Julio Raffo: “El proyecto que hay para el cine es de prejuiciosos e ignorantes”

“Ahora quieren que el Congreso dicte otra ley en un año, es un disparate”, cuestionó el escritor.

Julio Raffo. El intelectual y hombre de leyes también dirigió un documental en 2005 sobre la cárcel de Caseros.

Autor de más de 20 libros y una película (“Caseros, en la cárcel”, 2005), palabra mayor en Filosofía del Derecho y Legislación Cinematográfica, el doctor Julio Raffo ha sido rector de la Universidad de Lomas de Zamora designado por el presidente Perón, legislador de la Ciudad, diputado nacional, funcionario del ex Comfer, director del ISER, sigue activo como docente, hace poco presentó su meduloso libro “Historia de la protección y el fomento del cine argentino” (desde el general Uriburu en adelante) y en marzo presentará “Viaje por dentro del Quijote”, meditaciones a partir del héroe de Cervantes. “Es que descanso leyendo y escribiendo”, responde a quien se admira de tanta actividad.

En estos días de zozobra para la cultura, con tantas marchas y contramarchas por parte del Ejecutivo en su “ley ómnibus” (el pasado fin de semana hubo un aparente retroceso en las decisiones de cerrar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro, aunque persiste la indefinición en el INCAA), la voz de Raffo es una de las más autorizadas para hablar sobre el asunto.

”Hay quienes pretenden incluir en el Proyecto una disposición según la cual el Congreso debe dictar una nueva ley de cine en el plazo de un año, lo cual es un disparate mayúsculo o un engañabobos, porque el Congreso no puede imponerse obligaciones a sí mismo, y ¿cuál es la sanción que le correspondería al Congreso en caso de incumplimiento? Obviamente ninguna”, dice a este diario. Y agrega: “No existe una obligación si no se prevé una sanción para quien no cumple”.

Dialogamos con él:

Periodista: Usted, que fue uno de los autores de la Ley de Cine de 1994, todavía vigente, ¿qué piensa del actual proyecto?

Julio Raffo: Ese proyecto no fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso, así que todavía hay tiempo para analizarlo y luego utilizar la fuerza del atacante para darlo vuelta, como en el yudo. No es bueno embestir a lo toro, con los ojos cerrados. Nuestra mejor defensa será insistir en nuestro propio proyecto de reforma de la ley, que desde el año pasado cuenta con el apoyo de casi todos los partidos y diez gobernadores. Lo que el gobierno presentó solo demuestra ignorancia, prejuicio y mala leche, es improvisado y está mal escrito. Tiene cosas inadmisibles, también otras discutibles, o inocuas.

P.: Vayamos por partes.

J.R.: “La clave en la vida es saber distinguir”, decían en “La zarzuela de la paloma”. Que deroguen los noticieros en el cine no me afecta: ¡“Sucesos Argentinos” desapareció hace 40 años! Lo mismo, que se elimine la obligación de procesar y subtitular aquí las copias de películas extranjeras. Eso tenía incidencia cuando las copias eran en fílmico. Hoy las distribuidoras las mandan a las salas por sistema satelital, o en discos. Eso es inocuo.

P.: ¿Y discutible?

J.R.: Cuando se usa el concepto de “persona física”, algo que el Código Civil borró hace diez años, o se establece que, para que un film sea reconocido como nacional, el director debe ser argentino o naturalizado. Con ese concepto, Buñuel no hubiera hecho películas mexicanas, ni Babenco películas brasileñas. Aquí muchos extranjeros enriquecieron nuestro cine. ¡Lautaro Murúa era chileno! Esa es una discriminación ilegal, inconstitucional y dolorosa, pero puede corregirse. También se exige un tope del 25% del presupuesto para administración y sueldos del INCAA. Cierto que cuando nació el Instituto el tope era de 10%, y funcionaba. El general Onganía lo aumentó a 18%, y funcionaba. Eso se puede discutir, siempre que sean respetados los derechos de los trabajadores. Además hoy todo es más complejo.

P.: ¿Pero el INCAA no puede reducir sus gastos?

J.R.: En 2002 un decreto de Duhalde y Lavagna invitaba al Instituto y otros organismos públicos a reducir sus gastos y encontrar posibles ahorros. No sé si todos lo hicieron. En muchos aspectos somos “víctimas de la depravada naturaleza nuestra”, como decía Cervantes. Pero el INCAA ha sido eficaz en la lucha por la existencia del cine nacional. Eso siempre puede mejorarse. En todo caso, conviene enfatizar en el valor de ese decreto de 2002.

P.: ¿Y que sería lo inadmisible?

J.R.: Empecemos. Hoy los miembros del Consejo Asesor son puestos por representantes de cada provincia y de entidades de cine para controlar a las autoridades del INCAA. El proyecto quiere que el mismo conductor del INCAA elija a quienes deben controlarlo. Además, quita la ayuda social a quienes de diversa forma trabajan en el cine, ayuda que resultó una salvación durante la pandemia. También pretende anular la cuota de pantalla, recurso casi universal con el que se protege el acceso de las películas nacionales al mercado. Todos los países que quieren tener un cine propio establecen una cuota de pantalla. ¡La Unión Europea la establece hasta para las plataformas, y varios países hacen lo mismo! Además es una defensa frente al dumping de Hollywood, que vende en el extranjero sus productos a menos del costo, para dominar el mercado, total ya vienen amortizados. Por eso, entre otras razones, todos los países que quieren tener cine propio lo cuidan y subsidian. Ahora, hay algo que los liberales prefieren hacerse los desentendidos: ¡la agricultura de EE.UU. está subsidiada! Es decir, cada país cuida su parte débil. Otra, dispone el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés que otorguen los bancos, cuando en todo el mundo los organismos oficiales de cine ayudan a los productores con tasas menores. Si no, ¿qué ayuda sería esa? También pretende que una empresa pueda acceder a un subsidio solo cada dos años.

P.: Falta de conocimiento.

J. R.: Eso demuestra la ignorancia total y completa de los autores de este proyecto. ¡La lógica de una empresa productora exige continuidad! No puede hacer algo solo cada dos años. Peor aún, la quita de los recursos provenientes de la televisión, el cable y otros medios que difunden películas, algo establecido por Menem y Cavallo, que según entiendo no eran precisamente socialistas ni trotskistas. El 80% de la maquinaria del INCAA funciona gracias a esos recursos, pero el nuevo proyecto quiere que se maneje solo con el aporte de las entradas a las salas de cine, apenas un 10% de cada entrada. Se pretende que el INCAA pueda fomentar nuestro cine, y la escuela de cine, con solo el 10% de cada entrada a una sala. ¿Ignorancia o mala leche? Como esos, hay varios otros aspectos más que discutibles, inadmisibles, que afectan la existencia del cine nacional y abren la puerta a producciones extranjeras que, curiosamente, ¡tendrían acceso a los subsidios nacionales! En síntesis, frente a ese proyecto debemos redoblar la defensa de nuestro cine, porque no solo significa trabajo local y prestigio internacional, sino que es una de nuestras señas identitarias. Eso es fundamental. Hoy la estrategia se centra en salvar del peligro a nuestro cine. La táctica será meterse por los vericuetos de la política y la legislación (siempre hay que ver el conjunto de leyes, la Constitución, el Código Civil, etcétera, no solo la Ley de Cine).