Por frenar la ola de delitos: ¿se animará Cristina de Kirchner a imitar a Berlusconi?

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Hay polémica en Italia por la decisión del premier Silvio Berlusconi de utilizar a 2.500 militares para reforzar el patrullaje en las zonas más afectadas por el delito.

En nuestro país, entre tanto, asistimos a un nuevo pico en los ya altísimos índices de hechos delictivos violentos. Entre el sábado y el lunes, hubo tres asesinatos en ocasión de robo, que se suman a una ola infernal. Pero hay más. Las armas secuestradas a los delincuentes que el miércoles pasado asesinaron al empresario-Ernesto Mata en su casa de Martínez habían sido robadas a la Policía Federal y al Ejército.

Un custodio del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sufrió esa misma semana el robo de su auto en Villa Ballester.

A poco de asumir, el ministro de Economía, Carlos Fernández, vivió un episodio violento cuando delincuentes intentaron robarle el auto en la puerta de su domicilio de Bernal y se tirotearon con la custodia.

También fue asaltada la vivienda del director de la SIDE, Héctor Icazuriaga, en Río Gallegos, Santa Cruz.

Jorge Rivas, vicejefe de Gabinete, no se ha recuperado aún de las lesiones sufridas cuando en noviembre pasado lo asaltaron en Lomas de Zamora.

  • Espionaje

    Hace unos meses, Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, fue víctima de espionaje satelital por una banda que vigilaba sus movimientos con el fin de asaltar su vivienda.

    Cuando era ministro de Defensa, José Pampuro padeció el desvalijamiento de su casa del barrio de Caballito, hecho al que el gobierno puso sordina.

    Todo esto configura un inquietante grado de vulnerabilidad del propio Estado frente a la delincuencia, que no puede más que incrementar el sentimiento de indefensión de la ciudadanía.

    La revista «Foreign Policy» y el Fondo para la Paz monitorean a los países del mundo con riesgo de convertirse en «Estados fallidos». Un factor que consideran es la pérdida por parte del Estado del control de parte de su territorio y/o del monopolio del uso de la fuerza.

    Cuando en octubre del año pasado tres policías bonaerenses que custodiaban una planta transmisora del Ministerio de Seguridad en La Plata fueron brutalmente asesinados, el entonces presidente Néstor Kirchner dijo que el hecho no podía ser casual «tan cerca de las elecciones». Su esposa y candidata presidencial, Cristina Fernández, afirmó: «Hay intereses a los que les molesta lo que estamos haciendo desde el gobierno».

    No era la primera vez que el matrimonio presidencial se declaraba amenazado. Cuando en abril de 2007 un hombre chocó un camión contra su casa de Río Gallegos, Néstor Kirchner gritó «¡atentado!». Tiempo antes, a poco de asumir, había denunciado amenazas telefónicas. Algo como mínimo extraño, tratándose de la máxima autoridad del Estado.

    Los últimos hechos de inseguridad dieron pie a un cacerolazo frente a la residencia presidencial. En simultáneo, se supo que hubo amenazas de bomba en el colegio al cual asiste Florencia Kirchner, la hija de la presidente de la Nación. La conclusión sería que somos todos iguales en la vulnerabilidad frente al delito. No hay a quién recurrir, entonces, ni ante quién reclamar.

    El triple crimen de La Plata, al que el gobierno atribuyó intencionalidad política, no ha sido esclarecido aún y casi nadie recuerda ya al intruso que se paseó durante tres horas por los jardines de Olivos en una madrugada de octubre de 2004.

    Cuando el delito vulnera a representantes y organismos públicos y éstos manifiestan impotencia al respecto, empieza a estar en duda el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y resalta aún más el absurdo de que un gobierno, incapaz de utilizar los instrumentos estatales de que dispone para proteger a la ciudadanía del delito, permita que uno de sus voceros oficiosos convoque a «armarse en defensa de la Patria».

    El sábado, en Gualeguaychú, el gobierno quiso emular la respuesta represiva del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a las protestas en las rutas de su país. Fracasó, porque carece de autoridad para ello quien apañó otros cortes de ruta y hasta de fronteras internacionales. Cuesta imaginar que, frente al delito, intente emular ahora la iniciativa de Berlusconi, pero algo deberá hacer, si no con el fin de proteger la vida y la propiedad de sus gobernados, al menos en defensa propia, ya que la vulnerabilidad que exhiben sus funcionarios ante el delito es por demás inquietante.
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