Previsible: liberarán a los militares pese a Garzón

En las primeras horas de hoy, la Embajada de España estaría en condiciones de transmitir oficialmente a la administración Kirchner que el gobierno de José María Aznar desistió de pedir la extradición de los 39 militares y un civil detenidos por pedido del juez andaluz Baltasar Garzón.

Quedará así expedito el camino para que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral comience a disponer la libertad de los militares acusados de violaciones de los derechos humanos.

Aun si no llegara la comunicación, el juez deberá dejar en libertad a los acusados porque hoy se vence el plazo de los 40 días de arresto que fijan los tratados para que se envíen los fundamentos del reclamo de extradición.

En las últimas horas fueron ingentes los esfuerzos del mediático juez español Garzón para mantener detenidos a los militares y evitar que la causa se cayera. Inclusive, le envió a Canicoba un escrito en el que le solicita que utilice sus acusaciones como denuncia formal para continuar con la persecución penal. Pero es poco probable que el juez federal dé curso al pedido del juez andaluz. Canicoba tiene definido que no considerará como válido el pedido de prolongar la prisión si no se realiza por «vía diplomática».

«Si lo que llega es que España ha desistido de la extradición, quedan en libertad sin restricción legal y archivado el expediente de extradición, porque éste es un arresto con fines de extradición. Si no hay extradición, no hay juicio y no hay arresto», detalló el juez Canicoba.

Los abogados de los militares creen ver detrás del pedido de Garzón, otra «maniobra política» para mantener la «cuestión militar» en la cima del escenario político-electoral.

Hacen referencia a la inminente decisión de la Cámara Federal porteña de reabrir las causas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército que fueron interrumpidas por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Estas se pondrían en marcha una vez que se publique en el Boletín Oficial la anulación de las leyes del perdón.

Pero, a igual que lo que resolvió el Congreso, se trataría de otro acto simbólico, meramente decorativo que no tendrá mayores consecuencias e incidencias jurídicas, como no los tuvo tampoco los pedidos de extradición de Garzón.

• Inconstitucionalidad

Los abogados de los militares (muchos de los cuales deberán continuar detenidos por otras causas pendientes) están pensando en dejar que se reanude la instrucción y cuando exista una definición acudir a la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Precisamente, ese Tribunal tiene para resolver desde hace dos años un planteo de ilegalidad de ambas leyes. Sobre esta cuestión recién habría una definición en noviembre, fecha en que (teóricamente) el Senado designaría al sucesor de Julio Nazareno y quedaría resuelta la situación del ministro Eduardo Moliné O'Connor. Cuando esto suceda, respetando la mentada «regla de nueve», habrá un fallo que tendrá fuerte impacto político. Porque no es cierto que cuando el Tribunal haya completado su totalidad se pronuncie contra la validez de las leyes del perdón.

«Este es un problema serio. Porque hasta tanto la Corte no resuelva la inconstitucionalidad de las leyes es poco probable que haya una avance concreto», le dijo a este diario el abogado Florencio Varela.

Para graficar la situación, el letrado hizo un parangón con las causas del «corralito» que «no se ejecutaron, ni se ejecutan hasta tanto la Corte no resuelva la cuestión de fondo».

La actitud de Aznar -que no quiere ningún problema ajeno al territorio español, más cuando están próximas las elecciones- dejó en posición adelantada a Kirchner.

Obligado por el apuro de Garzón de someter a juicio a los militares, el Presidente debió montar en escena un acto improvisado que terminó en un verdadero dislate jurídico, que puede ser fácilmente cuestionado en cualquier tribunal internacional.

Comenzó por derogar los decretos de De la Rúa que cerraban las puertas a los pedidos de extradición de militares.

Hizo suyo un proyecto de la diputada de izquierda Patricia Walsh para impulsar en Diputados la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que ya habían sido derogadas en 1998. Walsh tuvo la astucia y la cintura políticas de lograr no sólo que el gobierno y los diputados acompañaran una iniciativa que no tiene validez en ninguna parte del mundo ( las leyes no tienen fuerza retroactiva y los congresos legislan para adelante) sino también lograr el consentimiento del Senado que se pronunció en el mismo sentido, desconociendo que ambas leyes fueron sancionadas durante un gobierno y un Congreso constitucional.

Generó tensión en las Fuerzas Armadas y sumergió a la sociedad en una estéril discusión. El resultado es que todo quedó como antes: ni España quiere juzgar a los militares en su territorio, y menos aún será factible de que sean juzgados aquí. Porque, justamente, los abogados están dispuestos a atacar el barbarismo jurídico que significó la anulación de las leyes y la Corte estaría dispuesta acompañar ese criterio cuando le toque juzgar.