Túnel del tiempo

No soñó el peronismo jamás que tanto jugueteo por el túnel del tiempo que desencadenó este gobierno -y que sus legisladores apoyaron en el Congreso casi sin chistar- llevaría al calabozo a algunos de sus mitos vivientes. El juez de Mendoza que investiga desapariciones entre 1973 y 1976 bajo el peronismo que reivindica la actual administración dictó la detención de «Isabel» Perón, Italo Luder, Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf y otros ministros que ordenaron «aniquilar» las guerrillas de entonces. Ya piden eximición de prisión. Vienen por ellos.

El Ministerio de Interior tiene una copia del acta del juez federal de Mendoza que ordena la «inmediata detención» de María Estela Martínez de Perón, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf entre algunos ex funcionarios de su gabinete entre 1975 y 1976.

Todos aparecen imputados en una causa donde se investiga la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida dentro del período de un gobierno constitucional derrocado a la postre por las Fuerzas Armadas.

El juez Raúl Acosta dispuso «la detención de los nombrados» y del ex presidente provisional del Senado Italo Luder, para recibirle declaración indagatoria como «presuntos coautores 'prima facie' del delito previsto y penado por el art. 142 bis del Código Penal, en perjuicio de Fagetti Gallego».

Ese artículo establece penas de hasta 15 años de prisión «al que substrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad». Y de prisión o de reclusión perpetua «si resulta la muerte de la persona ofendida».

Es decir, se trata de delitos no excarcelables.

Antonio Cafiero habría presentado el viernes pasado un pedido de eximición de prisión en el juzgado federal mendocino. Lo mismo habría hecho Ruckauf. Por estas horas, el magistrado Acosta analiza si concede ese beneficio a Cafiero de 84 años y a Ruckauf, que tiene fueros como legislador nacional que lo amparan para la detención pero no para un procesamiento.

La inminente detención de «Isabel», Cafiero y Ruckauf fue apagada gracias al fluido contacto que mantiene el gobernador Julio Cobos con el gobierno nacional.

La viuda de Perón y los ex integrantes de su gobierno están sospechados de haber creado los mecanismos para que las Fuerzas Armadas pusieran en práctica la desaparición forzada de personas a través de los decretos 2.770, 71 y 72 de 1975. A través de ellos se crearon el Consejo de Seguridad Interna y el Consejo de Defensa, y se libraron las órdenes para « aniquilar la acción de todos los elementos subversivos en todo el territorio del país».

Ruckauf, que actualmente es diputado, fue ministro de Trabajo cuando gobernaba «Isabel». A ese cargo accedió impulsado por Lorenzo Miguel, por entonces líder de las 62 Organizaciones Peronistas y de la Unión Obrera Metalúrgica. Ruckauf era abogado especializado en Derecho Laboral, que se desempeñaba en el Sindicato del Seguro.

En tanto que Cafiero fue ministro de Economía, en reemplazo de Celestino Rodrigo, obviamente proyectado por su militancia desde la década del 50.

Tres actores

En su resolución, el juez Acosta advierte que en la desaparición de Fagetti Gallego «actuaron al menos tres actores» que están siendo investigados en las causas de desaparecidos posteriores al golpe militar, con idéntica metodología.

Según el magistrado, esa particularidad levanta la sospecha de la existencia de « autores mediatos intelectuales», que pudieran haber dado lugar a la desaparición forzada del militante mendocino. «Es por ello que corresponde ampliar la plataforma fáctica subjetiva en las personas de quienes dictaron los decretos de mención y en especial el Decreto 2.772/75 del PEN», apuntó el magistrado.

Quienes defienden a Cafiero-Ruckauf han puesto atención al término «autores mediatos» que implica un dominio de la acción que ni Cafiero ni Ruckauf tenían, porque desde febrero de 1976 ya no eran integrantes del Ejecutivo.

Al respecto, remarcan que Fagetti Gallego fue detenido y liberado virtualmente entre los días 25 de febrero y 10 de marzo de 1976.

Algo similar tiene pensado plantear la defensa de «Isabel», quien hoy tiene 75 años y reside en España. Afirman que la viuda de Perón, cuando se firmaron esos decretos, estaba en uso de licencia y al frente del PEN estaba Luder, entonces jefe del Senado.