26 de diciembre 2002 - 00:00

Esquivan gobernadores procesos en su contra

Los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Montiel, y de Tucumán, Julio Miranda, lograron esta semana mantener el equilibrio sobre la delgada cuerda floja que los mantiene a salvo del juicio político.

En Paraná, los 8 diputados radicales leales al gobernador Montiel, expulsados de la Cámara baja el 11 de diciembre pasado por impedir el quórum necesario para el juicio político del mandatario, deberán volver a sus bancas, según un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El máximo tribunal provincial tomó la resolución en fallo dividido de 5 votos contra 4, luego de declarar «mal concedidos los recursos de apelación interpuestos y el consecuente archivo de las actuaciones», en la apelación que presentaron los diputados Santiago Reggiardo (ex Alianza) y José Allende (PJ) contra la sentencia del juez del Trabajo, Santiago Morande, quien había ordenado la reincorporación de los legisladores expulsados por sus pares.

Para producir el fallo, el presidente del STJ, Juan Carlos Ardoy, convocó a votar a los integrantes del cuerpo que estaban en uso de licencia, debido a «la delicada situación institucional que merecía que sea resuelto por el tribunal en pleno».

Esta convocatoria provocó las críticas de algunos integrantes del STJ, que consideraron a la decisión como una jugada del ejecutivo entrerriano para alcanzar los votos necesarios para alcanzar la mayoría automática, favorable a sus aspiraciones, y esquivar la suspensión de Montiel.

El titular del STJ, Juan Carlos Ardoy, aclaró, no obstante, que el fallo resuelve el tema formal de la expulsión de los legisladores pero no la cuestión de fondo, vinculada con la facultad que tiene la Justicia para decidir en los asuntos propios de la Cámara de Diputados.

El fallo ratifica lo dispuesto el 16 de este mes por juez del Trabajo número 3,
Santiago Morande, quien ordenó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos «la inmediata restitución» a sus cargos de los 8 legisladores montielistas expulsados por impedir desde setiembre pasado que se trate el pedido de juicio político del gobernador Sergio Montiel.

Según el magistrado, la decisión de la Cámara baja de separar a los legisladores leales al mandatario, violó de «manera palmaria y grosera» la Constitución provincial, por lo que «la Justicia no puede ni debe permanecer ajena a tamaña arbitrariedad».

En tanto, en
Tucumán la Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial archivó un nuevo pedido de juicio presentado en contra del gobernador, Julio Miranda, según se informó oficialmente, por presunto abandono de personas por la muerte de 16 menores por desnutrición.

Los legisladores oficialistas consiguieron evitar que la causa siguiera su curso después de sortear varios obstáculos y conseguir los seis votos necesarios que fueron aportados por los integrantes de la bancada oficialista.

La causa fue finalmente archivada con los votos de seis legisladores:
Teresa Felipe de Heredia, Camilo Kodher, Claudia Herrera, Lilia de Castro, José Gutiérrez y Javier Lobo Aragón.

Los legisladores Gumersindo Parajón, Julio Topa, Osvaldo Morelli, Federico Romano Norri y el oficialista Germán Alfaro votaron a favor de que se corra vista y continúe el proceso, en tanto que otro oficialista, Edgardo Rocha, se abstuvo.

El pedido de juicio político contra Miranda,
el tercero que archiva la comisión legislativa en los últimos meses, fue presentado por el abogado Pablo Bayo.

El letrado tucumano le imputó a Miranda la presunta comisión del delito de abandono de personas por la
muerte de 16 menores, a causa de enfermedades vinculadas con la pobreza y la mala alimentación.

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