Se empantana kirchner con Corte y Congreso

Como una medida más emocional que reflexiva, Néstor Kirchner se lanzó a rehabilitar el tema contra los militares de los años '70. Tropezó con las extradiciones (un juez se le adelantó en la medida) y, como no encuentra variantes propias para reanudar los juicios en el medio local, le trasladó el sayo a la Corte Suprema. A la misma que quiere cambiar, uno a uno. Hasta la presionó insólitamente con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien exigió, como si no fuera abogado, que el cuerpo resolviera con rapidez el tema (o sea, que declare inconstitucionales las normas de Punto Final y Obediencia Debida). Mayores, pero no tontos, los 8 ministros recordaron ayer -sobre todo, a Fernández y también al emisario, el vice-ministro de Justicia, Abel Fleitas- que la Corte no tiene tiempos y que, además, decisiones tan clave deben reunir a todos los miembros. O sea, hay que esperar a que llegue Eugenio Zaffaroni para juntar 9 miembros si es que éste salva, a través de la política, los impedimentos jurídicos que le niegan el acceso. Bloqueada esta vía, temporalmente, ahora le queda a Kirchner avanzar sobre el Parlamento para que ambas cámaras, más insólitamente aún, anulen las derogadas normas que eximieron a los militares del Proceso. Propuesta más que dudosa, peligrosa, en cuanto al orden jurídico. Sin embargo, aunque la izquierda promete algaradas para el día del tratamiento (tipo aquella que luego culminó con la amnistía de Héctor J. Cámpora en 1973), entre diputados y senadores parece que no habría consenso en esa decisión. Aunque el gobierno, también en este caso, parece interesado en presionar y amedrentar al Congreso a través de sus propios piqueteros en la calle. Pero ni aun con esos instrumentos Kirchner sale de su empantanamiento.

La Corte Suprema de Justicia eludió ayer presiones del gobierno por las leyes del perdón y aseguró que se tomará todo el tiempo necesario para definir la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que de declararse nulas abriría el juicio de cientos de militares acusados de crímenes durante el Proceso militar.

Los ocho miembros del Tribunal se enredaron en una jugosa discusión jurídica sobre estas leyes, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El debate duró cuatro horas y cuarto. No hubo una definición sobre su validez o no (era previsible). Pero sí hubo un acuerdo en que habrá fallo cuando se incorpore a la Corte el noveno juez. Se cree que será en setiembre.

Carlos Fayt -en su función de presidente de la Corte-introdujo una filosa y extensa exposición sobre las leyes de perdón. El veterano ministro instruyó a sus colegas acerca de la «enorme prudencia» con la que se debía abordar el espinoso tema. Sobre todo, por los efectos que una eventual sentencia de inconstitucionalidad, puede provocar en los derechos adquiridos de quienes quedaron exculpados por estas leyes de amnistías.

Los jueces están convencidos de que la anulación de ambas normas significa ingresar en una zona muy delicada y peligrosa para la seguridad jurídica. Después de todo, no se puede anular lo que alguna vez se suscribió. Y, ayer, abundaron los discursos sobre este eje y en los antecedentes que muestran a una Corte Suprema que falló a favor de la constitucionalidad de estas leyes en -al menos-12 oportunidades.

Este criterio, ya adoptado como doctrina por la Corte Suprema, y el hecho de que el Congreso derogó ambas normas en 1998, por lo que, a partir de su promulgación no se aplican más en territorio argentino, también fueron objeto de examen de los ministros.

•Análisis

Qué cambió desde 1987, cuando la Corte emitió el primer fallo a favor de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa Camps, es la tarea que los ocho integrantes de la Corte se llevaron como tarea para analizar en sus casas y en sus despachos.

Por lo pronto, quien tendrá que volver a estudiar el difícil tema es Nicolás Becerra. Hace dos años, el procurador general emitió un dictamen a favor de la inconstitucionalidad de las leyes en una causa de Alfredo Astiz, pero ahora tiene el expediente de otro militar y está obligado a pronunciarse.

Ayer los ministros se conjuraron en que, una vez que Becerra emita su dictamen, la causa circulara entre los jueces y entonces sí habrá un pronunciamiento definitivo.

¿Cuándo será eso?: cuando asuma el nuevo juez. Mientras tanto, cada uno tendrá una opinión formada sobre el tema y un voto más elaborado. Una vez que esté completo el Tribunal -con los nueve miembros-, entonces sí se determinará el día del fallo.

Precisamente, por este punto pasó el acuerdo de ayer. «Respetar la regla de nueve» -tal como señala la historia del tribunal para el tratamiento de los asuntos más sensibles-y dejar para «los asuntos comunes, la regla de cinco».

Esta fue la postura que defendió Juan Carlos Maqueda, sorprendiendo a más de uno. Este magistrado, nuevo en el cuerpo, rompió los pronósticos y apoyó la postura de «aguantar» una definición sobre el tema hasta que el Senado designe al juez que va a ocupar el lugar dejado por Julio Nazareno.

Especulaciones aparte, lo cierto es que lo otra promesa que los jueces se hicieron ayer fue clasificar la reunión como secreto de Estado y no emitir opiniones individuales sobre el controvertido tema ni difundir lo que se discutió.

Solamente se emitió un comunicado de prensa que lleva la firma del Fayt como presidente del Tribunal y en el que se afirma que la Corte «se tomará el tiempo que considere necesario para que todos sus miembros puedan pronunciarse fundadamente y sin ningún tipo de presión en temas tan resonantes para la vida política nacional».

Mientras la Corte se toma su tiempo, desde España los querellantes en la causa que se instruye por los crímenes durante el proceso pidieron al juez Baltasar Garzón que solicite la extradición de 24 de los 44 militares reclamados.

Los informes de la acusación aseguran que los militares detenidos por orden de la Justicia argentina han sido procesados por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo y que la demanda de extradición se ajusta a los tratados de asistencia judicial hispano-argentina en materia penal.