Febres: van por más responsables

La Justicia reanudará hoy las indagatorias a cinco prefectos imputados por presuntas irregularidades en las condiciones de detención del fallecido represor Héctor Febres. Los prefectos fueron imputados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien no dispuso la detención de los uniformados.

Tres de ellos ya fueron indagados y otros dos serán escuchados por la magistrada a partir de este miércoles.

De esa forma, ya son siete los integrantes de la Prefectura involucrados en la causa en la que se investiga la muerte del represor, ocurrida poco antes de que se conociera la sentencia en un juicio que se le seguía por crímenes cometidos durante la dictadura.

La jueza Arroyo Salgado ya había imputado por presunto homicidio y dispuesto la detención del ex jefe de la Zona Delta de Prefectura, Rubén Iglesias, y del encargado de la custodia de Febres, Angel Volpi.

Por el escándalo, el gobierno nacional dispuso en su momento desplazar al jefe de la Prefectura. Según trascendió, la jueza descubrió que Febres recibía visitas no registradas mientras se encontraba detenido en dependencias de esa fuerza.

Febres apareció muerto el 10 de diciembre pasado en su lugar de detención, el edificio de la Zona Delta de Tigre. La autopsia hecha sobre su cadáver determinó que fue envenenado con cianuro.

Organizaciones de derechos humanos presentarán, por su parte, hoy, a las 11.30, una denuncia por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 5, por las condiciones de detención del fallecido Febres.

Así lo confirmó a la agencia «Noticias Argentinas» el abogado Luis Bonomi, representante de la querella en el juicio contra Febres, quien murió por presunto envenenamiento con cianuro días antes de que se conociera el veredicto del proceso que se le seguía por delitos de lesa humanidad.

«Hemos planteado en varias oportunidades el tema de los detenidos, nunca nos hicieroncaso y se llegó adonde se llegó», lamentó Bonomi.

En el texto de la denuncia, las organizaciones de derechos humanos califican de «inexplicables e inadmisibles» las condiciones de detención de Febres y subrayan que los jueces responsables de la situación del prefecto «no pueden dejar de responder» por su muerte, hecho «que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando».

La denuncia alcanza al titular del Juzgado de Instrucción Federal 12, Torres, y también a los responsables del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado.

Los patrocinantes de la denuncia solicitarán que los magistrados «sean sometidos al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción de los cargos que ostentan».

Firmaron el documento el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, y los letrados Myriam Bregman y Bonomi, representantes de la querella en la causa contra Febres. Una garantía de justicia.