Logra Solá excepción: Buenos Aires perseguirá tenencia de droga

Un Felipe Solá distendido posa junto a Daniel Scioli y a la reutemista senadora Roxana Latorre, después de la reunión que mantuvo ayer en la Cámara alta. Lejos, León Arslanian contempla la postal.

Felipe Solá se llevó ayer un inesperado triunfo del Senado de la Nación, adonde fue a pedir autorización para perseguir en jurisdicción bonaerense los delitos menores en materia de narcóticos. Aunque no está dicha la última palabra, gracias a la aprobación del Congreso, los tribunales de La Plata lograrían la competencia para intervenir en casos de tenencia, controlarían la falsificación de las recetas médicas y la entrega, suministro, facilitación y siembra o cultivo de drogas destinado a consumo personal. En el caso de comercialización, el límite podría fijarse en 300 gramos.

Consciente de que oficialistas y opositores rechazaban un traspaso generalizado de las causas por tenencia de drogas del fuero federal a los provinciales, Solá arribó al palacio de las leyes con la idea de dejar en libertad al interior para que adhiera o no a la norma que sancionarían Diputados y Senadores. Además, exhibió jurisprudencia de la Corte que habilitaría, por excepción, a que la provincia de Buenos Aires combata la ola de inseguridad con mayores herramientas al reprimir la posesión de estupefacientes ( existe la convicción de que robos y secuestros están vinculados con el consumo de narcóticos).

Sin necesidad de afectar al resto de los distritos -que no quieren saber nada con tomar causas de índole federal y pasarlas a manos de magistrados locales-, podría modificarse la ley nacional sobre la base de esa jurisprudencia y dejar en manos de Buenos Aires la persecución de estos crímenes al menudeo.

En todo caso, las provincias que quieran seguir los pasos de Solá podrían adherir -vía las respectivas legislaturas- a esta norma, de acuerdo con los argumentos que desplegaron delante de los senadores los ministros León Arslanian (Seguridad) y Eduardo Di Rocco (Justicia). Escucharon con atención los peronistas Eduardo Menem, Jorge Yoma, Roxana Latorre y el presidente provisional de la Cámara alta, Marcelo Guinle, más el vice de la Nación, Daniel Scioli, y el radical Jorge Agúndez, responsable de una de las comisiones clave, que necesariamente debe analizar el tema, Justicia y Asuntos Penales.

Frente a la platea -a la cual se acoplaron intendentes del PJ del conurbano-, exhibieron fallos de la Corte que permitirían restringir la jurisdicción federal, pero sin imponer una regla general para todo el país. El ministro Di Rocco reveló a este diario que había acuerdo entre las bancadas mayoritarias para debatir el texto en un plenario de comisiones el miércoles de la semana que viene.

• Fondos

Si bien Solá y compañía no hablaron de fondos, está claro que el traspaso de competencia forzará el reclamo de partidas presupuestarias de la Nación a la provincia. Los radicales Carlos Prades, Agúndez y Ernesto Sanz descubrieron un aspecto hasta ahora no demasiado comentado. De acuerdo con lo que establece la Constitución nacional, artículo 75, inciso 2°, en el caso de que hubiera una transferencia de competencia a las provincias, el gobierno federal debería hacer lo propio con los fondos.

Es decir que la administración de Néstor Kirchner tendría que disponer la correspondiente partida presupuestaria para que los jueces provinciales asumieran facultades que, todavía, pertenecen a sus colegas nacionales. Entre otras cosas, los presos por posesión de droga para consumo personal dejarían de ser detenidos federales -solventados por el Tesoro de la Nación-, y pasarían a convertirse en responsabilidad de las cárceles del interior, lo cual ocasionaría gastos no previstos actualmente en las cajas locales. La discusión amerita, apuntan allí, que la iniciativa sea tratada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, además de las actuales, Justicia y Seguridad Interior y Narcotráfico que comanda la justicialista salteña Sonia Escudero.

La delegada de Salta consideró «sospechoso tanto interés de los intendentes en un tema vinculado con la relación Nación-provincias, ya que de ningún modo esta cuestión de competencias puede ni debe trabar el accionar de la Bonaerense ni de otras fuerzas policiales en la investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas». Ayer, los ministros de Solá se quejaron de que los fiscales federales, en muchos casos, no dejaban intervenir a la Policía provincial.