Nicolás Mendioroz Juncosa era buscado desde 2022 por presuntas estafas y administración fraudulenta. Uno de los denunciantes aseguró que administraba más de u$s170.000 destinados a inversiones en criptomonedas.
La investigación judicial incluye presuntos delitos de estafa y administración fraudulenta
La Justicia de Salta se prepara para recibir a Nicolás Mendioroz Juncosa, acusado de presuntas estafas vinculadas con inversiones en bitcoin, quien fue localizado y detenido en Australia después de permanecer prófugo desde 2022. Su extradición está prevista para el próximo jueves 15 de octubre, cuando las autoridades australianas lo entregarán a Interpol para concretar su traslado a la Argentina.
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El acusado tenía una orden de captura nacional e internacional desde que abandonó Salta en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. La investigación judicial incluye presuntos delitos de estafa y administración fraudulenta relacionados con operaciones con criptomonedas.
Según declaró uno de los damnificados al diario El Tribuno, Mendioroz Juncosa administraba en 2021 más de u$s170.000 que habrían sido destinados a inversiones en activos digitales. Los denunciantes sostienen que el acusado se habría llevado el dinero y permaneció fuera del alcance de la Justicia durante casi cuatro años.
Tras su detención en Australia, se avanzó con los procedimientos necesarios para trasladar al acusado a Salta y ponerlo a disposición de los tribunales provinciales.
Durante el trámite de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa solicitó que pudiera regresar por sus propios medios, sin ser trasladado bajo custodia. Asimismo, según informó Informate Salta, su familia ofreció un inmueble como caución real.
Sin embargo, los denunciantes rechazaron ambas propuestas y reclamaron que se mantuvieran las condiciones de traslado establecidas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas.
“Nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron varios de los damnificados.
También cuestionaron que el acusado hubiera permanecido fuera del país durante tanto tiempo y señalaron que “seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”.
La intervención de Interpol renovó las expectativas de las víctimas, que llevan años reclamando respuestas por los fondos presuntamente perdidos.
“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron los denunciantes, quienes consideraron que la localización del acusado les abrió una nueva posibilidad de avanzar con la causa judicial.
En paralelo, la Justicia salteña resolvió otra investigación relacionada con una financiera ilegal que prometía rendimientos extraordinarios a sus inversores.
Patricia Jimena Vidaurre fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por 48 hechos de estafa vinculados con la firma denominada Inversiones Alyson, que ofrecía retornos semanales de entre el 40% y el 60%.
La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado acordado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y homologado por el juez Nicolás Rodríguez Pipino.
La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando varias personas denunciaron que habían entregado dinero a la firma, que operaba sin autorización. Las inversiones se coordinaban principalmente a través de grupos de WhatsApp y los fondos se recibían mediante transferencias bancarias o en efectivo.
En un primer momento, los inversores recibían los intereses prometidos, pero posteriormente comenzaron las demoras hasta que los pagos se interrumpieron.
Como parte del acuerdo judicial, Vidaurre deberá indemnizar a las víctimas con $35 millones en nueve cuotas. Además, uno de sus inmuebles permanecerá embargado hasta completar el pago.
La condenada también tendrá que cumplir reglas de conducta durante tres años. Mientras tanto, la situación judicial de otros dos involucrados en la investigación continúa pendiente de resolución.