Diputados avanza el proyecto que impide las esterilizaciones forzadas en personas con discapacidad

Con 237 votos a favor, la Cámara baja dio media sanción a un proyecto que modifica el régimen de contracepción quirúrgica y que incorpora la necesidad del consentimiento frente a ello.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la Ley 26.130, para que las personas con discapacidad tengan derecho a expresar su voluntad de acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica como ligadura de trompas y vasectomías.

La iniciativa que pasó al Senado para su tratamiento, fue aprobado en Diputados por 237 votos positivos, una abstención del legislador macrista Francisco Sánchez y un voto en contra del legislador del Frente de Todos (FdT), Esteban Bogdanich.

Con la participación en la elaboración por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo que dicta las políticas públicas sobre el área, apunta a impedir las "esterilizaciones forzadas" en aquellas personas que posean algún tipo de discapacidad.

En este sentido, Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de Andis afirmó que "todos tienen derecho a brindar su consentimiento previo, libre, pleno e informado a la esterilización quirúrgica, en igualdad de condiciones con las demás personas. Solo se las puede esterilizar si solicitan la práctica y brindan su consentimiento por sí misma y con sistemas de apoyo".

De esta manera, Galarraga expresó que el apoyo es siempre voluntario y que "solo la persona lo puede pedir y el mismo debe seguir siempre sus instrucciones y respetar su decisión. Nunca se puede reemplazar su determinación por el consentimiento, la autorización y/o el asentimiento de terceras personas, incluidas las personas de su familia o la persona que actúa como apoyo".

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Al exponer en el debate, la diputada Claudia Najul recordó que desde 2006 la ley de anticoncepción quirúrgica, que garantiza que toda persona mayor de edad, capaz, que brinde su consentimiento informado tiene derecho a acceder a los servicios de salud.

Si bien esta situación significó un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, permitiendo el deseo a la planificación familiar, se expresa un "ataque" a los derechos humanos. En este sentido, Najul agregó: “En nuestro país se realizaron esterilizaciones forzadas, no consensuadas, a muchas personas con discapacidad, ya que la redacción de esta norma lo avalaba. A ellas nos se les consulta si quieren o no someterse a esas prácticas, en muchos casos ni siquiera se les informa y mucho menos se les pide un consentimiento informado”.

Por último, se precisó que "la intención era poner la ley a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cumpliendo con un reclamo desde hace varios años".