El subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, explicó que la obra lindante con la casa que se derrumbó en Caballito no fue clausurada porque, si se avanzaba con esa medida, «la empresa no podía reparar las irregularidades» que fueron detectadas el lunes durante la inspección realizada por el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, desde la compañía aseguran haber « tomado todos los recaudos necesarios, pero no fueron suficientes» en este caso.
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En tanto, vecinos del barrio realizaron anoche una protesta pidiendo la renuncia de funcionarios del gobierno porteño, ya que, según dijeron, el 18 de enero se produjo un incidente similar al ocurridoel pasado lunes. Peña -por la mañana- había explicado que la falta de seguridad que presentaba la obra, que no cumplía con lo requerido en el Código de Edificación, «fue certificada por un inspector del Gobierno de la Ciudad y se intimó a la paralización de la obra en general, pero también a restablecer determinadas condiciones que habían sido afectadas en el proceso de excavación y que ponían en riesgo edificaciones linderas».
Aunque se haya realizado la intimación, las malas condiciones se mantuvieron y no se avisó a los habitantes de la vivienda sobre ese problema.
En tanto, tanto Peña como el director general adjunto de Fiscalización de Obras y Catastro porteño, Santiago Salva, fueron citados por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad, Alvaro González, para el próximo martes para conocer en detalle los controles realizados.
Por su parte, Luciano Testoni, gerente administrativo de la empresa constructora Credil SA, afirmó que «las reglas de construcción las hemos cumplido» y agregó que «habría que prestar atención a los fenómenos meteorológicos que superan las previsiones que uno pueda tomar». Además, señaló que «la semana pasada fueron dos ingenieros del Gobierno porteño y no objetaron la obra», pero que el lunes dejaron una notificación.
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