La guerra contra la Corte Suprema tuvo su segundo episodio ayer en la comisión de Juicio Político de Diputados. Durante la jornada, legisladores del oficialismo, la oposición, asociaciones civiles y un puñado de particulares ratificaron las denuncias contra el cuerpo que preside Horacio Rosatti y el camino quedó liberado para una fecha clave desde lo simbólico para el Frente de Todos y que será el jueves próximo, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos en cuestión para iniciar los procedimientos de recolección de documentación y citación de testigos, entre otras cosas.
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Juicio político a la Corte Suprema: ratificaron solicitudes y el 9-2 será día clave para votar admisibilidad
Legisladores del oficialismo, la oposición y particulares argumentaron las solicitudes realizadas en los últimos años contra el cuerpo que preside Horacio Rosatti, quien recibió fuertes acusaciones. Se dilata agenda de extraordinarias y hay mal clima de cara al período ordinario a iniciarse en marzo.

Para dicha instancia, el oficialismo cuenta con la mayoría en la comisión que comanda la diputada kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos). No obstante, y tal como contó Ámbito desde que comenzaron las presiones para activar el juicio político contra la Corte Suprema, poco avanzará en el Congreso ya que, para dar luz verde a la acusación, lo que se dictamine necesitará dos tercios en el recinto de la Cámara baja. Es decir, algo imposible. De allí el objetivo del Frente de Todos de desgastar aunque sea a los magistrados supremos, a costa de dinamitar la agenda de sesiones extraordinarias e, incluso, poner el riesgo el período ordinario, que comenzará el 1 de marzo y que será abierto por el propio Alberto Fernández.
Durante la reunión de ayer, una de las voces del kirchnerismo fue la de Eduardo Valdés, quien acusó a los jueces de violar la Constitución y no tener “idoneidad” debido a la sentencia sobre coparticipación -fallo a favor de la Ciudad-; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social. Sobre la primera cuestión, el legislador aseguró: “Es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que se presentaron como amicus curiae del tribunal”.
Valdés luego preguntó: “¿Por qué no escuchó a los gobernadores?” Acto seguido, esbozó que la verdadera explicación sería la relación entre Rosatti y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que se habría vehiculizado a través de un colaborador de la Corte y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación.
También se prestó atención a la vieja disputa de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Desde dicho espacio, la diputada Paula Oliveto manifestó que el pedido de juicio político “pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió”, y agregó que “en ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano”, para después destacar el “respeto” de sus compañeros de otros bloques que conforman Juntos por el Cambio. Por último, dijo que la solicitud “no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión”.
Otro tramo importante de la reunión de ayer se dio cuando Patricia Isasa, exdetenida y torturada por la dictadura militar, quiso advertir sin éxito a Rosatti, durante su época de intendente de la ciudad santafecina de Rosario, que tenía como empleado al represor Eduardo Ramos.
En la jornada también disertó la integrante de Madres de Plaza de Mayo -línea fundadora- Nora Cortiñas, quien señaló que los jueces de la Corte “han hecho mucho daño” y que “es el momento oportuno de iniciar este juicio político que no sólo es admisible, sino que llega muy tarde”.
Postura
Tras la reunión, el jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez, expresó: “Nos decían que esto era una avanzada que no contemplaba otras cosas que no sea una especie de capricho del oficialismo y hoy -en referencia a ayer-, con las propias palabras de la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, quedó claro que estamos haciendo uso de un instrumento reglado por la propia Constitución Nacional”.
Martínez además aseveró que desde la oposición “marcaban que nosotros estábamos queriendo avanzar sobre la Corte por el contenido de las sentencias y también quedó claro que estamos hablando no solamente del mal desempeño sino también de los posibles delitos en ejercicio de las funciones”, y finalizó: “Esperemos que el jueves de la semana que viene podamos efectivamente avanzar en lo previsto por la comisión que habla de admisibilidad”.
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