Hoy se anuncian los nuevos requisitos para la construcción de torres en los barrios donde el gobierno había decidido suspender la entrega de permisos de obra en los últimos 90 días. La obligatoriedad de presentar un estudio ambiental incluso para edificios de menos de 10.000 metros cuadrados y un certificado de empresas de servicios públicos que confirmen que no se saturará la infraestructura de la zona son los más importantes. Los constructores aseguran que en la práctica las trabas continuarán.
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El anuncio se realizará a las 17, en presencia de vecinos, constructores y desarrolladores inmobiliarios que fueron convocados. Será el mismo día en que finaliza la veda que impedía la entrega de permisos para la construcción de torres en Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez y Coghlan, fijada en 90 días por el Decreto 1.929.
La medida surgió como respuesta a la fuerte polémica que se había desatado en la Ciudad debido a las quejas de vecinos por la gran cantidad de torres que estaban en construcción en los barrios señalados. Las agrupaciones barriales denunciaron el colapso de las redes de servicios ante un inminente incremento poblacional, situación que los empresarios negaron que ocurriera.
La nueva reglamentación que se anunciará hoy implementará mayores restricciones a la hora de encarar un proyecto inmobiliario. Lo más relevante es que se bajará el límite de metros cuadrados exigido para la presentación del estudio de impacto ambiental que hasta ayer sólo era de 10 mil metros cuadrados. Se espera que se requiera dicho estudio cuando el emprendimiento alcance los 5 mil.
Además, las torres tendrán que tener una aprobación por escrito de las empresas de servicios públicos, como agua y luz, para asegurar que la infraestructura no colapse.
Los constructores no quieren aventurar comentarios hasta no escuchar de los propios funcionarios las medidas, pero aseguran que en la práctica las trabas a las construcciones continuarán.
«Sobre el estudio de impacto ambiental creemos que no están bien definidos los parámetros y se trata de un tema tan subjetivo que podría generar nuevos nichos de corrupción», dijo el titular de una importante desarrolladora inmobiliaria. Otro de sus colegasagregó que «también hay un error en pedir a los constructores que soliciten un certificado de una empresa como AySA en vez de que exijan que ésta deje en condiciones el servicio para que el desarrollo urbano no lo afecte».
Por otro lado, en el sector desconfían de lo que pueda pasar en el ámbito judicial. «Puede ser que el gobierno diga que va a dar permisos, pero que cuando se comience a construir una torre, un juez crea que podría afectar el barrio y la frene», aseguran. Ya hay más de 10 amparos que suspendieron obras en los barrios más construidos de la Capital Federal y también denuncias de desarrolladores contra vecinos porque aseguran que difundieron información errónea sobre los proyectos en marcha.
Mientras para los empresarios «el corralito urbano continuará» y hasta el gremio de los obreros de la construcción (UOCRA) se manifestó en contra de las medidas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, enviará a la Legislatura el Plan Urbano Ambiental, la ley marco que terminará de definir luego el Código de Planeamiento que especifica exactamente qué y cómo se puede construir en cada lote de la Ciudad, en el que los constructores confían en mayor medida. Pero este proceso no demoraría menos de un año.
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