2 de febrero 2007 - 00:00
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La paciente ha recibido "bien" el dictamen del Comité Autonómico de Ética del Gobierno de Andalucía, según manifestó a Efe su letrado, quien calificó la resolución de "un paso sustancial, muy importante y que crea un precedente grande".
Advirtió, no obstante, de que aunque se trata de "un gran paso" no es el definitivo, ya que la Consejería de Salud ha pedido también su dictamen al Consejo Consultivo "para dar mayor protección jurídica a la viabilidad de la desconexión", señaló el abogado.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que ha asesorado a Inmaculada en todo el proceso, consideró que este dictamen es "positivo", tanto para la enferma como para el futuro de otras personas que se encuentran en situación parecida.
"Sienta un precedente para pacientes que en adelante se encuentren en una situación similar a la de Inmaculada y quieran hacer valer su derecho a morir dignamente", dijo Caballero.
Uno de los vocales del Comité, Pablo Simón, explicó que no es un caso de solicitud de eutanasia, sino de una decisión que "forma parte de la práctica habitual de muchos hospitales", como los enfermos de cáncer que rechazan continuar con la quimioterapia.
Añadió que se han tenido en cuenta dos informes psiquiátricos y psicológicos, que señalan que la enferma está plenamente capacitada para hacer esta petición.
Además, el Comité precisa en su dictamen que antes de retirarle el respirador se debe garantizar que ha planteado su solicitud "de forma libre y autónoma" y que tiene "toda la información necesaria de lo que sucederá".
También se puntualiza que la retirada del respirador debe hacerse bajo sedación profunda "para evitar al máximo el sufrimiento de la paciente" y que, en caso de que el equipo médico del Hospital San Rafael rechace hacerlo alegando objeción de conciencia, el Servicio Andaluz de Salud "deberá garantizar la satisfacción del derecho de Inmaculada trasladándola a otro hospital".
Simón argumentó que esta acción "no viola ningún precepto de deontología" y que es coherente con "la teología moral actual católica, que condena el encarnizamiento terapéutico".
Fuentes del Consejo Consultivo de Andalucía señalaron que ya han recibido la petición de consulta de la Consejería de Salud y que tienen un plazo de un mes para emitir su resolución.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, declaró que se "obrará en consecuencia" cuando se tenga el dictamen del Consejo.



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