Espionaje a jueces con datos biométricos: oposición porteña quiere interpelar a Burzaco

El bloque del FdT de la Legislatura pidió citar al ministro de Justicia y Seguridad para que dé explicaciones sobre el pedido de datos personales que permitía rastrearlos como prófugos.

Eugenio Burzaco

Por iniciativa de la diputada porteña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, el FDT presentó un pedido formal para que el sucesor de Marcelo D´Alesandro -quien tuvo que tomar licencia tras el escándalo por el viaje a Lago Escondido- explique por qué la Ciudad pidió al RENAPER los datos biométricos de funcionarios judiciales.

Tras la revelación de Ámbito, el bloque analiza, además, solicitar un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad y el pedido de resolución fue presentado en las últimas horas. Allí advierten que “resulta por demás preocupante que se utilicen herramientas institucionales con fines de persecución y hostigamiento político. En un contexto como el actual, en el que varios sectores de la política y de la justicia, como así también varios sectores del periodismo, apuestan al odio y a prácticas antidemocráticas, es indispensable y urgente que quienes tenemos la responsabilidad institucional y representamos al pueblo con la democracia en lo más alto de nuestros valores, sigamos trabajando con la responsabilidad y el compromiso que el pueblo de nuestra Ciudad y los 40 años de democracia merecen”.

Se trata de un escándalo de proporciones y que ya se investiga en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py. En concreto, el Gobierno porteño solicitó al Registro Nacional de la Personas información y datos personales de más de doscientos magistrados y magistradas del Poder Judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas -PIA- sigue notificando en las últimas horas las y los afectados. Los datos de extrema sensibilidad habrían sido solicitados bajo el paraguas del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP).-

Lo llamativo es que muchos de los funcionarios y funcionarias relacionan las fechas en las que la Ciudad pidió sus datos con firmas de fallos o resoluciones favorables a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El texto con el que se pide la presencia de Burzaco detalla: “el día 12 de mayo de 2023, tomamos conocimiento, a través de una nota periodística publicada en el diario Ámbito” de lo sucedido. Y recuerda que el uso del mencionado convenio para averiguar información de personas que no estaban involucradas en delito alguno no es novedoso. El 12 de abril del 2022 el Juez Roberto Andrés Gallardo, del Juzgado en Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, ordenó la suspensión del funcionamiento del Sistema y ordenó el allanamiento de diversas oficinas del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad del Centro de Monitoreo Urbano. Además, requirió la extracción de toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada por el SRFP tanto en el Ministerio mencionado como en el mencionado centro. En total, el acceso irregular a los datos biométricos se efectuó sobre casi diez millones de personas, entre ellas funcionarios, dirigentes sociales, de derechos humanos y periodistas entre otros.

Las y los legisladores sostienen en el escrito que ya ingresó de manera formal al cuerpo legislativo que “lo expuesto es de una enorme gravedad institucional, deja en evidencia que el Poder Ejecutivo realiza tareas de espionaje sobre magistradas y magistrados del Poder Judicial, poniendo en riesgo así la independencia de dicho poder”.

Mientras tanto, la PIA sigue notificando vía teléfono y correo electrónico a más afectados/as por los seguimientos irregulares.