Echaron a dos policías por los incidentes en Bariloche

El jefe y el subjefe de la policía de Bariloche fueron pasados a disponibilidad por no haber cumplido con las órdenes de sus superiores el 17 de junio, durante los incidentes posteriores al crimen del adolescente Diego Bonefoi y en los que murieron otros dos hombres.

El Ministerio de Gobierno de Río Negro, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía de esa provincia comunicaron oficialmente que, además, el personal "habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados" en el operativo que derivó en las muertes de Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16).

Los afectados por esta sanción disciplinaria son el jefe de la Unidad regional II de Bariloche, comisario Argentino Hermosa; y su segundo, comisario Fidel Veroiza; y en lugar del primero de ellos fue designado el comisario mayor Edgardo Rubén Pérez, quien era el director de Seguridad de la policía provincial.

Estos cambios surgen de la investigación administrativa que hizo Asuntos Internos a partir de las versiones que indicaban que Carrasco y Cárdenas habrían muerto baleados por la policía.
"(...) se constata por parte de un reducido grupo de empleados policiales con servicios de dicha unidad, el incumplimiento de órdenes oportunamente impartidas por el Comando de la Jefatura de Policía", señaló el comunicado oficial.

De acuerdo al informe, esas órdenes "han sido inobservadas en total trasgresión a normas reglamentarias vigentes en la institución policial", por lo que el personal incurrió "en desobediencia e incumplimiento".

Y añade que "ha surgido con entidad suficiente a través de la investigación administrativa interna, que personal policial habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados, sin haberse podido determinar su utilización en las tareas de contención y disuasión" durante los disturbios.

Finalmente se dispuso individualizar a los efectivos del grupo antitumulto Bora que en aquellos hechos "hayan tenido a su cargo la utilización de armas tipo escopeta Itaka".

Ante esta situación, el secretario de Seguridad y Justicia, Víctor Cufré, junto al jefe de Policía de Río Negro, comisario general Jorge Villanova, pusieron a disposición de la Justicia todas las actuaciones administrativas realizadas.

Por su parte, el juez penal de Bariloche Martín Lozada investiga a unos 100 policías para determinar si tuvieron responsabilidad en las muertes de Cárdenas y Carrasco. En tanto, la causa por el crimen de Bonefoi está en manos del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, quien luego de tomar indagatoria al policía detenido Sergio Colombil se había excusado al invocar razones de "honor", ante publicaciones periodísticas que lo sindicaban como engranaje de la "corporación judicial".

Gaimaro había reemplazado Lozada, quien fue apartado por la Cámara Segunda, en un fallo que lo acusó de no poder garantizar "imparcialidad" y anuló el procesamiento con prisión preventiva de Colombil, quien sostuvo que se le escapó el tiro.

El hecho ocurrió el 17 de junio, cuando Colombil y otros efectivos persiguieron a Bonefoi y otros tres jóvenes, quienes presuntamente huían tras robar en una casa del barrio Boris Furman, en el alto de Bariloche. En medio de esa persecución, el adolescente recibió un balazo en la cabeza y murió, mientras que el cabo quedó detenido.

Cuando el entonces juez de la causa Lozada procesó a Colombil, consideró que el policía había cometido un "homicidio calificado por alevosía", ya que le había disparado a la víctima indefensa a dos o tres metros de distancia y por la espalda.

El crimen derivó en violentos incidentes, cuando vecinos del alto Bariloche atacaron la sede de la comisaría 28va., donde trabajaba el policía y que debió ser trasladada a otro edificio. Durante esos episodios, que se fueron incrementando con el correr de las horas, Carrasco y Cárdenas murieron baleados y hubo una docena de heridos.