruebas nuevas como escuchas telefónicas, cámaras ocultas, ADN, Internet, etc., creo que hay que discutir y legislar, pero de manera seria. Estaría de acuerdo con que haya leyes al respecto pero no mamarrachos improvisados que surgen del apuro del Congreso a responder cuestiones transitorias».

Hasta ahora los intentos legislativos por regular su uso naufragaron. El último proyecto que circuló por las comisiones parlamentarias preveía prisión de seis meses a dos años y una multa de hasta 90 mil pesos para la difusión de información con cámara oculta. José Genoud y Pedro del Piero, habían presentado un proyecto que trataba el tema de las escuchas telefónicas, extensiva a las cámaras ocultas, enunciando una nueva disposición al artículo 157 del código penal.

Los fundamentos destacaban la incidencia de los avances tecnológicos, que hacen sencilla y accesible una práctica claramente lesiva del derecho a la intimidad. La interpretación de conversaciones privadas sólo debería admitirse, según dicho proyecto, si fuera ordenada por un juez en el marco de una investigación judicial. La oposición (PJ en ese entonces) sostenía en cambio que una sanción a la utilización de las escuchas telefónicas y cámaras ocultas significaba una penalización para «el método que sirvió para desenmascarar casos de corrupción de los funcionarios». El proyecto no prosperó.

Carlos Ghersi, abogado y profesor de la UBA, expresó: «Con estas cámaras hay una intromisión a la intimidad sin autorización de la persona y se viola un derecho personalísimo. La investigación periodística es un recurso que puede ser utilizado siempre y cuando la justicia forme parte de la investigación. La gran diferencia es que el periodismo investiga hechos sociales mientras la justicia investiga delitos. No creo que tenga sentido legislar y declarar ilícitas las cámaras ocultas para humorísticos, en tanto no violen la intimidad. No es materia judiciable ni merece censura, con el arículo 1071 bis del código civil alcanza».

Consultada por este diario, Ubiedo señaló: «No digo que las cámaras ocultas sean ilegales, digo que trajeron el daño moral por lo que se instó a la multa de 18 mil pesos. Con esas cámaras se aprovechan de la ingenuidad de la gente, le toman el pelo. La cámara oculta no me gusta éticamente pero es difícil legislar porque se roza la violación a la libertad de prensa. Creo que hay que tener en cuenta cada caso y no sancionar leyes en este sentido».

Con respecto a su uso periodístico, Caminia dijo: «Estoy en contra cuando la cámara es una autoincriminación para la persona, es decir, cuando alguien está siendo grabado sin saberlo y esa prueba puede ser usada en su contra, por engaño o por sorpresa. A mi juicio, lo que se obtiene de esa prueba es nulo pues como prueba es ilegal, yo trabajo con pruebas limpias y no tomo las cámaras ocultas autoincriminatorias como pruebas».

La cámara sopresa nació en 1930 con «A propósito de Niza», de Jean Vigo, documental crítico de los desbordes económicos de la aristocracia. Ese film tuvo como principal recurso la cámara oculta y se convritió en el primer antecedente de su uso. En nuestro país, el pionero de la cámara oculta/sopresa fue Nicolás «Pipo» Mancera en sus «Sábados circulares» (1962). Claro que primaba la comicidad por sobre la ofensa.

«En el caso de los programas humorísticos, estoy en desacuerdo con el recurso pues se invade la privacidad, es decir, el derecho de las personas a disponer de su vida, y todo para divertir a unos cuantos. Me parece de mal gusto pero no puede decirse que sea ilegal», sostuvo Caminia.