Un grupo de damnificadas por los desmontes y desalojos en el norte argentino se instaló hoy frente a la residencia que el presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández tienen en El Calafate para reclamar su directa intervención ante el avance de las topadoras.
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"Vinimos hasta aquí porque sabemos que el Presidente y su esposa pasan sus vacaciones en el verano en El Calafate y queríamos pedirles su apoyo y su compromiso, porque estamos a punto de perderlo todo y hasta ahora no hemos logrado que nadie nos escuche", sostuvo Elsa del Carmen Gerez, una de las mujeres que participa del reclamo.
La protesta, que cuenta con el apoyo de Greenpeace, está siendo impulsada por las autodenominadas "Madres del Monte" e integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que viajaron más de 3.500 kilómetros para reclamar que "paren los desmontes y los desalojos".
Según informó Greenpeace mediante un comunicado, las mujeres armaron esta tarde un campamento frente a la residencia que tiene el matrimonio Kirchner en El Calafate esperando ser recibidas.
Las mujeres son oriundas de Algarrobal Viejo, un paraje ubicado en el límite entre Santiago del Estero y Salta; sus pobladores son muy humildes, viven del monte y crían animales (cerdos, gallinas y cabras).
"Pero el pueblo está a punto de desaparecer debido a una solicitud de desmonte por 13.260 hectáreas, que estaría próxima a ser autorizada por la provincia de Salta a la empresa Rumbo Norte SA", indicó la organización ambientalista.
El año pasado, el diputado transversal Miguel Bonasso presentó un proyecto para declarar la "emergencia forestal" en todo el país y frenar los desmontes indiscriminados, pero la propuesta encontró fuertes resistencia en el bloque del Frente para la Victoria y sólo fue aprobada "en general".
El texto no llegó a ser analizado artículo por artículo en la Cámara de Diputado porque los legisladores oficialistas de Salta, de Chaco, Formosa y Misiones se opusieron firmemente, con lo que tensaron la situación puertas adentro del bloque oficialista.
Los diputados que rechazan el proyecto quieren que la decisión de declarar o no la emergencia quede en manos de cada provincia y que en lugar de ser las universidades públicas las que analicen el impacto ambiental del desmonte de los bosques nativos sean las propias empresas las que lo hagan mediante una declaración jurada.
Según denunció Greenpeace, en 2002 se calculó que quedaban en el país alrededor de 33 millones de hectáreas de bosque, pero por año se transforman 250 mil hectáreas, el equivalente a 40 canchas de fútbol por hora.
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