Por qué se habla de Justicia politizada

Basta tomar un caso como ejemplo para dar cuenta de por qué trasciende al exterior permanentemente la sospecha de politización de la Justicia en la Argentina a la que se refirió el general Colin Powell. Tomemos el caso del comisario Rubén Santos. La jueza María Servini de Cubría lo procesó por dos causas originadas en los trágicos acontecimientos del 20 de diciembre último como jefe de la Policía Federal cuando perdieron la vida veintisiete personas. Una caratulada «abuso de autoridad y detenciones indebidas», y la otra «homicidio», por la cual se encuentra detenido. La jueza ya decidió la falta de mérito de Fernando de la Rúa en la primera causa -y admitamos que es un hecho que carece del mismo en casi todos los órdenes de la vida- y también la del ex ministro del Interior Ramón Mestre, no obstante ser ambos firmantes de la declaración de estado de sitio y máximos responsables jerárquicos de la seguridad.

Asimismo la jueza declaró la falta de mérito del único otro detenido por la jornada en que cayó el presidente De la Rúa y responsable directo de la seguridad -el también escasísimamente meritorio- Enrique Mathov, quien quizá recupere en breve la libertad. Esto deja de acuerdo con Servini de Cubría a Rubén Santos como exclusivo responsable de los cinco homicidios y las trece lesiones (seis de ellas graves) ocurridas ese día cerca de Plaza de Mayo, ya que también desprocesó a los restantes policías vinculados al expediente.

Se sabe que De la Rúa declaró desconocer los hechos de sangre que estaban produciéndose aquella jornada bajo sus narices, y Ramón Mestre pareciera haberse retirado al mediodía de la Casa de Gobierno. Como aporte, en cambio, afirmaron haber consultado con gobernadores y miembros del Parlamento antes de declarar el estado de sitio. Pero una exploración en la causa potencia a sospechas lo que hasta aquí se evidencia como paradojas sólo explicables por razones de origen político. En un diálogo que grabó Prefectura aquella fecha apenas pasadas las 14 la jueza Servini ordena a Policía Federal despejar la totalidad de la Plaza, cuando todo el mundo veía por televisión que mujeres y niños sentados en el suelo contemplaban los hechos de violencia de grupos aislados.

• Represión

Se desata entonces la injustificada represión de jinetes con fustas para echar a personas que no representaban ningún peligro. ¿Por qué la misma magistrada que en horas de la mañana se presentó a detener la acción de los policías luego ordenó reprimir sin necesidad? Las ambulancias del SAME tienen prohibido cargar cadáveres, es decir que no pueden transportar personas muertas sino accidentados, descompuestos o heridos, evidentemente por el perjuicio que ocasiona alterar la posición del cuerpo en la investigación de una muerte. Pues está probado que el 20 de diciembre ambulancias del Servicio Municipal cargaron varios cadáveres que llevaron directamente a la morgue de diversos hospitales de la Ciudad. La Policía alega que esto les restó información. ¿Por qué ese grueso cambio en las reglas en una jornada con tantos heridos, fuego y gases?

La jueza tomó como principal prueba de la responsabilidad policial en las muertes la presencia de municiones de plomo en los cuerpos que aunque deformadas podrían corresponder a un calibre que habitualmente usa la repartición. La defensa de los comisarios Santos y Carlos Zoratto -entonces jefe de la Superintendencia de Asuntos Internos-, y también de los otros cuatro suboficiales y oficiales indagados, a cargo de dos abogados de Policía Federal, envió a un civil a comprar munición similar a un comercio de la provincia de Buenos Aires con indicación expresa de que inclusive trajera factura, y así lo hizo. Es de Fabricaciones Militares. Con el tupido robo, alquiler y tráfico de armas que se verifican en la actualidad ¿es prueba incontrovertible de autoría una munición de uso tan generalizado? Y de serlo ¿por qué Zoratto y los restantes policías fueron desvinculados?

Las pericias psicológicas y psiquiátricas efectuadas a Santos indican dificultades serias de personalidad, tales como «inmadurez, inestabilidad, rigidez defensiva y elementos esquizoides», no obstante lo cual los expertos concluyen que «Rubén Santos es una persona con capacidad para comprender hechos y situaciones (...) sin alteraciones en su capacidad de atención, concentración y memoria ni en su juicio crítico (...), mantiene un suficiente ajuste a la realidad y no presenta indicadores de severa patología o desajuste».

