Dilema: ¿hay que pagar para recobrar arte robado?

Funcionarios de Cultura de la Nación optaron por mantener en reserva sus conversaciones con los ejecutivos de la agencia británica «The Art Loss Register», que habría ubicado la totalidad o una gran parte del botín robado la Nochebuena de 1980 en el Museo de Bellas Artes. La noticia fue dada en primicia por Ambito Financiero en su edición del pasado viernes, y al día siguiente reproducida en el resto de la prensa. El tesoro perdido ese año incluía cuadros, dibujos y esculturas de, entre otros, Renoir, Gauguin, Cézanne, Degas, Matisse y Rodin.

Si bien la firma británica ofrece hoy devolver los cuadros, el dilema que enfrenta el Estado argentino es el pago de honorarios: un Renoir o 70.000 libras que pretende cobrar por la gestión. Este reclamo llevó el asunto a un camino aparentemente sin salida. Por un lado, la estrategia elegida durante las negociaciones fue el silencio, dado el temor de perder la pista de los cuadros para siempre.

Pero por otro lado, como los funcionarios no pueden hacer un arreglo al margen de la ley, la falta de un marco legal que encuadre el trato impide el cierre de cualquier tipo de convenio extra-judicial. «Al principio todo parecía tan fácil y tan rápido, pero ahora no hacen más que girar sobre un mismo punto», comentó una fuente.

Consultado por este diario el Fiscal General de la Nación, Gustavo Bruzzone, aclaró: «Cualquier fondo que se destine en este caso a una empresa privada, debería contar con la expresa autorización de la justicia, porque se trata de caudales del Estado.»

Entretanto, mientras algunos son partidarios del pago de honorarios a la agencia para que los cuadros regresen cuanto antes al país, en la vereda de enfrente están quienes opinan que el Estado no puede negociar un «rescate» sino que las obras deberían volver libre de cargos al país. Bruzzone observa que se debería «solicitar al juzgado que en 1980 intervino por la sustracción de los cuadros el desarchivo de las actuaciones, y sin perjuicio de que la acción penal por el robo haya prescripto, reconvertir la investigación por el delito de encubrimiento».

Según señala el fiscal, que es además coleccionista de arte, el encubrimiento lo siguen cometiendo todos aquellos que tuvieron los cuadros en su poder conociendo su origen ilícito. Es decir, que de este modo y vía Interpol, el Museo de Bellas Artes puede pedir a las autoridades del país donde la agencia «The Art Loss Register» tiene su sede, que recaben la información correspondiente «bajo cargo de entorpecimiento de la investigación judicial».

Aunque el delito haya prescripto, no ocurre lo mismo con el derecho del Museo para reclamar, por todas las vías, obras que pertenecen al patrimonio artístico del país. Y que, como la totalidad de las obras que cuelgan en Bellas Artes, no están aseguradas.