Al menos 20 de los 45 militares detenidos no serían extraditados

Una veintena de los 45 militares requeridos por el juez Garzón está siendo o fue sometida a procesos judiciales en la Argentina; por lo cual quedaría bloqueada la posibilidad de que sean extraditados y juzgados en España. El juez Rodolfo Canicoba Corral enviará hoy a la Cancillería un informe sobre la situación de detenidos, paso previo para que la Justicia española formalice el pedido de extradición antes de 40 días. Pasado ese tiempo, los detenidos quedarían en libertad. El gobierno ya analiza un acercamiento a la Corte, que debe confirmar o rechazar la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, una bisagra para reabrir o cerrar definitivamente la causas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Aprimera hora de hoy, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral notificará a la Cancillería que 43 de los 45 militares y un civil requeridos por el juez Baltasar Garzón se encuentran detenidos. Se trata de un paso previo que actuará como puente entre el gobierno argentino y el español. A partir de ese momento, el juez Garzón tendrá 40 días para enviar el contenido formal del pedido de extradición.

Sin embargo, si el pedido formal de extradición no se produce dentro de este plazo, el juez podrá disponer el archivo de la causa y automáticamente las personas quedarán en libertad.

De todas formas, y según explicó Canicoba Corral anoche a este diario, tardará meses en determinar si procede o no la extradición de todos, de algunos o de ninguno de los militares. Por caso, hay 20 situaciones procesales de juzgamiento en el país. Es decir, la mitad de los extraditables no podría ser extraditada.

«Se va a trabajar caso por caso. No sé si así el trámite se hará más largo o no, pero es como lo establece la ley», sostuvo el juez.

Para el magistrado, los tiempos para definir si concede o no la extradición dependerán del contenido del pedido que Garzón le envíe. Es decir, que será evaluado si la extradición es por hechos que ya fueron juzgados o no aquí. Se definirá si existe el delito que se invocó, la posible prescripción, si hay «cosa juzgada» y si tiene competencia para actuar en todos los casos.

•Prófugo

«Habrá que verlo, pero, en principio, las causas que tienen radicación en el interior seguirán allí», explicó el juez en referencia al caso de Antonio Domingo Bussi y de Luciano Benjamín Menéndez.

A Canicoba Corral le falta detener al ex capitán de fragata Jorge Rafael Vildoza, alias «Gastón», el único declarado prófugo, que posiblemente se haya escapado con su familia al Paraguay. Anoche se esperaba la presentación del ex teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, quien se encuentra en Misiones y cuyos abogados habrían adelantado la predisposición del militar de acatar la orden judicial.

La mayoría de los detenidos fue alojada en dependencias de las Fuerzas Armadas o de seguridad a las que pertenecían y otros fueron beneficiados con el arresto domiciliario, por enfermedad o por edad avanzada. Tal es el caso del ex presidente Jorge Rafael Videla o el de Emilio Massera, internado en el Hospital Naval.

Siete de los oficiales requeridos se encuentran a disposición de la Justicia en causas en las que se investigan delitos cometidos por violaciones a los derechos humanos y otros dos murieron, como el general Jorge Maradona Jofré y el teniente coronel Mario Caffarena Sese.

Cuando el sábado Canicoba notificó su detención a ocho militares, tuvo que preguntarles, de acuerdo con la ley de extradición, si preferían ser juzgados en el exterior y en todos los casos respondieron que no.

Para ser juzgados en el país, invocando el «principio de territorialidad» todos ellos deberán esperar a que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Un trámite que se encuentra pendiente desde hace más de un año en ese tribunal, y que si ocurre será un giro total sobre la posición anterior de ratificar su legalidad.

•Denegatorias

Aunque hubo varios pedidos de eximición de prisión, Canicoba Corral los denegó, porque para estos casos no procede esa diligencia.

No obstante, el abogado Florencio Varela, representante del general Díaz Bessone, volverá a insistir hoy con el planteo de nulidad de todo lo actuado.

El letrado sostiene que el pedido español es inviable porque no está legitimado. Al respecto mencionó que en materia de extradición existen dos leyes: una ley general y un tratado con España.

«En ambas leyes dice que cuando se rechaza una extradición el Estado requirente -en este caso España-no puede volver a pedir una nueva extradición por la misma causa. Y esto es lo que ocurrió acá, cuando en el año 2001, el mismo juez Garzón envió un pedido de detención y de extradición de 18 militares que le fue rechazado.»

El viernes pasado, Kirchner derogó el decreto firmado por Fernando de la Rúa que rechazaba automáticamente todos los pedidos de extradición sobre militares y reabrió la puerta cerrada en aquella oportunidad.

•Interpretación

Se conjetura que la intención de Kirchner es allanar el camino en la Justicia para juzgarlos aquí. Algo muy complicado y que demandaría meses, sobre todo, porque debería discernirse entre los militares ya procesados, los indultados y los que fueron beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Según la interpretación de Canicoba Corral, la anulación de estas leyes tendría una incidencia indirecta, porque si se derogan, serían juzgados en el país los imputados de terrorismo de Estado y genocidio por Garzón.

La idea que ronda en el Congreso es promover una norma para anular las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y así reabrir todos los juicios contra los militares. En ese caso, todas las extradiciones pedidas desde cualquier país serían rechazadas en virtud de que esos delitos se estarían juzgando en la Argentina.