Licitarán desarmaderos para sacarlos de la delincuencia

De la ilegalidad casi absoluta y base de un delito que provocaba un homicidio diario, el negocio de los desarmaderos de autos marcha a convertirse en un comercio regulado por el Estado que, incluso, llamaría a licitación pública para otorgar la explotación de esa actividad.

Luego de la avanzada policial y judicial sobre esa actividad -que promovieron Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero-, la normalización del mercado del desguace de automóviles y comercialización de repuestos usados se instaló en la agenda política en la provincia de Buenos Aires.

• Negocio rentable

A pesar de que León Arslanian continuó la tendencia de Cafiero manteniendo la presión sobre los desarmaderos, en la actualidad ese rubro es altamente rentable y, además, está lejos de desaparecer: de hecho, en la provincia se roban unos 190 vehículos por día.

Esa es la raíz de un negocio que mueve unos 400 millones de pesos anuales y que está permanente en la mira policial: por caso, en agosto, se clausuraron 812 comercios ligados al desarme o la comercialización ilegal de repuestos de autos robados.

Así y todo, en los últimos meses se registró un recrudecimiento de esos delitos. Al punto de que Arslanian reunió a los jefes de las departamentales y, números en mano, los cuestionó por «descuidar» lo referente a la persecución de bandas dedicadas a esa actividad.

En la misma línea, el viceministro de Seguridad, Martín Rias Duval, reconoció que se produjo un incremento en el robo de autos y anunció que se agudizará el control sobre talleres mecánicos y remiserías «truchas» donde, dijo, se utilizan vehículos «mellizos».

Y en su costado más duro, la estadística revela que cada 60 horas se produce un homicidio vinculado con el robo de autos. De hecho, según datos del CESVI, 85% de los robos se produce a «mano armada» cuando hace diez años sólo 31% de los robos tenía esas características.

• Proyecto

Frente a ese escenario, en la Legislatura bonaerense ingresó ayer un proyecto para limitar la existencia de desarmaderos a una cantidad «razonable», cuya explotación se licite a través del gobierno y que desagote esa actividad del conurbano bonaerense.

El texto fue presentado por el diputado Raúl Pérez. «Acompañala política del gobierno para combatir este tipo de delitos», dijo el legislador. Aunque no hubo consulta con la cartera de Seguridad, fuentes oficiales dijeron que Solá acompaña la iniciativa.

El proyecto, que anticipa serias disputas, propone lo siguiente:

• El gobierno dispondrá la radicación de un «número razonable» de desarmaderos cuya explotación se licitará en forma pública y cuyos explotadores deberán pagar un canon al Estado, además de los impuestos propios de la actividad.

• Los desarmaderos deberán radicarse en zonas industriales o rurales, lo que excluye a la mayoría de los distritos del Gran Buenos Aires, donde en la actualidad se concentra el mayor número de comercios de este tipo. En el conurbano funcionan alrededor de 50 desarmaderos legales a los que deben sumarse entre 100 y 150 ilegales.

• Los locales funcionarán además como depósito fiscal para vehículos secuestrados o en poder de la Fiscalía de Estado.

• Cada establecimiento deberá llevar un registro sobre los vehículos y los repuestos que tiene en stock, información que estará integrada a un software informático, de acceso para el control judicial e impositivo.

• La titularidad de la adjudicación de un establecimiento no podrá venderse ni cambiarse y, asimismo, sus propietarios no podrán tener antecedentes penales. Los desarmaderos actualmente en funcionamiento tendrán 180 días para reubicar, vender o liquidar la mercadería que posean a los nuevos establecimientos.