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La crisis en la Amazonia abre el debate sobre cómo proteger espacios vitales

Los expertos coinciden en que los Estados deben ser garantes de la conservación a través de un subsidio internacional.

París - Los incendios y la deforestación en la Amazonía, tema de una cumbre que reunirá hoy a seis países latinoamericanos en Colombia, plantean una vez más la cuestión de la protección de los espacios considerados “vitales” para la humanidad.

“5 de agosto de 2025: el presidente estadounidense Gavin Newsom, apoyado por una coalición de países, anunció haber dado a Brasil una semana para detener la deforestación de la Amazonía. Caso contrario, ordenará un bloqueo naval y ataques aéreos”.

Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales en la Harvard Kennedy School, reconoce que este escenario ficticio, que escribió recientemente para la revista Foreign Policy, es “descabellado”, pero, según él, tiene el mérito de plantear una pregunta esencial: “¿Hasta dónde se puede ir para evitar daños ambientales irreversibles?

Walt precisa que no recomienda una intervención militar, pero explica que la “ONU estima desde hace un tiempo que los daños causados al medioambiente son una amenaza para la paz y a la seguridad internacional”, una condición que autoriza “usar la fuerza” según el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas.

El expresidente ruso Mijaíl Gorbachov había evocado un día la idea de crear un Consejo de Seguridad Ecológica en la ONU, con el envío de cascos verdes. Pero quedó en letra muerta.

“Cada vez es más evidente que existe un vínculo entre el medio ambiente y la paz”, apunta Yann Aguila, presidente del Comité de Medio Ambiente del Club de juristas de Francia.

“¿No ganó Al Gore el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el calentamiento global?, dice el abogado del bufete parisino Bredin Prat, para quien “la soberanía es como la propiedad, se termina donde empieza la de los demás”.

El presidente francés Emmanuel Macron siguió esta misma línea cuando tachó a los incendios en la Amazonía de “crisis internacional”.

Pero “la presión de los países occidentales puede ser contraproducente”, advirtió en entrevista Lucien Chabason, asesor de la dirección del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), un instituto de investigación independiente con sede en París.

La fuerte reacción del presidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, quien denunció la “mentalidad colonialista” de Macron, fue un recordatorio de la sensibilidad del tema.

Por eso, el IDDRI favorece el establecimiento de convenciones regionales de protección “que permitan la participación de los países interesados, haciéndolos solidarios entre sí”, señala Chabason.

Estos acuerdos han demostrado su eficacia, como el Convenio para la protección del Rin (1999, cinco Estados más la UE), que ha hecho posible nadar en muchas partes del río en la actualidad.

Convenciones regionales similares podrían ser útiles en el caso amazónico, cree Michel Prieur, presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado, que cita el Pacto Amazónico de 1978.

“Este pacto puede ser suficiente, pero sólo si se utiliza. No va a haber una nueva convención internacional de un día para el otro. Hay que utilizar lo que ya existe”, dice este profesor emérito.

El establecimiento de nuevos mecanismos es, en efecto, un desafío, como la creación de “espacios vitales para la humanidad”.

“Esto plantea el problema de la gobernanza, de la gestión y la responsabilidad de cada Estado en la gestión y la protección de estos espacios comunes”, advierte Martina Torre-Schaub, especialista en derecho ambiental de la universidad parisina Panthéon-Sorbonne.

También es difícil el reconocimiento de los “ecocidios”, según Torre-Schaub, porque “implicaría la identificación de un responsable”. “Sin embargo, a menudo, estos actos se extienden en el tiempo, son difíciles de identificar y no hay un solo culpable o persona responsable”, enfatiza.

Este concepto es improbable que surja porque tiene un efecto bumerán: los occidentales “podrían ser procesados” si el ecocidio es imprescriptible -como el crimen contra la humanidad- por el daño que alguna vez causaron a su medioambiente, advierte Chabason.

En lugar de la coacción, la solución podría basarse en la incitación. “A los Estados que gestionan de manera sostenible territorios sensibles se les podría pagar para que los preserven en beneficio de la humanidad”, dice Stephen Walt.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa había propuesto en 2007 no explotar el parque Yasuní, con sus grandes reservas de crudo, a cambio de fondos equivalentes al valor de este recurso. Pero esta propuesta fracasó y el permiso de explotación se concedió en 2013.

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