La Justicia Civil ordenó un embargo preventivo de $ 2 millones a favor de los padres de una joven que falleció luego de haber sido atropellada por un camionero, hace poco más de dos años.
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La resolución fue adoptada por la jueza en lo Civil Gabriela Iturbide, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la familia Ricail, y mediante la cual se ordenó trabar embargo preventivo a una compañía de seguros, en uno de las montos más altos fijados por la Justicia por valor de la vida humana.
En su resolución, la jueza ordenó trabar un embargo por $ 2 millones, de los cuales 1 millón corresponde a dinero presupuestado por capital y el millón restante en concepto de intereses, costas y honorarios.
El accidente que originó la demanda tuvo lugar el 27 de junio de 2007, cuando Paola Andrea Ricail, de 18 años de edad, fue atropellada por el conductor de un camión, en la intersección de la avenida Iriarte y la calle San Antonio, en el barrio porteño de Barracas.
Como consecuencia del hecho, la joven sufrió politraumatismos y hemorragia interna, lo que le provocó la muerte.
A raíz del hecho, el camionero fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de "homicidio culposo" y fue inhabilitado para conducir por 5 años.
Según el patrocinante de la familia Ricail, Gregorio Dalbón, los "criterios del valor de la vida difieren según los distintos jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, teniendo en cuenta la edad de la víctima -en este caso 18 años-, quien tenía una hija de 16 meses".
Dalbón aseguró que "ameritan estas cifras o aún una mayor habida cuenta de que la demanda asciende a la suma de $ 5 millones".
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