28 de noviembre 2005 - 00:00

Colegio Público de Abogados rechazó Proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratura

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por unanimidad ha resuelto rechazar en su totalidad el proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, tal como lo aprobó la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación.

Más allá que debiera ser sujeto de perfectibilidad el órgano tal como hoy funciona, la composición actual del Consejo de la Magistratura obedece al mandato constitucional, en tanto refleja un precario balance entre Legisladores, Jueces, Abogados y Académicos.

En su momento, este Colegio entendía que debiera haber igual número de representantes del legislativo, de los jueces y los abogados, por lo que la propuesta actual se torna inaceptable y violatoria del mandato constitucional.

La propuesta es un sinónimo de manejo absoluto, hasta con quórum propio del poder político, por lo que termina siendo una emulación de la antigua metodología de elección de los jueces a través de la comisión de acuerdo del Senado a propuesta del ejecutivo.

La composición del Consejo de la Magistratura, debe ser, como manda la Constitución en su Art. 114, el fruto de la integración EQUILIBRADA "entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal.

Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".

El proyecto de ley que hoy tiene el senado promueve un avance de la representación de las mayorías legislativas recortando indebida e inconstitucionalmente el equilibrio que tiene que tener el Consejo de la Magistratura.

Prueba de la inconveniencia de este proyecto es el aporte que hicieron los abogados en este organismo y el rol que ejercieron en materia de control de los jueces y selección de los mismos.

Asimismo la gravedad institucional que supone el juzgamiento de los magistrados nacionales hace indispensable el mantenimiento de un cuerpo permanente con una integración plural, independiente y responsable.

Es llamativo argumentar un asunto presupuestario, cuando la reducción de algunos miembros no incide en el presupuesto nacional, pero si disminuye aún más la calidad del servicio de justicia y la seguridad jurídica de nuestro país.

También es llamativo para este Colegio que no haya sido consultado hasta el momento para dar nuestra opinión profesional de acuerdo a las facultadesque nos otorga la ley 23.187. Misma omisión ha ocurrido con el resto de las entidades ligadas a las cuestiones jurídicas.

En esta nueva etapa de la institucionalidad, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal exhorta a los Legisladores y a todos los poderes de Estado a una reconstrucción de las instituciones basadas en los consensos y en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, respetando la Constitución Nacional y el espíritu participativo de quienes día a día abogamos por una
sociedad más justa.

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