29 de diciembre 2008 - 00:00
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Se refirió así a que, puntualmente, el máximo tribunal debe dictar sentencia en la causa Villacampa, en la que dos hombres fueron condenados por llevar un cigarrillo de marihuana cada uno y que apearon hasta llegar al máximo tribunal.
La decisión de la Corte coincidiría con la posición del Gobierno sobre el tema: reemplazar la sanción penal por la asistencia médica y optimizar los recursos de la justicia para investigar y condenar a los vendedores de estupefacientes.
Por otra parte, Lorenzetti negó que la sentencia de la Corte esté de alguna manera supeditada a la política del Gobierno en la materia, que este lunes a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, informó que está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas que incluiría "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención".
"Son poderes diferentes. El Poder Ejecutivo tiene una política sobre el tratamiento de la drogadicción, y aún habiendo sanción penal (para el consumo) puede plantear la necesidad de que haya asistencia pública", distinguió Lorenzetti.
A diferencia de Fayt, el presidente de la Corte fue más prudente al momento de hablar de plazos para la sentencia y sostuvo que "siempre es difícil en fijar una fecha en estas causas" dada la importancia que tienen "para la Corte y para la sociedad".




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