Confía el gobierno en que la Corte mantendrá "corralito"

Asolas con Jorge Remes, Eduardo Duhalde despachó en dos oportunidades a lo largo del fin de semana el tema más ardido de su gestión, las relaciones con la Corte que amenaza con soltar el «corralito». El ministro pareció tranquilizar al Presidente con la idea de que mañana ese tribunal dará una señal amistosa hacia el gobierno en el tema San Luis, fruto de las conversaciones secretas mantenidas entre emisarios del gobierno y algunos de los magistrados.

Mañana las partes en conflicto por los fondos de San Luis (la gobernación provincial, el Ministerio de Economía de la Nación) tienen que hacer un nuevo esfuerzo de avenencia en un asunto que hace peligrar más la salida de la crisis y que el gobierno encaró por varias vías:

• Al propio Remes se le atribuye haber establecido una paz armada que puede postergar por 15 días más cualquier pronunciamiento sobre el «corralito». En ese lapso la Corte debería recibir una prueba contundente e irreversible de la voluntad ya manifiesta del gobierno de bajarse del juicio a la Corte. El duhaldismo ha desmovilizado todas las operaciones de acoso legislativo, mediático y de inteligencia sobre el tribunal, algo que además ha facilitado sus relaciones con el menemismo.

• La Corte como respuesta tiene varios caminos. Uno es interceptar las vías de escape del «corralito» con una acordada que le permita además no contradecirse con su primer pronunciamiento. En aquella oportunidad cuando Duhalde había lanzado la guerra frontal contra la Corte, el tribunal desautorizó al «corralito» como una violación al derecho de propiedad. Esta nueva acordada, si prospera la gestión pacificadora del gobierno, ratificaría ese principio en cada reclamo pero reconocería también la imposibilidad de los bancos de devolver efectivamente el dinero. Es decir, descalificar al «corralito» en cuanto a la obligación de los bancos de devolver el dinero efectivamente.

• Esta última cláusula cerraría el drenaje de dinero del sistema bancario en los mismos términos como lo reclamó en su momento la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) en advertencia preparada técnicamente por otro de los emisarios del gobierno en esta negociación. Se trata de Alberto García Lema, asesor del gobierno desde la era Rodríguez Saá, para quien imaginó la receta de convocar a elecciones con ley de lemas para la primera salida institucional post De la Rúa. Hoy aconseja en algunas manualidades jurídicas a Jorge Vanossi y ha participado para el gobierno y también los bancos en conversaciones pacificadoras con la Corte.

• El propio Vanossi participó de esta fórmula pero no a través de una acordada negociada con la Corte sino de un decreto de necesidad y urgencia firmado por Duhalde. El sábado los legisladores presentes en Olivos le restaron chance legislativa y jurídica a ese expediente. Nadie va a votar, le dijeron al Presidente, una ley volteando el corralito, y ningún juez va a admitir un decreto de necesidad y urgencia con el mismo contenido. Por eso las gestiones de Remes y García Lema se redoblaron sobre la Corte las gestiones hasta alcanzar el optimismo que mostraron ante el problema cuando anoche le dieron el último informe al Presidente.