Fiscal español insiste contra extradiciones

Cuando la Cancillería remita el oficio informándole al juez español Baltasar Garzón que el arresto de los militares «se cumplió con éxito» y que debe formalizar el pedido de extradición, encontrará un obstáculo: la fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá a reclamar la extradición de los 45 militares y un civil acusados de violaciones a los derechos humanos.

Afirmará que la Justicia de España no es competente para juzgar a esos militares por hechos cometidos en la Argentina. En eso insistió ayer el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño quien, además, aseguró que si los militares son extraditados a España «se corre el riesgo de que queden en libertad».

Al parecer el apuro de Garzón (muy interesado en obtener un lugar en la Corte Penal Internacional, donde actúa como fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo) no encuentra el mismo eco en el resto de sus colegas, mucho más cuidadosos.

Fungairiño adelantó que cuando el juez Garzón o el magistrado que lo sustituya (mientras él se encuentre de vacaciones) pida informes a las partes vinculadas a la causa para solicitar formalmente la extradición de los detenidos en la Argentina, la fiscalía se opondrá. Esto será cuando la Audiencia Nacional reciba una comunicación oficial de que se produjeron las detenciones.

Según el fiscal en jefe, esta posición también será mantenida por el Tribunal Supremo que ya rechazó la competencia de la jurisdicción española para investigar hechos cometidos en Sudamérica, mientras no hay víctimas españolas. Además, considera que los hechos cometidos tanto en la Argentina como en Chile, no son genocidio, ni terrorismo, delitos cuya persecución es universal.

•Notificación

Precisamente, ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral envió un oficio a la Cancillería para que notifique a la Justicia española sobre las detenciones de los militares pedidos por Garzón.

De esta forma, el juez español quedó a un paso de poder reclamar la extradición de los militares, la gran mayoría de ellos beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Una vez que Garzón sea notificado de las detenciones tendrá un plazo de 40 días para enviar los denominados «recaudos» a la Justicia argentina. Mediante estos exhortos, el magistrado español notificará formalmente que desea continuar adelante con el proceso de extradición, para lo cual deberá enviar mayor cantidad de documentación que amplíe los datos remitidos en un primer momento. Es decir, acusaciones puntuales que le permita discernir al juez si concede o no la extradición.

En la notificación enviada a la Cancillería, Canicoba Corral informó que cuenta con 41 detenidos de los 46 que habían sido requeridos originalmente por Garzón.

En las últimas horas el juez confirmó que dos ex militares que integraban esa lista ya fallecieron, otros dos serán dados por prófugos en breve y un tercero aún no compareció ante el magistrado pero estaría localizado por la Justicia.

Se trata del ex teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, de 73 años, quien viviría en una chacra a 15 kilómetros de la localidad de Andresito, en Misiones.

Quienes sí serán declarados «técnicamente prófugos» son el ex capitán de fragata Jorge Vildoza, alias «Gastón», y el ex teniente coronel Arturo González Naya.

Vildoza, quien tiene pedido de captura en el marco de otras causas por violación de derechos humanos, no aparece desde fines del Proceso, mientras que Naya se encuentra prófugo desde hace varios años. Ayer también se entregó uno de los ex militares que no se habían presentado durante el fin de semana. Se trata del ex general de Brigada Jorge Olivera Róvere, quien tras ser notificado del pedido de arresto en su contra quedó alojado en una dependencia del Ejército.

Canicoba Corral también fue notificado de que quedó detenido a su disposición mediante un oficio del juez federal de Tucumán el ex policía Roberto Albornoz, quien se encuentra internado en un hospital de esa provincia por un cuadro de hipertensión.

Con respecto a la posibilidad de que los militares recuperen la libertad mientras se pone en marcha el proceso de extradición, el juez indicó que es posible que alguno acceda a ese beneficio, ya que el tratado de extradición con España prevé que el magistrado puede concederlo si acredita que el militar se presentará ante la Justicia al momento de ser requerido.

La detención de los militares fue motivo de una cumbre ayer en la Casa Rosada, donde se analizó la situación castrense y es foco de un fuerte debate jurídico donde se discute si es procedente o no la anulación de las leyes de perdón que beneficiaron a cientos de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Y donde, además, se debate si es válido que el Estado argentino permita que los militares sean juzgados afuera de las fronteras territoriales.

Lo cierto es, que a partir de la derogación del decreto de De la Rúa (oficializado ayer en el Boletín Oficial) que rechazaba automáticamente los pedidos de extradición de militares, varios países ya comenzaron a reclamar la extradición de algunos de ellos. A los casos de España, Francia e Italia, se le sumó ayer el Parlamento israelí que aprobó una resolución no vinculante por la que se pide al gobierno que verifique la posibilidad de pedir la extradición a Israel de los militares argentinos.

El debate parlamentario se celebró con motivo de la entrega de un informe especial sobre los desaparecidos judíos en la Argentina durante los gobiernos militares y el desempeño de la Embajada de Israel durante ese período, según comentó Efraim Zadoff, representante en Israel de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina.

El Parlamento creó hace dos años una comisión especial que ha elaborado el informe y que ha recogido testimonios de familiares y víctimas en la Argentina e Israel.

Entre las recomendaciones que se exigen al gobierno de Israel y que fueron aprobadas ayer por el plenario, está el pedir al gobierno argentino abrir todas las tumbas de personas no identificadas y que murieron entre 1976 y 1983.