La justicia de San Carlos de Bariloche dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los autores de los incendios forestales que afectaron a miles de hectáreas en la provincia del Chubut.
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Así lo dispuso el Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), Ramiro González, quien además se puso a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de Leónidas Moldes, quien dispuso la formación de una Investigación Preliminar.
Asimismo, González solicitó al comandante principal Ricardo Maidana, a cargo del Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional con asiento en Esquel, que efectúe "un relevamiento de la zona con el objeto de recabar testimonios y/o cualquier otro dato de interés que permita establecer el origen del foco ígneo".
También le solicitó que destaque "personal idóneo en las localidades de Esquel, Trevelín, Lago Pueblo, Corcovado y Cholila", para que recaben "testimonios entre los habitantes y baqueanos del lugar, tendientes a obtener todo dato de interés acerca de la identidad de los posibles autores de los distintos focos de incendio y toda otra información de interés respecto del siniestro".
Dentro de la investigación que lleva a cabo el Fiscal Ambiental, solicitó al responsable del Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al subsecretario de Recursos Naturales de Chubut, Rubén Manfredi, y al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Mario Espina, que le informen qué medidas adoptaron respecto del incendio forestal.
Entre otros temas pidió la remisión de las copias de las actuaciones labradas con motivo del incendio.
Adicionalmente, al titular de Parques Nacionales le requirió copia del listado "de personas que ingresaron y egresaron al Parque Nacional Los Alerces los días 23, 24, 25 y 26 de febrero del corriente año, como así también precisiones respecto a "los días y lugares en los que se originaron los distintos focos de incendio".
La UFIMA es un órgano que depende de la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, cuyo objetivo es investigar delitos ambientales.
La misma comenzó a funcionar a mediados de abril del 2007 y desde entonces intervino en decenas de casos, y si bien tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, actúa a nivel nacional.
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