En un día caliente con la Corte Suprema como protagonista por sus fallos, la comisión de Juicio Político de Diputados continuó ayer con el proceso en su contra aunque obtuvo, con la reaparición del exadministrador del tribunal Daniel Marchi, más declaraciones explosivas sobre desmanejos en la obra social de los judiciales. El removido funcionario habló de “corrupción”, de festival de contratos por fallos empujados desde el máximo órgano de Justicia y millonarios fondos que incluso le debe el Consejo de la Magistratura, es decir, entre entidades que ahora preside Horacio Rosatti, lo que genera una situación más que conflictiva. Al final de la jornada, el titular del bloque FdT Germán Martínez, no descartó ampliar las causales del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, al afirmar que su espacio político “se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer” ante la decisión del tribunal de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan.
Juicio a la Corte: Marchi sugirió “corrupción” en obra social y deslizó festival de contratos por beneficio a Rosatti
En su segundo capítulo buscó apuntar directo a presidente de la Corte Suprema y vincularlo con irregularidades de su cuarto informe. Reeditó denuncias y sugirió canjes y encubrimiento sobre su principal colaborador.
-
El cómputo de los intereses en los supuestos de repetición de impuestos
-
El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz sufrió un accidente mientras paseaba en bicicleta
Marchi fue testigo a fines de abril en la comisión que comanda la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos). Durante aquella visita, los diputados tuvieron acceso completo a toda la información que proporcionó el exadministrador con pocas horas de antelación y quedaron en citar de nuevo, situación que se consumó ayer. La mecánica se repitió: hubo una lectura de parte del invitado y luego consultas que primero realizó la oposición, a través de la Coalición Cívica, por el proceso que el espacio referenciado en Elisa Carrió lleva contra el juez Ricardo Lorenzetti, con quien Marchi se referencia. Sobre el final, salvo algunas interrupciones, preguntó el Frente de Todos.
Durante la lectura de un escrito -que juró ser de su puño y letra-, el exadministrador de la Corte dejó claro que, en la obra social, la “falta contabilidad general no genera certezas” y que la “información se puede perder al día siguiente”, lo que liberaba el camino para un “escenario perfecto de hechos de corrupción”. La frase rebotó en el jefe del kirchnerismo, Germán Martínez, que volvió a realizar una consulta sobre el tema. Marchi no dudó y remarcó: “Sin contabilidad integrada y con informalidad, la corrupción está asegurada”. De hecho, el funcionario deslizó que la obra social tiene un excedente de $80.000 millones, algo “atractivo para cualquier grupo”.
El dinero y los flujos de caja también fueron parte de la discusión de ayer. Por caso, Marchi indicó que la Corte tiene un -ya conocido- fondo anticíclico de $150.000 millones. Lo que resultó curioso fue la cifra de $100.000 millones que calculó que le debe el Consejo de la Magistratura al máximo tribunal de Justicia. En relación con este tema, manifestó que nunca fue consultado sobre el evidente problema que significaba la presidencia de Rosatti en los órganos deudor y acreedor. Mismo caso asimiló en cuanto al guiño sobre coparticipación -también estudiado por la comisión-, que haría perder a la Corte unos $10.000 millones “a valores actuales”.
Otras definiciones importantes de Marchi apuntaron a que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, en referencia a “dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”. También resaltó que “jamás” va a perder la dignidad; que nunca quiso “encubrir” al actual titular del directorio de la obra social, Mariano Althabe. Sobre este punto, y en una acusación directa enfatizó que Rosatti le dijo que si por sus informes sobre el estado de situación “corría peligro Althabe, yo me iba primero”, lo que se traducía en un despido. No sólo eso: fue más allá y denunció que le sugirió “destruir parte del legajo con la propuesta de Althabe”, que había surgido de la vocalía de Rosatti. En ese mismo momento, la Corte estaba firmando una resolución en la que le denegaba el pedido de licencia por 180 días con goce de haberes, le otorgaba 10 días libres, le negaba un pase en comisión al Consejo de la Magistratura (donde iba a recalar junto al consejero juez Alberto Lugones), y finalmente ratificaba su pase a la Cámara de la Seguridad Social. Todo ocurrió mientras declaraba.
