Un grupo de universitarios realizan una "sentada" en las oficinas de la Secretaría de Educación. Finalmente, fueron evacuados de manera violenta, con gases lacrimógenos y escudos.
Estudiantes universitarios ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
La Policía Federal desalojó este miércoles de manera violenta a un centenar de estudiantes universitarios que había ingresado al Palacio Pizzurno para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El operativo incluyó gases lacrimógenos y escudos.
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Antes del desalojo, los estudiantes habían reclamado una respuesta al secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien no respondió a sus pedidos y convocó a los efectivos policiales. “Se nos acabó la paciencia”, señalaron los manifestantes durante la protesta.
El reclamo comenzó en las inmediaciones del Palacio Sarmiento, ubicado en el pasaje Pizzurno, en el barrio porteño de Recoleta, donde funciona la Secretaría de Educación, a cargo de Torrendell, funcionario del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Los estudiantes iniciaron la protesta frente al Palacio Sarmiento, que luego derivó en el ingreso al edificio para realizar una permanencia pacífica. Las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso, lo que generó forcejeos con los manifestantes. Quienes lograron ingresar mantuvieron una sentada en el piso de la Secretaría, hasta que se produjo el desalojo.
Tras el operativo, el Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará ante la Justicia la toma del Palacio Sarmiento. En un comunicado, calificó el ingreso de los manifestantes como una “toma violenta” y aseguró que se produjeron daños al patrimonio público.
Según la cartera que conduce Pettovello, la evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina. El Gobierno señaló que la intervención permitió recuperar las instalaciones.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
La cartera también cuestionó que la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios estatales sean utilizados como métodos de protesta.
El Gobierno remarcó que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar los reclamos y confirmó que recurrirá a la Justicia para determinar qué ocurrió durante la protesta y quiénes serían responsables de los daños denunciados.
El principal reclamo que había llevado a los universitarios a protestar era el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa había sido aprobada por el Congreso y defendida en la Justicia por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, había expresado Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.
En las últimas horas, el juez Martín Cormick había dado lugar a una presentación de ambas instituciones y ordenado al Ejecutivo cumplir con lo presupuestado en la normativa. Además, había declarado la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley y condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento.
Además de la ejecución de la ley, los estudiantes reclamaban un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.
“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos”, había sentenciado Bär Larralde.