Más jueces a favor de apoyar la legalidad de leyes de punto final

Néstor Kirchner podría sufrir una nueva decepción en sus deseos de reabrir el juicio a los militares que fueron exculpados por las leyes de punto final. En el supuesto de que la Corte Suprema resuelva trasladar la cuestión militar a la Cámara de Casación Penal, este cuerpo colegiado está dispuesto a convalidar la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así lo entiende la mayoría de los integrantes, que de este modo respetarían la doctrina que sentó la Corte en las 12 oportunidades en que le tocó fallar sobre la legalidad de estas leyes.

La posibilidad de que sea la Cámara de Casación Penal la que resuelva en esta conflictiva situación -motorizada por el mismo presidente y después activada por el juez español Baltasar Garzón-surgió luego de un paneo de los votos que existen hasta el momento en la Corte Suprema. Es que en ese tribunal coexisten diferentes posturas sobre estas normas de amnistía. Algunos quieren declararlas legítimas, otros se inclinan por anularlas y un número poco mayor está dispuesto a que la Cámara de Casación Penal sea el primer escalón donde se trate el tema antes de que haya un pro nunciamiento definitivo de la Corte.

Pero sucede que ya habría sentada posición en los 13 jueces que integran ese tribunal de casación. Son pocos los que estarían dispuestos a invalidar esas leyes y un gran número el que insiste en que Casación siempre ha sido proclive a acatar la doctrina de la Corte, en este caso, la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Para que no ocurran fallos con distintos criterios según la sala que le toque actuar (como ocurre actualmente en la Cámara Comercial, que no unifica postura sobre la pesificación), se evalúa la posibilidad de llamar a un plenario de jueces para unificar las posiciones. Un trámite que llevaría varios meses, y que obligaría a cada uno de los 13 jueces a fundamentar sobre la validez o ilegalidad de las leyes del perdón. Esto, obviamente, insumiría bastante tiempo, que no es el mismo que los tiempos políticos de Kirchner. Mucho menos son los tiempos del juez Garzón.

Además, los camaristas están convencidos de la legalidad de la Obediencia Debida y del Punto Final (pese a lo que puedan representar) porque fueron sancionadas durante un gobierno constitucional y legitimadas por un Congreso cuyos partidos mayoritarios (justicialismo y radicalismo) votaron a favor y como intento de promover la pacificación nacional entre militares y civiles. Por lo tanto, no son nulas.

•Reproches

El cuestionamiento también alcanza a los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío, a quienes se les reprocha haber causado «este problema de Estado», al dictar la inconstitucionalidad de ambas normas basados en criterios propios y, de cierta forma, desconociendo la jurisprudencia sentada por la Corte a partir de 1987, cuando ese tribunal reconoció su constitucionalidad en la denominada «causa Camps».

Las decisiones de los dos jueces y el intento revisionista de Kirchner han provocado un temor que comenzó con intensidad, pero que se ha ido diluyendo con el correr de los días. En el Congreso ni siquiera sus huestes están dispuestas a pronunciarse por anular las leyes (ver nota aparte). Pareciera que Kirchner no escuchó la maternal recomendación de la combativa Hebe de Bonafini, quien hace poco reconoció que «los militares ya estaban viejos para perseguirlos y que había que ocuparse de los cientos de chicos hambrientos que deambulan por las calles».

Mientras los dislates políticos continúan, en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral sigue el desfile de militares. Ayer, Jorge Rafael Videla, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge «el Tigre» Acosta fueron llevados a Comodoro Py para ser notificados de su arresto preventivo por genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la última dictadura. La partida también estuvo compuesta por los ex jefes militares Héctor Febres, Rubén Franco y Juan Orlando Rolón. Quedó descartado el ex jefe de la Armada Emilio Massera, quien se encuentra internado en grave estado en el Hospital Naval.

Durante la audiencia, los abogados de Videla, Carlos Tavárez y Víctor Guerrero Leconte presentaron un escrito en el que consideraron que «el juez natural» del proceso es Canicoba Corral y no Garzón, quien «no tiene capacidad jurídica fuera del territorio español». Además, consideraron que el pedido de Garzón es «nulo» porque «afecta principios constitucionales y tratados internacionales».