"La Corte cogobierna", dijo Fayt contra más presiones

Carlos Fayt, el supremo juez y presidente de la Corte, reforzó ayer la decisión de ese Tribunal de rechazar «presiones» que apuren una definición sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dos normas que el gobierno pretende sean declaradas inconstitucionales por la Justicia.

Fayt volvió así a distanciarse del gobierno en un tema cuya insistencia ha generado tensión en las Fuerzas Armadas y hasta mereció que la Iglesia le recomendara al gobierno la prudencia de no volcarse a los extremos de la venganza o la impunidad.

Los ministros que integran el alto tribunal acordaron el martes emitir un fallo sobre las leyes del perdón recién cuando sea designado el juez que reemplazará a Julio Nazareno.

Junto con esa decisión, también resolvieron poner coto a las reiteradas expresiones que provinieron del gobierno -desde el ministro del Interior, Aníbal Fernández, hasta el canciller, Rafael Bielsa-, que le reclamaban premura en el tratamiento de estas leyes cuya declaración de invalidez frenaría la extradición de 45 militares reclamados por el juez español Baltasar Garzón y abriría los juicios locales a cientos de militares, policías y civiles acusados de violaciones de los derechos humanos cometidos durante el Proceso militar desde 1976 hasta 1983.

Días antes, la Corte había resistido los dichos del siempre emotivo presidente Néstor Kirchner, quien se pronunció a favor de juzgar en la Argentina a los acusados de delitos de lesa humanidad, y, en caso de no encontrar respuestas favorables en la Justicia, firmar la extradición de algunos de los hoy detenidos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

• Tiempos

Ayer, Fayt volvió a responderle por elevación al asegurar que el fallo de la Corte sobre las cuestionadas leyes de amnistía sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín será emitido cuando el tribunal complete sus nueve integrantes.

Para que no queden dudas de la posición frente al candente tema, Fayt remarcó que «la Corte considerará el caso en los tiempos que la misma Corte considere necesarios».

Es que en el tribunal coexisten diferentes posiciones sobre las leyes de perdón, sin que ninguna de ellas prevalezca sobre las otras. Algunos serían partidarios de declararlas válidas; otros se inclinarían por su anulación; y otros propondrían que el tema pase primero por la Cámara de Casación Penal (una instancia de apelaciones inferior a la Corte), lo que seguiría demorando una resolución definitiva.

Ayer el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que hay que dejar que cada poder tenga la responsabilidad en el ambiente de su competencia.

«Dejemos que la Corte resuelva y, si se la quiere independiente, dejémosla resolver con independencia y no le digamos cuándo, cómo ni qué resolver.»

Aunque el gobierno cree -inocentemente- que un fallo de la Corte le permitirá cumplir con su palabra de juzgar o extraditar a los militares que fueron amparados por la Obediencia Debida y Punto Final, este trámite no es nada sencillo.

Ni siquiera podría salvar los tiempos reuniendo al Congreso para que declare nulas leyes que ya fueron derogadas en 1998. Y, a decir de expertos juristas, los diputados deben legislar para adelante. Además, retrotraer leyes que fueron votadas por un gobierno constitucional sentaría un precedente peligroso provocando un verdadero caos jurídico.

Esa es, al menos, la opinión de los juristas y hasta del mismo Gil Lavedra: «El Congreso no tiene qué hacer acá, porque los efectos jurídicos de las normas son función de los tribunales y, si se mete, el Congreso sienta un precedente que significa que controle la profesionalidad de las normas que dicta».