La Cámara Federal porteña tiene en sus manos una brasa caliente: deberá resolver si corresponde o no extraditar al ex marino Ricardo Cavallo para ser juzgado en la Argentina por los mismos delitos que se le imputan en España (ver nota aparte). El 5 de enero pasado, la Sala II integrada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi (quien tiene un familiar directo que trabaja en la Armada) recibió el recurso de apelación planteado por la defensa del capitán Cavallo contra la resolución del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la ESMA, quien se negó a pedir la inhibitoria de los tribunales españoles y a solicitar la extradición de Cavallo.
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Por esta decisión, el juez Torres tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura (denegación de justicia) que será tratada al término de la feria judicial. No es la primera vez que Oscar Cavallo, apoderado y padre del ex marino preso, intenta que se ejerza la jurisdicción natural en un proceso que se desarrolla en otro país a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes del perdón promulgadas en el gobierno de Raúl Alfonsín.
La Cámara porteña ya había resuelto esa misma línea de acción jurídica a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner y ordenado luego la reapertura de dos megacausas: Primer Cuerpo de Ejército y ESMA, con el propósito de juzgar en el país a todos los militares responsables de violaciones de derechos humanos en la década del setenta.
El recurso de apelación interpuesto por los defensores de Cavallo pone a prueba una vez más a la cámara porteña. Es que en la larga pelea por extraditar al ex marino ya hubo cuestionamientos a sus integrantes producidos por otro tribunal: la Cámara de Casación Penal. Y hasta del fiscal general de Casación, Raúl Pleé. Ambos actores jurídicos habían observado a los tres camaristas en 2004 porque en su momento (cuando el juez español Baltasar Garzón pedía a México el envío de Cavallo) omitieron dar tratamiento y respuesta para trabar la extradición cuando había causales penales que responder aquí en las actuaciones de la ESMA.
• Imputaciones
El escrito de la defensa de Cavallo insiste ante la Cámara porteña con el detalle de la larga lista de imputaciones que obran en el expediente de la megacausa de la ESMA y transcribe el último requerimiento que hizo el juez Torres a la Armada sobre datos filiatorios de más de un centenar de marinos entre los cuales está Ricardo Cavallo. Con esa mención se busca acreditar que existen suficientes argumentos para someter al ex marino a la Justicia criolla y que son los mismos delitos por los cuales se lo está procesando en España.
El caso Cavallo también llegó por la vía administrativa al Ministerio de Defensa. El 14 de diciembre pasado, el apoderado del ex marino presentó una nota dirigida a la ministra Nilda Garré en la que se pedía la participación del gobierno nacional en el asunto dado que el preso aún tiene jerarquía militar. El documento fue recibido por el licenciado Carlos Aguilar, director nacional de Inteligencia Estratégica Militar, en representación de la ministra.
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