Hizo un repaso por todas sus denuncias, resumió la declaración ante el juez Ariel Lijo y apuntó a toda la serie de presiones para “desacreditarlo”. Según Marchi, “quedó claro” que en el famoso mail que envió el juez Juan Carlos Maqueda, la “responsabilidad total supervisión 2008 hasta agosto 2021 corrió por su cuenta”. Y agregó: “De ahí a noviembre de 2022 se realizaron mis informes, las recomendaciones y a partir de ahí fue Althabe por orden de Rosatti”. Una definición del exadministrador sobre el director de la obra: estimó que la misma perdió cerca de $2.700 millones por no haber hecho colocaciones en plazos fijos de los excedentes. En esta oportunidad, Marchi -que ya había apuntado a Maqueda por su responsabilidad- ahora incluyó a Rosatti e hizo foco en el cuarto tramo de su informe. Y hubo deslinde de responsabilidad respecto al rol que la Corte ahora le quiere achacar. Dijo que él había informado todas las irregularidades.
Para Marchi, el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, es “vocero de los tres ministros -excepto Lorenzetti- y es de una gravedad extrema y representa un posible acto de encubrimiento de parte de quienes lo protegen”. Tampoco olvidó de unirlo a denuncias por amenazas. Dirigiéndose a los integrantes de la comisión, el testigo apuntó los cañones a “denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación”. Esos contratos habían sonado en momentos en los que Casación debía intervenir respecto de una investigación contra Rosatti por presunto enriquecimiento ilícito. La Corte había otorgado lugares al juez Diego Barroetaveña por decisión de superintendencia. Casación apartó al juez a pedido de la defensa. A ese punto se refería Marchi. Vale decir que en la Corte se defienden recordando que se otorgaron contratos también bajo el mismo mecanismo al juez Reinaldo Rodríguez que era el juez que iba contra Rosatti.
La devolución sobre Lorenzetti vino de parte del “lilito” Juan Manuel López: el legislador consultó sobre varias empresas, pymes, mutuales y sociedades. Algunas, oriundas de Rafaela. También sobre una fundación Expoterra muy apegada e interesada en el medio ambiente. Muchas de las respuestas apuntaron al “desconozco” o “no conozco”, salvo casos muy puntuales pero desde un punto de lejanía del testigo. El intercambio se empezó a enmarañar cuando López preguntó sobre licitaciones, intervenciones con la firma de Marchi y movimientos de dinero, entre otras cosas, pero el testigo buscó reafirmar que nunca tuvo “ningún tipo de responsabilidad sobre resoluciones de la obra social”.
Un detalle no menor fue la explicación sobre plazos fijos como única opción de inversión. En ese sentido, el exadministrador confió que hasta un 50% del fondo anticíclico podía pasarse a moneda extranjera, pero que siempre se opuso para no padecer un inconveniente sobre un potencial fallo de la Corte. Misma situación para los bonos y Obligaciones Negociables (ON). El mecanismo con los bancos Ciudad y Nación fue, en resumidas cuentas, elegir la mejor tasa. Cerca del final de su segunda exposición, Marchi expresó que el desplazamiento no le dolió por la falta de comunicación -nadie le avisó-, sino debido a que él mismo le había comentado a Rosatti en su última charla -de 2022- que su intención era convertirse en candidato a gobernador de Santa Fe. “Sabía que me podía retirar, por lo que no había necesidad de enchastre, si no tenía ninguna intención de quedarme atado al cargo”, sostuvo.
La primera expositora fue la jueza federal Martina Forns, quien criticó en duros términos a la obra social “por sentirse abandonada”. En esta línea, contó que su marido contrajo coronavirus en abril de 2021 -dos meses y medio después, murió- y vivió un calvario entre el paseo de centros médicos, la desaparición de la obra social -en realidad, después le cubrió todo- y la falta de comunicación que nunca llegó a tener con Maqueda.
“Todos sabíamos que era el encargado de la obra social y era el único que podía hablar con Aldo Tonón”, aseveró Forns .
- Temas
- Corte Suprema
- Juicio político
Dejá tu comentario