9 de agosto 2006 - 00:00
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Irónica imagen, si no fuera el retrato de un drama que mezcla indigencia con ineptitud. Veinte
familias ocuparon ayer viviendas nuevas construidas con dinero público portando sus
banderas políticas con los carteles de propaganda oficial.
Un grupo de vecinos de la Villa 1-11-14 cortóel cruce de las calles Varela y Perito Moreno -a dos cuadras de los edificios ocupados-.
«Cortamos la calle para que vengan los funcionarios y resuelvan este problema y nos iremos cuando eso pase», dijo la delegada Blanca Arce, quien explicó que «esos departamentos fueron adjudicados a vecinos de la villa por una obra de apertura de calles y para eso se aplicó un mecanismo que permite la reubicación de las familias, que deberán pagar en 30 años sus viviendas».
Desde el IVC sostuvieron que «los vecinos de Rivadavia I tomaron la decisión de volver a entrar porque no tienen en cuenta el tiempo que lleva elaborar los instrumentos para trabajar seriamente en este tema».
En cambio, representantes del Barrio Rivadavia denunciaban que desde «hace más de 40 años, el barrio no recibe ninguna solución a su problema, mientras el Gobierno le adjudica a los de la villa los nuevos edificios».
El 4 de julio pasado, cientos de personas saquearon los departamentos de siete torres donde luego vecinos del lugar tomaron las viviendas.
A partir de esa situación, Telerman, mediante un decreto de necesidad y urgencia, determinó la intervención del IVC y nombró a su presidente, Freidin, como interventor, relegando las funciones de los directores. Sin embargo, la Legislatura porteña, mediante un despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, decidió no convalidar el decreto por considerar que el jefe de Gobierno no requería de esa norma para intervenir el organismo.
Los ocupantes de departamentos del Bajo Flores porteño comenzaron anoche a abandonar el edificio tras dialogar con el interventor del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Freidín.
El funcionario les aseguró que hoy comenzaráun relevamiento habitacional en el barrio Rivadavia, donde viven los ocupantes, para cumplir con lo prometido hace dos meses por el Gobierno porteño.




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