Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal Carlos Stornelli evalúa si abre investigación

Fuentes judiciales consultadas consideraron que los pedidos de allanamientos a periodistas y medios de comunicación son inviables y contrarios a principios constitucionales.

El Gobierno logró un bozal legal sobre los audios de Karina Milei.

El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir o no la investigación originada en una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La denuncia fue interpuesta ayer por la ministra Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional en la que, además, pidió entre otras medidas el allanamiento de periodistas y medios de comunicación por la difusión de grabaciones efectuadas a la hermana del presidente.

Stornelli ahora debe decidir si impulsa la presentación de Bullrich que sostuvo que los hechos denunciados "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional", en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.

Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.

Entre las medidas, la ministra Bullrich pidió insólitamente que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina Milei. Y que se dispongan allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.

La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión, y que constituye un acto de censura previa.

Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios. El Ministerio de Seguridad consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones.

El juez Maraniello tiene numerosas denuncias en su contra tramitando ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y laboral y maltrato a empleados de su juzgado.