Francia vuelve a intentar la extradición de Astiz

Mientras la Cámara Federal designa en esta semana al juez que investigará la «causa 450» del Primer Cuerpo de Ejército, la abogada de las monjas francesas desaparecidas Alice Domon y Leonie Duquet adelantó que pedirá una vez más formalmente la detención y extradición del ex marino Alfredo Astiz.

El tema no es menor y podría convertirse en un incidente diplomático. La abogada Sophie Thonon prácticamente acusó al gobierno de Néstor Kirchner de continuar con la política de Fernando de la Rúa a «pesar de las generosas declaraciones» sobre las extradiciones de militares a partir de la derogación del decreto de territorialidad.

La abogada sostuvo que el pedido de extradición nunca llegó a la Justicia, porque «nunca pasó de Cancillería». Precisamente, en ese ámbito existen informes de peso -sustentados en pactos internacionales- que impiden dar curso a un pedido de extradición nuevo basado en el mismo hecho.

• Insistencia

Sin embargo, y pese a las trabas que existen en Cancillería, la abogada de las monjas con el respaldo del gobierno francés insistirá en la extradición del marino condenado en ausencia en ese país a prisión perpetua.

La cuestión tendrá hoy otro aspecto relevante, porque la Corte Suprema de Justicia se apresta a emitir un fallo a favor de la acción penal que los familiares de Dagmar Hagelin están impulsando contra Astiz (ver aparte). Evitará pronunciarse sobre la constitucionalidad o validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero abrirá las puertas para que el ex marino apodado «el Angel de la muerte» pueda ser juzgado si en noviembre o diciembre modifica su criterio sobre la validez de las leyes del perdón.

• Por carriles separados, la Cámara Federal porteña que reabrió la dos megacausas deberá definir qué juez investiga la causa del Primer Cuerpo, que ya tiene en curso el pedido de detención de 38 militares. Lo hará porque la jueza María Servini de Cubría se excusó de intervenir en la investigación.

• Mientras se espera una definición, el fiscal Eduardo Freiler y Federico Delgado buscarán hacerse de las pruebas con las que el juez andaluz Baltasar Garzón fundamentó los pedidos de extradición de los militares (inclusive Astiz) liberados la semana pasada.

• Dos hechos interesantes en la cuestión militar surgida en los últimos día son: el pronunciado interés de los fiscales, el Congreso y el propio gobierno de anular el indulto firmado en 1990 por Carlos Menem. Como fundamentos jurídicos sostienen que Menem no pudo otorgarlos porque la mayoría de los beneficiados no tenían sentencia firme cuando se produjeron. El otro interés es obviamente, político. Once legisladores de distintos partidos quieren anularlo como lo hicieron con las leyes del perdón. Lo quieren hacer el 16 cuando se recuerde «la Noche de los lápices», como se denominó el caso de secuestro y desaparición de ocho estudiantes secundarios. El gobierno de Kirchner, ya envió señales de aprobación a esa gestión.

• La otra cuestión tiene que ver con la Justicia francesa, porque en ese país un juez -del cual no ha trascendido su nombre- está investigando desde hace dos años a varios militares de su país que aportaron información, adoctrinamiento y asesoría a militares argentinos sobre técnicas de represión ilegal traídas de Argelia.

La intención del juez Sergio Torres y de los fiscales -en función de las declaraciones de los ex generales Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy- es pedirle a la Justicia francesa que colabore con las pruebas recolectadas hasta el momento. Hay quienes especulan con la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre los gobiernos de Francia y la Argentina para facilitar que los militares franceses sean convocados aquí a cambió de exportar al ex marino Astiz a Francia.

En los Tribunales de Comodoro Py se daba por hecho un viaje de Torres a España para entrevistarse con Garzón, con una escala posterior en París.

• Otra decisión llamativa fue el hecho de que los defensores oficiales que representan a familiares de desaparecidos en los denominados «juicios por la verdad» deberán asistir a militares imputados en la «megacausa» de la ESMA y del Primer Cuerpo de Ejército. Eso fue lo que resolvió el defensor general de la Nación, Miguel Romero, el viernes pasado.

Según Romero, «no constituye impedimento para ejercer la defensa de la persona y de los derechos en aquellas causas cuyo trámite sea reabierto en virtud de la aplicación de la Ley 25.779», la norma por la que se declaró la nulidad de las llamadas leyes del olvido. Salvo, claro está, que existan intereses contrapuestos.