¿Por qué entonces la jueza sostuvo públicamente un mes atrás que de acuerdo con estas pericias «Santos podría ser declarado inimputable»? Con inusual reiteración Servini pregunta al ex comisario durante los periódicos interrogatorios «¿quién dio la orden inicial de reprimir el 20 de diciembre?», a lo que Santos sistemáticamente omite responder (al comienzo de la investigación se mencionaba a Leonardo Aiello, secretario privado del ex presidente). ¿No resulta cuanto menos curioso que la misma jueza que por la tarde de aquel día ordenó «despejar la totalidad de la plaza» más allá del vallado formule maníacamente esta pregunta?

Ya al margen de los folios, no se entendería bien por qué Servini de Cubría vedó a Santos todo contacto con la prensa. De su primer lugar de detención, la Policía Montada de Avenida Figueroa Alcorta, fue removido por la jueza «por exceso de visitas», habida cuenta de la cantidad de diputados, senadores, periodistas, funcionarios de embajadas extranjeras, representantes locales de organismos de inteligencia foráneos, más amigos y familiares que lo iban a ver.

• Sin contactos

Instalado en Campo de Mayo cesó todo contacto con excepción de los allegados íntimos. En las oficinas de Gendarmería saben que los periodistas Eduardo Feinman y Bernardo Neustadt entre otros miembros de la prensa han intentado infructuosamente hablar con su huésped, quien ocupa la celda dejada por Emir Yoma.

Finalmente, el viernes 3 de mayo la jueza Servini decidió ante exigencias de la Cámara Federal que supervisa la causa ampliar el procesamiento y la prisión de Santos bajo acusación de homicidio, que en el peor de los escenarios sería culposo y con el tiempo excarcelable, y desafectar a todos los demás involucrados. ¿Por qué? Este giro insólito y estos vericuetos en apariencia insondables tendrían clara explicación política, de acuerdo con los conocedores que trasiegan los pasillos de Tribunales y del Congreso: la magistrada guardaría aspiraciones de ocupar una de las nueve curules de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y habría tejido un entendimiento con la principal diputada que motoriza el juicio político al alto organismo; los casos BGN Puchi Rohm y Santos serían las prendas de negociación requeridas a cambio de apoyo.

También se dice que en el desprocesamiento de los ex funcionarios gubernamentales y el agravamiento del de Santos puede apreciarse con total nitidez la inconfundible mano del líder radical de la actual Alianza de gobierno, quien favorece aunque no simpatice demasiado a sus correligionarios y mantendría antigua y rabiosa inquina con el uniformado. De allí el forzamiento de la causa.

Muchos otros casos judiciales seguramente están tanto o más politizados que éste, pero el popular refrán «para muestra basta un botón» nunca resultó más apropiado. Con sólo trasladarse diez metros, a la celda de su vecino de desgracias Domingo Cavallo, se está ante otro prisionero injustificable, y de mucha mayor repercusión internacional. Su caso es ampliamente conocido, estampó obligado la firma en decretos de venta de armas a países en guerra sin saber del asunto más que cuanto se leía allí, que era muy poco. Su juez lleva fama de parco y malhumorado. Con el hecho en sí y con el subrepticio destino de los fondos producto de la operación, el ex ministro no parece guardar relación alguna. Pero lo insostenible se patentiza en que todos los restantes implicados en la causa están libres. ¿Por qué entonces permanece Cavallo en prisión?, ¿existía peligro de fuga al extranjero? ¿Quién querrá ser funcionario público en un país donde con tanta frecuencia y por motivos tan rebuscados se termina en la cárcel? ¿Quién reprimirá esta anarquía insufrible si siempre los hombres de armas que restablecen el orden acaban en prisión? ¿Dónde están los funcionarios civiles responsables de los desmadres y que imparten las órdenes? Como la toallita femenina, siempre libres. De esta manera es como se enturbian la función pública y la Justicia en la Argentina, en paridad con su ya desprestigiadísima imagen en el exterior, a esta altura irreversible.