La Justicia investiga a la supuesta firma EquiQuant Capital por captar ahorristas con promesas de rentabilidad, simular ganancias en una plataforma digital y exigir nuevos pagos para liberar fondos. Hay 26 personas bajo la lupa y se analiza un perjuicio que superaría los $1.500 millones.
La Justicia investiga una estafa de gran escala
La Justicia avanza en una investigación por una presunta estafa financiera de gran escala vinculada a la firma EquiQuant Capital, señalada por captar inversores a través de redes sociales y servicios de mensajería. Según la causa, el esquema consistía en simular operaciones bursátiles rentables para atraer ahorristas y luego impedir el retiro del dinero mediante nuevos pedidos de transferencias.
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El expediente está en manos del fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Esteban Madrea, quien solicitó la indagatoria de 26 personas por su presunta participación en maniobras de estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La investigación reúne al menos 17 denuncias radicadas en distintas jurisdicciones y estima un perjuicio económico superior a los $1.500 millones.
De acuerdo con la pesquisa, los responsables se presentaban como asesores financieros y contactaban potenciales víctimas mediante redes sociales. Una vez captados, los usuarios eran invitados a invertir en supuestos instrumentos del mercado de capitales, registrando sus fondos en una plataforma denominada “EQCapital”, que mostraba ganancias ficticias.
El engaño se consolidaba cuando los inversores intentaban retirar el dinero: allí se les exigían pagos adicionales bajo distintos conceptos, como impuestos, comisiones o costos de gestión. A pesar de esas transferencias, las víctimas no recuperaban sus fondos.
La causa también detecta ramificaciones en varias provincias, entre ellas Chubut, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, lo que llevó a la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación para rastrear los movimientos del dinero y coordinar medidas judiciales.
Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido derivada a criptoactivos y a circuitos de cambio no regulado. Además, se investiga la posible utilización de sociedades sin actividad real para canalizar los fondos.
Como medida cautelar, la fiscalía pidió la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a los investigados, orden que fue avalada por el juez de la causa y ejecutada a través del Banco Central.