Juicio de Fernando Baez Sosa: ¿en la antesala de un fallo ejemplar?

Judiciales

La familia de la víctima quiere demostrar que hubo intención de matar. Piden homicidio por alevosía y premeditado ¿de qué se trata?

A un año de la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven que fue brutalmente asesinado por un grupo de rugbiers en la ciudad balnearia de Villa Gesell, el proceso judicial está a punto de comenzar. La fiscalía y la familia de la víctima pidieron que la acusación que se formule en el juicio oral sea la de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, con pena prevista de prisión perpetua. ¿De qué se trata? ¿Podría convertirse en un fallo ejemplar?.

Alevosía significa actuar sobre seguro, sin riesgo. Aprovechar cobardamente la situación de indefensión de la víctima. Está previsto en el inciso 2º del artículo 80 del Código Penal de la Nación. “El concurso premeditado de dos o más personas” implica otra forma de agravar el homicidio, prevista en el inciso 6º y no solo refiere a la pluralidad de agresores sino también al fin común que tienen con su accionar.

En concreto: la acusación sostiene que el grupo de “rugbiers” tomó la decisión de matar a Fernando Báez Sosa y para ello dividieron sus funciones. Unos lo atacaron cuando estaba desprevenido y lo golpearon salvajemente hasta darle una patada en la cabeza que le causó la muerte. El otro grupo de imputados se encargó de evitar que los amigos de la víctima pudieran defenderlo, incluso golpeándolos –la acusación incluye el delito de lesiones leves-. Es importante aclarar que la pena para autores o partícipes necesarios es la misma.

Se descartó de esta manera cualquier alusión a un resultado accidental o no buscado por los agresores y también a la figura de “homicidio en riña”, que tiene una pena sensiblemente menor –máximo de seis años y requiere que haya una pelea, dos bandos. Si bien se mencionó algún empujón o enfrentamiento adentro del boliche, entre el tiempo transcurrido y las posibilidades que tuvieron los agresores una vez en la calle, no parece ser el caso.

Los imputados, por medio de su defensa técnica, tienen que decidir, si optan ser juzgados por el tribunal profesional que corresponda o prefieren someterse a un juicio por jurados. Esta opción aparece, en el régimen procesal de la provincia de Buenos Aires, para los imputados de delitos con penas mayores a quince años de prisión, que serán juzgados por 12 ciudadanos mayores de edad sin ningún tipo de formación judicial ni conocimiento específico de la causa y no deberán dar fundamento a su decisión. Pueden renunciar a este derecho y enfrentar un juicio “técnico”.

Tal como se dijo, la pena prevista en caso de condena es la prisión perpetua. Implica que el penado puede solicitar su libertad condicional recién a los 35 años de condena. Para que se aplique en el juicio por jurados, es necesario que el fallo del jurado sea unánime, que los 12 votantes estén convencidos de la culpabilidad. Si bien es cierto que esta es una buena posibilidad para la defensa, que de plantear la duda en al menos uno de los jurados evitaría la máxima pena, también hay que reconocer que este asesinato generó una indignación y un dolor social inevitablemente acompañado del deseo del máximo castigo para los autores y que el jurado inevitablemente va a estar “contaminado” de preconceptos y, a criterio de la defensa, no podrá ser imparcial.

De cualquier forma, para alcanzar la condena a perpetua que viene reclamando la familia de Fernando Báez Sosa, en el alegato final del juicio oral que se espera que se lleve a cabo este año, la acusación deberá poder acreditar que los agresores tomaron la decisión y tuvieron en todo momento la intención de matar a la víctima.

(*) Abogado penalista del estudio Spoltore-Maurin

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