Urbani: Provincia consideró "fundamental" que intervenga la Cámara para analizar el fallo

El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, reiteró las críticas contra el fallo por el asesinato de Santiago Urbani y afirmó que los jueces no pueden hablar de dolo indirecto porque "hay una decisión de someter a la víctima".

Además, el funcionario bonaerense reclamó que los magistrados que el último domingo tomaron la polémica medida de diferir la comunicación de las condenas hasta que los acusados sean mayores de edad "le expliquen a la sociedad" la decisión que tomaron.

En declaraciones radiales Casal expresó sus cuestionamientos contra los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez que llevaron adelante el juicio por el asesinato de Santiago Urbani, quienes darán a conocer la condena dentro de un año y modificaron la calificación del hecho al considerarlo "homicidio en ocasión de robo" y no homicidio "agravado" por la "portación ilegal de arma de guerra".

Además, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad provincial manifestó que los jueces "no pueden" considerar que los dos menores que fueron juzgados por el crimen no tuvieron intención de matar.

"No se puede hablar de dolo indirecto, hay una decisión de someter a la víctima", puntualizó en ese sentido. Además, Casal exigió que los magistrados expliquen a la sociedad el fallo que benefició a los jóvenes acusados porque "ya no pueden regirse por la vieja idea de que los magistrados hablan por sus fallos".

"Hablar por las sentencias es una antigüedad. Hoy las comunicaciones son rápidas y directas, y los jueces deberían haber comunicado a la sociedad el fallo. Yo digo a todos los jueces que tengan en cuenta que un fallo tiene impacto en millones de personas. Tienen que explicar claramente a la sociedad", indicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de someter a juicio político a los integrantes del Tribunal de Responsabilidad Juvenil 3 de San Isidro, señaló que hay que esperar el pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Jury de Enjuiciamiento a Magistrados.

El lunes, Julia Rapazzini, la madre de Santiago, asesinado en un asalto a su casa de Tigre en el 2009, dijo que apelará el fallo que difirió la pena a los acusados y les bajó la calificación de los delitos, mientras que confía en que se someta a un juicio político a los jueces que lo dictaron.

"El fallo fue un mamarracho, para nosotros no hay Justicia. El fallo se va a apelar, pero más allá de la apelación confío en que puedan revisar bien la actuación de estos jueces para pedirles el juicio político", expresó. La mujer criticó duramente a los jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro y dijo que con el fallo lograron quebrarla. "Uno pretende conocimiento de derecho para un juez y después que pueda aplicar el sentido común para impartir justicia, no que sea todo en favor de los asesinos; resulta que en cualquier momento pasa a ser el culpable mi hijo", expresó conmocionada.

La madre de la víctima dijo que si bien estaba preparada para que el tribunal postergara el dictado de pena a los asesinos, no lo estaba para que bajara la calificación del delito, de homicidio criminis causa a homicidio en ocasión de robo. "Fue un shock, como estos jueces tratan siempre de favorecer a los delincuentes, nos jugábamos a que iban a diferir la pena, en otras palabras, patear la pelota para adelante, pero no nos imaginábamos que iban a cambiar la calificación del delito", expresó la mujer.

Rapazzini dijo que recién en junio y julio del año próximo los delincuentes cumplirán la mayoría de edad y se les impondrá la pena, "en el mejor de los casos, ya que también los jueces pueden decidir que como fueron al colegio, hicieron tres renglones, dos cuentas y plantaron dos tomates, tienen buen comportamiento y se van a su casa".

La madre de Urbani manifestó que ahora sólo queda apelar y analizar la posibilidad de hacer un juicio político a los jueces, tal como habló con el intendente de Tigre, Sergio Massa. "Massa me aseguró anoche que si los jueces no habían tenido responsabilidad él iba a asumir la responsabilidad", explicó Rapazzini.

No obstante, la mujer dijo que está "quebrada" y que desconfía en "absolutamente todas las instituciones". "Yo no soporto estar más en este país, ya no creo en absolutamente nada... a este país le di 30 años de trabajo, sobre todo en los estratos más bajos, y ya di la vida de mi marido y de mi hijo, ya no puedo más, lograron quebrarme", concluyó.

El domingo, los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez anunciaron que el monto de las penas a los asesinos de Urbani recién se establecerá cuando los condenados - de 17 años-cumplan la mayoría de edad. Además, de manera "unánime", cambiaron la calificación penal de "homicidio criminis causa", castigado con la prisión perpetua, a la de "homicidio en ocasión de robo", que implica penas de entre 10 y 25 años.

El crimen fue cometido la madrugada del 10 de octubre de 2009, cuando Urbani llegaba a su casa de Liniers 1988 de Tigre, en su auto Chevrolet Corsa azul y fue interceptado por cuatro delincuentes. Los asaltantes lo obligaron a entrar a la casa, donde dormían su madre y su hermana Florencia y tras robar algunos objetos lo asesinaron de un escopetazo.