Elecciones actualizan traspaso de Justicia

Cristina Kirchner

El Poder Judicial porteño tiene seis años de antigüedad,y una estructura raquítica: 43 juzgados, un Presupuesto de 106 millones de pesos y una fuerte planta de empleados: 1.200.

Si la Ciudad de Buenos Aires ejerciera la autonomía que declama, esa cabeza del Estado debería, cuando menos, tener entre 250 y 300 juzgados. El problema se llama «ley Cafiero», una norma que pone límites a la autonomía de la Ciudad, entre ellos, qué tipo de fueros judiciales debe tener el Estado porteño. A diferencia del resto de las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires la Justicia encargada de tratar los delitos comunes es la nacional, que no depende de la Ciudad, sino de la Nación.

La controvertida limitación ha recobrado importancia en la mesa de discusión porque el 14 de noviembre se realizarán las elecciones para renovar bancas en el Consejo de la Magistratura porteño. Unos 37 mil abogados deberán elegir entre seis listas quienes serán sus representantes en ese cuerpo colegiado y en el Jurado de Enjuiciamiento. Son tres bancas (dos para el ganador) y 8 lugares en el jury.

Implicancia

Los comicios resultarán significativos. Implica un paso decisivo para recobrar la autonomía judicial a partir de la designación de nuevos magistrados. Hasta ahora, la Justicia porteña tiene dos fueros: el Contravencional y de Faltas y el Contencioso Administrativo Tributario. El consejo ha designado 31 jueces contravencionales y 12 tributarios y a los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Si alcanzara la autonomía plenay Nación le reconociera su independencia, entonces la Ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de nominar entre 250 y 300 jueces (civiles, comerciales, de instrucción, laborales, etc.) que hoy son elegidos por el reformado Consejo de la Magistratura nacional.

De este modo, ese organismo se vería reducido a nombrar sólo a los jueces federales. Se entendería mejor, la reducción de miembros que promovió Cristina Kirchner.

El problema es que los jueces nacionales se resisten a ser traspasados a la órbita local. En rigor,es una cuestión de «chapa», no es lo mismo ser un «juez de la Nación» que un «juez de la Ciudad de Buenos Aires».

«La 'ley Cafiero' restringió la posibilidad de que la Justicia porteña tuviera injerencia en la administración de la justicia. La discusión es si el Estado porteño está interesado en aplicar claramente su autonomía», opinó Santiago Orgambide, cabeza de lista con Carolina Obarrio de la agrupación Justicia, Etica y Libertad que compulsará en los próximos comicios.

Los otros candidatos son: Eugenio Cozzi y Liliana Blassi por Gente de Derecho (la lista de Jorge Rizzo del Colegio Público de Abogados); José Console, María Cristina Klein, Presencia y Acción; Enrique Piragini y Lidia Seimandi, Abogados en Acción; Juan Pablo Mas Vélez y María Van Marrewijk por Afianzar la Justicia; y Alicia Mutilva e Israel Galin por Justicia Independiente.

Además de un gesto, el traspaso de la Justicia requiere de la cesión de jueces y de las partidas presupuestarias para su funcionamiento cuyos montos se acercan a los 800 millones de pesos.

En junio pasado, el Gobierno porteño firmó un convenio con Nación para trasladar a la Justicia local 13 delitos penales que actualmente son tramitados por la Justicia nacional. Pero a falta de jueces se determinó que sean investigados los fiscales y los jueces contravencionales porteños. Estos son: lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, maltrato a los animales y discriminación. Actualmente, en estos casos intervienen los jurados correccionales que dependen de la Nación.