26 de agosto 2003 - 00:00

Temblorosa respuesta del gobierno hacia Irán

La administración Kirchner enfrenta su primer conflicto diplomático serio. La detención en Inglaterra del ex embajador de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, por su presunta responsabilidad en el atentado terrorista a la AMIA, dejó a la Argentina expuesta.

La dureza con la que se pronunció el presidente de Irán, Mohammad Khatami (prometió «acción fuerte»), ameritó sólo una tibia y temblorosa respuesta del gobierno argentino. Explicó que la detención obedecía a una causa judicial y resaltó el empeño por esclarecer el atentado.

«El gobierno argentino lamenta las declaraciones políticas, absolutamente ajenas a la naturaleza judicial de la causa AMIA. Asimismo, resulta poco comprensible la actitud adoptada por el gobierno de Irán de frenar las relaciones económicas y culturales entre los dos países»
, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Descontamos que la nación iraní colaborará con el requerimiento de la Justicia argentina en todo aquello que ayude y esté a su alcance para lograr dichos objetivos»
, remató.

El pronunciamiento devino luego de una intensa jornada en la que se evaluó un cable muy extenso que el canciller Rafael Bielsa recibió del encargado de negocios en la capital iraní, Ernesto Alvarez, con un detalle sobre las repercusiones que tuvo la detención del ex embajador iraní.

El gobierno, en boca de su ministro del Interior, Aníbal Fernández, había adelantado que no se debía mezclar una decisión judicial con la cuestión diplomática.

«Es la expresión de la Justicia a un ciudadano iraní y no de un país a otro»
, dijo Fernández en un comentario que sonó similar al que alguna vez expresó el ex canciller Carlos Ruckauf y que fue, entonces, muy criticado.

Sin embargo, los familiares de las víctimas de la AMIA pidieron que el gobierno denuncie las amenazas de Mohammad Khatami ante la OEA.

Válido es subrayar que Kirchner no está parado frente a las comidillas de internas locales y que ésta es su primera crisis diplomática.

Habría que rastrear los antecedentes que hoy ponen a la Argentina frente a un conflicto internacional de dimensiones todavía impredecibles. Se podría señalar cierta falta de cautela del Presidente y su desbordado entusiasmo en el acto del pasado 18 de julio cuando se cumplieron nueve años del atentado (excepto
Fernando de la Rúa, que fue abucheado por los familiares de las víctimas en 2000, ningún otro presidente, ni Carlos Menem, ni Eduardo Duhalde acudieron) y su determinación de declarar la causa AMIA como una «cuestión de Estado». Y luego, sus publicitadas reuniones en Nueva York con representantes de unas 14 organizaciones judías estadounidenses y argentinas, donde se mencionó que en tres oportunidades se le pidió a Irán la entrega de varios sospechosos del atentado a la AMIA. Incluso recibió el pedido del rabino Israel Singer, presidente del Congreso Judío Mundial, de impulsar una ley para declarar ilegales las organizaciones Hamas y Hizbollah, como prueba del respaldo al Estado de Israel.

• Estrategia

El enojo iraní respondería a estas cuestiones y también a una estrategia que ya fue adelantada en marzo de este año, cuando el juez federal Juan José Galeano emitió la primera orden de captura contra cuatro ex funcionarios de ese país.

El Estado iraní -que siempre negó toda participación en el atentado- amenazó entonces con romper las relaciones comerciales y culturales. Se mantuvieron, pero con cierto recelo.

El comercio argentino-iraní viene golpeado desde el momento mismo en que las investigaciones judiciales del atentado pusieron bajo la lupa a funcionarios del Estado iraní.
El cliente fuerte de la Argentina que en 1997 llegó a comprar hasta 650 millones de dólares anuales hoy apenas mantiene vínculos con compras que apenas superan los 400 millones de dólares.

Es cierto que los vaivenes diplomáticos durante la década del '90 afectaron las relaciones comerciales, pero nunca se cortó el flujo de mercancías con ese país. Una relación que el ex subsecretario de Política Exterior
Fernando Petrella llegó a calificar de «correcta y constructiva en lo comercial, pero crítica en lo político».

Es que el gobierno de
Menem sostuvo siempre que existían sospechas de que Irán podría estar ligado al atentado, pero también se admitió que no había pruebas que llevaran a una ruptura de relaciones. Incluso Carlos Corach se animó a desafiar a Teherán con una amenaza de romper relaciones.

En este desencuentro diplomático habría que considerar, además, que la investigación impulsada por el juez
Galeano no es de las mejores y que está plagada de vicios.

A nueve años del atentado, todavía no existen certezas de los responsables del ataque. Los autores no están identificados y sólo se hace hincapié en una cadena de encubrimiento y complicidades. Se habla de una
«conexión local» y de una «conexión internacional», pero no hay aún elementos sólidos que la sostengan.

Salvo los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e Israel, que siempre dijeron que el atentado venía de Irán, son pocas las pruebas que la Justicia tiene para sostener, sin fisuras, que ese país tuvo responsabilidad en el atentado.

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