Ordenan poner fin a la tala de los bosques de Salta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió el desmonte y tala de árboles en zonas habitadas por indígenas en los departamentos salteños Orán, San Martín y Rivadavia.

El máximo tribunal también convocó a una audiencia pública en febrero próximo, para que los demandantes y los estados nacional y provincial expongan sobre la situación denunciada.

"Corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados", sostiene la resolución de la Corte, que contó con decisión unánime de sus miembros.

La medida cautelar se refiere sólo a las autorizaciones extendidas desde el último trimestre de 2007, ya que a partir de entonces "se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos" para los desmontes y talas de bosques, señala el texto.

La secretaria de Política Ambiental de Salta, Cristina Camardelli, consideró "muy oportuno" el pronunciamiento del tribunal en el contexto de la recientemente ley de Ordenamiento Territorial, modificada por los legisladores provinciales y blanco de críticas de las comunidades indígenas y ambientalistas locales.

"Este es un punto de inflexión importante y se puede interpretar de varias maneras, pero sin duda es un buen momento muy oportuno para la toma de decisiones. Las modificaciones que el Senado hizo a la ley fue visto como un avasallamiento por las comunidades", dijo la funcionaria a una agencia de noticias.

Camardelli también dijo que el ejecutivo salteño esperaba tener cuanto antes el oficio de la Corte Suprema para emitir opinión, sobre todo en lo referido a los territorios que los indígenas reclaman y la nómina de empresas y empresarios de agronegocios que pidieron y recibieron autorizaciones para desmontar. 

La Corte requirió al gobierno de Salta que, en el plazo de 30 días, le informe los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de "todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en aquellos departamentos".

Por pedido de once comunidades indígenas, diez wichís y una guaraní, y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, integrada por criollos, la Corte ordenó "el cese de los desmontes y tala de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia".

La abogada Alicia Oliveira, ex Defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que junto a Raúl Ferreyra hizo la presentación en nombre de los indígenas, sostuvo que el fallo de la Corte "es muy importante".

"Los únicos que se llenan los bolsillos son los que desmontan y esta situación no sólo complica a los aborígenes sino también a los criollos", dijo a una agencia de noticias la abogada y aclaró que "la docena de caciques de la que hablan los medios representan a unas 20 mil personas".

La audiencia pública será 18 de febrero a las 10, para que las partes en litigio -los demandantes y los estados Nacional y de Salta- expongan de manera oral sobre la situación denunciada.

En una acción de amparo, las comunidades indígenas habían reclamado que, al dictar sentencia definitiva, se condene a "recomponer y reestablecer el ambiente al estado anterior a la producción del daño" y, si no fuera posible, que "se fije una indemnización sustitutiva" a favor de las comunidades.

La resolución, en la que en contra del dictamen de la Procuración General de la Nación la Corte se atribuyó competencia originaria, fue firmada por el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.