El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reglamentó la ley 7908, de adhesión a la ley nacional 26928, de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas, que beneficiará en esta provincia alrededor de 1.500 personas.
Sáenz firmó la reglamentación de la Ley 7908 de protección integral para personas trasplantadas
SALUD-SALTA - Agencia TELAM
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"Firmé la reglamentación de la Ley 7908, de adhesión a la Ley Nacional 26928, por la cual se crea un Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas", expresó hoy Sáenz en su cuenta de la red social Twitter.
Luego, comentó: "Esta norma de mi autoría nació cuando me desempeñaba como senador provincial y genera un régimen de protección integral para quienes hayan recibido un trasplante o se encuentren en lista de espera, beneficiando de esta manera a muchísimos salteños".
"Es un logro muy grande e importante para todos. La salud es política de Estado para este Gobierno, la salud es prioridad", destacó el mandatario salteño.
A través del decreto 295/23 se reglamentó esta norma, sancionada en 2015, cuando Sáenz era senador provincial, y que crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante o se encuentren en lista de espera.
La ley, que tiene 15 artículos, beneficia alrededor de 1.500 salteños, ya que en este momento hay 1.005 pacientes trasplantados y 300 en lista de espera.
La norma determina que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública de Salta y dispone la cobertura integral de salud por parte del Instituto Provincial de Salud (IPS), la obra social local.
Además, establece la provisión al 100% de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención, o a través de otro medio que disponga el Estado, si el paciente no contara con obra social.
También dispone que el Estado debe proveer asistencia psicológica o psiquiátrica, tanto a las personas en lista de espera, como a trasplantadas y sus familiares directos; garantiza el uso gratuito del transporte público de jurisdicción provincial para el traslado por motivos de salud y el acceso a cupos de viviendas adaptadas a sus necesidades.
Prevé, además, el uso de licencias de salud para el caso de empleados estatales o deducciones impositivas para empleadores privados que contraten a personas trasplantadas, además de fomentar la promoción de programas de empleo, capacitación y su inserción laboral.
Finalmente, la ley establece que el Ministerio de Educación incorpore contenidos pedagógicos relacionados con la donación y trasplante de órganos y tejidos, además de implementar un régimen diferenciado de becas a estudiantes trasplantados.




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